- La sentencia será recurrida por Italia, donde se originó la demanda ante el Tribunal europeo
- La Iglesia califica de "irresponsable" la sentencia, y los comunistas la aplauden
- Insisten en que apenas hay crucifijos en los centros públicos y no se conocen quejas ciudadanas al respecto
La exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos, según estimó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases. Los hijos de la demandante, Dataico y Sami Albertin, de 11 y 13 años de edad respectivamente, eran alumnos en el curso 2001-2002 del colegio público de Abano Terme (noreste de Italia), en el cual todas las aulas tenían un crucifijo colgado en la pared.
Solie Lautsi consideró ese hecho contrario al principio de laicismo e informó a la escuela de su posición, invocando un dictamen del Tribunal de Casación que juzgó que la presencia de crucifijos en locales electorales era contraria al laicismo del Estado.
Rechazos judiciales previos
En mayo de 2002, la dirección del colegio decidió mantener los crucifijos en las aulas. Posteriormente, una directiva del Ministerio de Instrucción Pública fue dirigida posteriormente a todos los directores de colegio recomendándoles que procedieran de esa manera.
Ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno italiano sostuvo la misma posición, argumentando que el crucifijo no es sólo un símbolo religioso, sino también un símbolo del Estado italiano.
En marzo de 2005, la Justicia italiana desestimó el recurso de la demandante asumiendo el mismo argumento, toda vez que estimó que el crucifijo es "símbolo a la vez de la historia y de la cultura italianas, y por ende de la identidad italiana". En febrero de 2006, el Consejo de Estado italiano rechazó a su vez el recurso.
Sin embargo, los jueces del Tribunal de Estrasburgo estimaron que la cruz puede ser interpretada fácilmente por los alumnos de cualquier edad como un signo religioso, lo que puede perturbar a los alumnos de otras religiones o a los que sean ateos. Ahora, el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos. Ésta es la primera sentencia que la Corte de Estrasburgo emite en materia de exposición de símbolos religiosos en las aulas.
Recurso de Italia
Sin embargo, el Ejecutivo que dirige Silvio Berlusconi no parece dispuesto a ceder en este asunto y ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, según hizo saber el juez Nicola Lettieri, que defiende al país transalpino ante la Corte de Estrasburgo.
Desde la Santa Sede no se han pronunciado sobre el asunto, aunque monseñor Vincenzo Paglia calificó la sentencia de "irresponsable" y "miope".
Los únicos grupos políticos que, hasta el momento, aprobaron en Italia la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron los dirigentes de los dos partidos comunistas, y también la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas de Italia (UAAR).
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- La Iglesia califica de "irresponsable" la sentencia, y los comunistas la aplauden
- Insisten en que apenas hay crucifijos en los centros públicos y no se conocen quejas ciudadanas al respecto
La exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos, según estimó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases. Los hijos de la demandante, Dataico y Sami Albertin, de 11 y 13 años de edad respectivamente, eran alumnos en el curso 2001-2002 del colegio público de Abano Terme (noreste de Italia), en el cual todas las aulas tenían un crucifijo colgado en la pared.
Solie Lautsi consideró ese hecho contrario al principio de laicismo e informó a la escuela de su posición, invocando un dictamen del Tribunal de Casación que juzgó que la presencia de crucifijos en locales electorales era contraria al laicismo del Estado.
Rechazos judiciales previos
En mayo de 2002, la dirección del colegio decidió mantener los crucifijos en las aulas. Posteriormente, una directiva del Ministerio de Instrucción Pública fue dirigida posteriormente a todos los directores de colegio recomendándoles que procedieran de esa manera.
Ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno italiano sostuvo la misma posición, argumentando que el crucifijo no es sólo un símbolo religioso, sino también un símbolo del Estado italiano.
En marzo de 2005, la Justicia italiana desestimó el recurso de la demandante asumiendo el mismo argumento, toda vez que estimó que el crucifijo es "símbolo a la vez de la historia y de la cultura italianas, y por ende de la identidad italiana". En febrero de 2006, el Consejo de Estado italiano rechazó a su vez el recurso.
Sin embargo, los jueces del Tribunal de Estrasburgo estimaron que la cruz puede ser interpretada fácilmente por los alumnos de cualquier edad como un signo religioso, lo que puede perturbar a los alumnos de otras religiones o a los que sean ateos. Ahora, el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por los daños morales sufridos. Ésta es la primera sentencia que la Corte de Estrasburgo emite en materia de exposición de símbolos religiosos en las aulas.
Recurso de Italia
Sin embargo, el Ejecutivo que dirige Silvio Berlusconi no parece dispuesto a ceder en este asunto y ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, según hizo saber el juez Nicola Lettieri, que defiende al país transalpino ante la Corte de Estrasburgo.
Desde la Santa Sede no se han pronunciado sobre el asunto, aunque monseñor Vincenzo Paglia calificó la sentencia de "irresponsable" y "miope".
Los únicos grupos políticos que, hasta el momento, aprobaron en Italia la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron los dirigentes de los dos partidos comunistas, y también la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas de Italia (UAAR).
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