BARCELONA,17/12/2008, elperiodico.com. ANTONIO BAQUERO.-
1. • El tripartito aspira a firmar el viernes con CiU, que aún discrepa, el Pacte Nacional per a la Immigració
2. • La oposición propone restringir la reagrupación familiar, en línea con el Ministerio de Trabajo
Saida T. en el edificio de Terrassa donde vive. Foto: JOAN CORTADELLAS
Aunque ni siquiera es competencia de la Generalitat, el tiempo mínimo de residencia legal necesario para acceder a la nacionalidad española se ha convertido en el mayor obstáculo para el alumbramiento consensuado del Pacte Nacional per a la Immigració, la acción política catalana más audaz adoptada para vertebrar el fenómeno social más importante que está viviendo Catalunya.
El Govern propone que el pacto, una serie de medidas consensuadas con partidos políticos, oenegés y sindicatos, recoja la demanda dirigida al Ejecutivo español para que este --el único competente para hacerlo-- reduzca de 10 a cinco años el tiempo de residencia legal necesario para optar a la nacionalidad. Convergència i Unió se opone a una propuesta que considera inviable por precisar de una reforma constitucional.
Ayer, la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, presentó al conjunto del Govern el documento, que está previsto que se firme el próximo viernes. La incógnita es saber si se firmará con o sin el apoyo de CiU. Desde el Govern se sostiene que un pacto que no esté firmado por la federación nacionalista no sería un pacto nacional. Por su parte, CiU ha expresado su deseo de rubricar el acuerdo sobre un fenómeno que considera vital.
ACERCAMIENTO DE POSICIONES
La divergencia sobre la nacionalidad pervive incluso después de que el Govern y CiU acercaran posiciones en un tema a priori más peliagudo, como es el derecho al voto de los inmigrantes en las municipales. Así, mientras que el tripartito propone que los extranjeros tengan derecho a votar a partir de cinco años de residencia legal, CiU pide que se exija la residencia permanente. En realidad, es lo mismo, pues la residencia permanente solo se obtiene tras cinco años de residencia legal. Eso sí, ambas fuerzas están de acuerdo en el otro requisito: que la Administración emita algún tipo de dictamen sobre la integración del inmigrante.
Por desgracia, ese no es el único obstáculo. La federación nacionalista exige que en el texto se restrinjan las reagrupaciones familiares de los padres de los inmigrantes, mientras que el Govern no acepta incluir esas restricciones. "Catalunya no podría aguantar que cada inmigrante reagrupara a sus dos padres", explicaron fuentes de CiU.
Los nacionalistas exigen además que ninguna de las disposiciones recogidas en el documento final haga mención a dos leyes que actualmente se encuentran en trámite parlamentario: la ley de educación catalana y la ley de centros de culto.
ACTUACIÓN POLÍTICA
El acceso a la nacionalidad española sigue siendo el gran escollo. Para el Govern, conseguir que Catalunya se posicione políticamente sobre este tema no es un simple brindis al sol. "Sabemos que no está dentro de nuestras competencias, pero al incluirlo en el pacto lo que haces es actuar políticamente con la intención de iniciar una dinámica que lleve al Gobierno español a adoptar esta modificación", ha insistido en numerosas ocasiones la consellera Capdevila.
Desde su departamento se pone sobre la mesa la discriminación que existe entre los inmigrantes latinoamericanos y filipinos, que pueden optar a la nacionalidad con solo dos años de residencia legal, y el resto, que tiene que esperar 10 años. En la práctica, muchos de estos extranjeros llegan a aguardar hasta 15 o 18 años para conseguir la nacionalidad.
Además, en otros puntos del pacto, el Govern ya se posicionaba para proponer el acceso de los inmigrantes al funcionariado y a las fuerzas de seguridad, algo legalmente imposible sin contar con la nacionalidad. Según Capdevila, el Govern pretende que "aquellos que cumplen con todas las obligaciones ciudadanas puedan disfrutar también de todos los derechos, entre ellos los de participación que da la nacionalidad". Además, sustenta su propuesta en que en varios países europeos el plazo ya es de cinco años.
La realidad hoy es que hay un 15% de la población de Catalunya que, al no disponer de la nacionalidad española, no puede ser ni mosso, ni profesor en la escuela pública, ni funcionario. Aparte de esa evidente discriminación, esas limitaciones también generan problemas a las propias instituciones, muchas de ellas, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra, deseosas de disponer de inmigrantes.
Así, la presencia de agentes de origen marroquí o latino es fundamental para conocer colectivos cerrados y luchar contra las redes islamistas y las bandas latinas. Pese a ello, CiU se opone. "No es sensata una proposición que requiere cambiar la Constitución, lo que no se ha dado ni para la sucesión a la corona de la infanta Leonor", dicen fuentes de la federación, que avisan: "Esto es dar a los inmigrantes falsas expectativas".
Islam España es el portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la convivencia,la cooperación y el diálogo.
1. • El tripartito aspira a firmar el viernes con CiU, que aún discrepa, el Pacte Nacional per a la Immigració
2. • La oposición propone restringir la reagrupación familiar, en línea con el Ministerio de Trabajo
Saida T. en el edificio de Terrassa donde vive. Foto: JOAN CORTADELLASAunque ni siquiera es competencia de la Generalitat, el tiempo mínimo de residencia legal necesario para acceder a la nacionalidad española se ha convertido en el mayor obstáculo para el alumbramiento consensuado del Pacte Nacional per a la Immigració, la acción política catalana más audaz adoptada para vertebrar el fenómeno social más importante que está viviendo Catalunya.
El Govern propone que el pacto, una serie de medidas consensuadas con partidos políticos, oenegés y sindicatos, recoja la demanda dirigida al Ejecutivo español para que este --el único competente para hacerlo-- reduzca de 10 a cinco años el tiempo de residencia legal necesario para optar a la nacionalidad. Convergència i Unió se opone a una propuesta que considera inviable por precisar de una reforma constitucional.
Ayer, la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, presentó al conjunto del Govern el documento, que está previsto que se firme el próximo viernes. La incógnita es saber si se firmará con o sin el apoyo de CiU. Desde el Govern se sostiene que un pacto que no esté firmado por la federación nacionalista no sería un pacto nacional. Por su parte, CiU ha expresado su deseo de rubricar el acuerdo sobre un fenómeno que considera vital.
ACERCAMIENTO DE POSICIONES
La divergencia sobre la nacionalidad pervive incluso después de que el Govern y CiU acercaran posiciones en un tema a priori más peliagudo, como es el derecho al voto de los inmigrantes en las municipales. Así, mientras que el tripartito propone que los extranjeros tengan derecho a votar a partir de cinco años de residencia legal, CiU pide que se exija la residencia permanente. En realidad, es lo mismo, pues la residencia permanente solo se obtiene tras cinco años de residencia legal. Eso sí, ambas fuerzas están de acuerdo en el otro requisito: que la Administración emita algún tipo de dictamen sobre la integración del inmigrante.
Por desgracia, ese no es el único obstáculo. La federación nacionalista exige que en el texto se restrinjan las reagrupaciones familiares de los padres de los inmigrantes, mientras que el Govern no acepta incluir esas restricciones. "Catalunya no podría aguantar que cada inmigrante reagrupara a sus dos padres", explicaron fuentes de CiU.
Los nacionalistas exigen además que ninguna de las disposiciones recogidas en el documento final haga mención a dos leyes que actualmente se encuentran en trámite parlamentario: la ley de educación catalana y la ley de centros de culto.
ACTUACIÓN POLÍTICA
El acceso a la nacionalidad española sigue siendo el gran escollo. Para el Govern, conseguir que Catalunya se posicione políticamente sobre este tema no es un simple brindis al sol. "Sabemos que no está dentro de nuestras competencias, pero al incluirlo en el pacto lo que haces es actuar políticamente con la intención de iniciar una dinámica que lleve al Gobierno español a adoptar esta modificación", ha insistido en numerosas ocasiones la consellera Capdevila.
Desde su departamento se pone sobre la mesa la discriminación que existe entre los inmigrantes latinoamericanos y filipinos, que pueden optar a la nacionalidad con solo dos años de residencia legal, y el resto, que tiene que esperar 10 años. En la práctica, muchos de estos extranjeros llegan a aguardar hasta 15 o 18 años para conseguir la nacionalidad.
Además, en otros puntos del pacto, el Govern ya se posicionaba para proponer el acceso de los inmigrantes al funcionariado y a las fuerzas de seguridad, algo legalmente imposible sin contar con la nacionalidad. Según Capdevila, el Govern pretende que "aquellos que cumplen con todas las obligaciones ciudadanas puedan disfrutar también de todos los derechos, entre ellos los de participación que da la nacionalidad". Además, sustenta su propuesta en que en varios países europeos el plazo ya es de cinco años.
La realidad hoy es que hay un 15% de la población de Catalunya que, al no disponer de la nacionalidad española, no puede ser ni mosso, ni profesor en la escuela pública, ni funcionario. Aparte de esa evidente discriminación, esas limitaciones también generan problemas a las propias instituciones, muchas de ellas, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra, deseosas de disponer de inmigrantes.
Así, la presencia de agentes de origen marroquí o latino es fundamental para conocer colectivos cerrados y luchar contra las redes islamistas y las bandas latinas. Pese a ello, CiU se opone. "No es sensata una proposición que requiere cambiar la Constitución, lo que no se ha dado ni para la sucesión a la corona de la infanta Leonor", dicen fuentes de la federación, que avisan: "Esto es dar a los inmigrantes falsas expectativas".
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