jueves, 9 de julio de 2009

Gallardón dice que no hay derechos de propiedad en suelos públicos y que los realojos se harán por "solidaridad"

MADRID,09-07-2009,Europa Press.

La delegada de Urbanismo comparecerá a petición propia en el Pleno de julio para explicar los pormenores del acuerdo alcanzado

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, matizó hoy que los residentes en la Cañada Real no tienen derecho de propiedad sobre los terrenos en los que se levantan sus viviendas porque "nunca antes ha habido un acto de enajenación del suelo", ni por parte de la Comunidad de Madrid, ni antes por la Diputación Provincial, por lo que si estas personas serán realojadas, será gracias a "un ejercicio de solidaridad de la sociedad madrileña con aquellos que no tienen recursos".

Gallardón recordó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que este suelo, que pasará a ser patrimonial y propiedad de la Comunidad de Madrid una vez aprobado el proyecto de Ley de la Cañada Real, es a día de hoy de dominio público, por lo que "no puede generar derechos de propiedad".

El primer edil defendió que la legislación vigente no recoge derechos de ocupación por espacios en dominios públicos, pero detalló que se tratará la situación de cada persona de manera individual, diferenciando entre la presencia por vivienda habitual, que dará lugar a los realojos, y la ocupación para un uso distinto. Recordó, asimismo, que ésta es la filosofía que aplica el Ayuntamiento de Madrid en todos los poblados de infraviviendas en los que actúa.

INTEGRACIÓN Y RESPUESTA SOCIAL

También apuntó que el Ayuntamiento de Madrid valorará en la ordenación --lo que compete a los consistorios en el acuerdo alcanzado entre las distintas administraciones-- "no sólo la urbanización de la Cañada, sino la integración", por lo que se tendrá que tener en cuenta los suelos colindantes incluidos en el Plan General para, a renglón seguido, pasar a la sectorización, esto es, la definición específica de la zona con el fin de buscar "la coherencia e integración con el entorno".

La Delegación de Gobierno, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la capital, Rivas y Coslada acordaron el martes desafectar el tramo de la Cañada Real Galiana que pasa por estos municipios. Estos terrenos pasarán a ser bienes patrimoniales de la Comunidad, lo que supone que que ya no serán de dominio público.

Ruiz-Gallardón alabó el acuerdo alcanzado que da fruto a este modelo para destacar que las primeras actuaciones deberán ser sociales, ya que éste es el principal problema de la Cañada Real y no el urbanístico. Definió el modelo consensuado como "una desafectación condicionada a la ordenación urbanística de los ayuntamientos y a la intervención social, que es el punto más trascendente y que tiene que tener un carácter previo a cualquier enajenación o permuta".

FOCO ISLÁMICO

Sobre la detección de un posible foco de islamistas radicales en la Cañada Real, como publica hoy el diario 'El País', el alcalde aseveró no tener información "para poder calificarlo de foco" cuando el Ayuntamiento "tiene una relación bastante detallada de las personas que habitan en la Cañada". En este sentido, afirmó que el Consistorio "trata por igual a todos los ocupantes de los espacios de la Cañada, sin que exista diferencia por etnia, religión o nacionalidad".

El alcalde aseveró que el acuerdo alcanzado entre las distintas administraciones "no obedece a situaciones coyunturales", como podría ser este presunto foco de radicalismo islámico, sino que era un asunto pendiente desde hace mucho tiempo y por el que el Ayuntamiento que preside se ha interesado instando a las demás administraciones implicadas a la actuación para alcanzar un consenso. En este punto recordó las "varias cartas remitidas a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, desde hace más de un año solicitando que la Comunidad de Madrid se involucrara en el proceso".

En cuanto a la reunión solicitada por el portavoz socialista, David Lucas, para que el equipo de Gobierno explique los pormenores del acuerdo alcanzado, el alcalde adelantó que la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, comparecerá en el próximo Pleno, a petición propia, para dar cuenta de lo acordado "con luz y taquígrafos".

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