A partir de verano, no todas las familias podrán acceder a la ayuda por nacimiento de un hijo o por adopción. De esta prestación, que hasta ahora era universal, solo se podrán beneficiar las familias que lleven cinco años empadronadas en Cataluña, los dos últimos incluidos, y unos ingresos máximos anuales de 8.000 euros, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Esta cifra puede variar, según el número de hijos, las familias monoparentales, etcétera.El consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, justificó esta restricción en clave nacionalista. “Son ayudas de Cataluña, para gente de Cataluña porque se pagan con dinero de Cataluña”.
El cheque bebé será la gran víctima del tijeretazo que la Generalitat debe aplicar a sus presupuestos de 2011. La partida destinada a la ayuda familiar se reduce el 75% y se queda en 54 millones (en 2010 se destinaron 214 millones). Para poder ahorrar esta cantidad, la ayuda dejará de ser universal cuando entren en vigor los nuevos presupuestos, previsiblemente a finales de julio, y pasa a tener unas condiciones mucho más estrictas.
Las restricciones afectarán principalmente a los inmigrantes recién llegados, pero también a ciudadanos de otras partes de España y a los catalanes que hayan residido en el exterior. El Departamento quiere acabar así con la picaresca y los fraudes que ha denunciado haber detectado, como el caso de familias que recibían la ayuda sin residir en Cataluña.
Las familias tampoco cobrarán la ayuda de forma puntual. El motivo es el “agujero”, según Cleries, de 106 millones de euros, como pagos pendientes de 2010, que el nuevo equipo del Departamento se encontró al llegar al cargo. El consejero destacó que de las 312.000 familias con derecho a esta ayuda en 2010, solo la recibieron unas 80.000, es decir, una de cada cuatro, y anunció que los pagos pendientes del año pasado se tendrán que ir pagando poco a poco durante los próximos cinco años.
La anterior consejera del Departamento, Carme Capdevila, reconoció la demora, pero matizó que todo el mundo “cobrará tarde o temprano. En cambio, CiU se ha cargado la ayuda”.
El Departamento de Bienestar Social y Familia contará este año con un presupuesto de 2.224 millones de euros, el 4,6% menor que en 2010 (107 millones menos). Además de las prestaciones, se recorta principalmente la inversión en equipamientos. En cambio, la atención a las personas mayores dependientes recibirá 542 millones de euros este año, el 21% más respecto al pasado año (449 millones).
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