MADRID,4/09/2015,(EUROPA PRESS)
El responsable de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, ha indicado que actualmente está en fase de trámite un Real Decreto que regulará la organización de los musulmanes en España, que consideran "necesario", ante la imposibilidad de consensuar unos estatutos de la CIE con la FEERI y para poder salvar el Acuerdo de Cooperación con el Estado.
"Con respecto al borrador de este proyecto --sobre la regulación de la organización de la CIE--, debemos puntualizar que en este momento se halla en trámite de audiencia a efectos de las alegaciones oportunas", explica Riay Tatary.
Según precisa a Europa Press, esta intervención de la Administración a través de un Real Decreto es "una consecuencia de la lamentable situación y pésima credibilidad a la que estaban llegando las instituciones religiosas islámicas de España, con quejas desde muy diversos sectores".
A esta situación, según explica Tatary, se ha llegado debido a que una persona estaba "actuando como representante legal o presidente de la CIE, sin existir el cargo oficialmente" y esto ha provocado, según añade, "el bloqueo en la aplicación del Acuerdo y la suspensión de contrataciones de profesores de religión".
Además, denuncia que desde esa supuesta presidencia "se ha intentado rescindir los contratos" y "acabar con lo ya logrado también por iniciativas tomadas unilateralmente impropias de sectores religiosos, sino más bien de sectores políticos, intentando incluso obligar a pagar a los profesores por una formación que ya garantiza gratuitamente el Estado".
Por ello, Tatary considera que la promulgación del Real Decreto en este momento es "un hecho necesario que aunque no deseado, se hace imperativo" pues durante años, según precisa, han intentado desde la UCIDE confeccionar con la FEERI y presentar oficialmente unos estatutos de la CIE consensuados por ambas partes "sin resultado positivo".
Finalmente, la UCIDE asegura que pondrá todos sus esfuerzos para alcanzar un decreto "que permita una fluida interlocución y cooperación con los poderes públicos, continuando la aplicación del Acuerdo de cooperación con el Estado".
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