La creación de un Consejo Catalán del Culto Musulmán es una de las propuestas estrella del programa electoral de CiU en materia de asuntos religiosos, que aprobó este domingo el consejo nacional de la federación nacionalista.La propuesta de CiU es que este consejo sea "elegido democráticamente por las asociaciones musulmanas en la base y de amplia representatividad asociativa y territorial".
De este modo, CiU pretende dar respuesta así al debate que ha surgido estos últimos tiempos en el seno de la comunidad musulmana catalana, a raíz del gran número de asociaciones que han surgido y que se autodefinen como portavoces de todo el colectivo lectivo. Un debate similar también existe a nivel estatal, sobre si es suficientemente representativa la Comisión Islámica Española (CIE).
"Laicidad positiva"
CiU asegura que "desde siempre" ha considerado que la acción política debe girar en torno a los diferentes ámbitos de las personas, "tanto en el orden material como el espiritual". Ante el creciente pluralismo religioso de la sociedad catalana, CiU propone abordar "partiendo de un diálogo fluido y continuado con las confesiones, para facilitar la integración de la diversidad religiosa que convive en nuestra casa".
Cree que este talante no sólo debe guiar el área de asuntos religiosos, sino que hay "un punto de vista interdepartamental, teniendo en cuenta que el hecho religioso afecta a muchos ámbitos de la vida de las personas: salud, bienestar social, educación, urbanismo, trabajo, justicia ".
"Defenderemos una laicidad positiva, entendida como sinónimo de aconfesionalidad, que debe asegurar la neutralidad entre los poderes públicos y las confesiones, y una separación orgánica entre ambas instituciones", dice CiU. La federación también se compromete a fomentar "iniciativas dirigidas al diálogo interreligioso", citando el Grupo de Trabajo Estable de Religiones.
CiU también se compromete a seguir desplegando la Ley de Lugares de Culto, desarrollar las competencias que otorga el estatuto en materia de Libertad Religiosa así como los acuerdos con el Vaticano, judíos, protestantes y musulmanes y con otras tradiciones religiosas como budistas, testigos de Jehová y Mormones, que recientemente han obtenido del Estado el reconocimiento de "notorio arraigo".
Apuesta también por fomentar la "integración desde las propias comunidades religiosas", luchar contra "aquellas prácticas que bajo el paraguas de la libertad religiosa atentan contra los derechos de las personas, especialmente las mujeres", reconoció los "interlocutores significativos" de cada tradición y potenciar valores que "son parte intrínseca del patrimonio social, cultural y religioso".
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