País Vasco,12/09/2015,eldiario.es,Eduardo Azumendi
Musulmanes durante la oración.
Los propios técnicos municipales reconocen que la normativa que regula la apertura de locales religiosos es poco clara, deficiente y abierta a múltiples interpretaciones.
Al no existir una normativa específica se suelen aplicar subsidiariamente unos requerimientos legales pensados para otros tipos de actividades, con los problemas que ello encierra.
En las últimas décadas, ha sido una constante en Euskadi la implantación de entidades religiosas vinculadas a confesiones minoritarias, lo que unido al declive de la religiosidad católica proyecta un panorama mucho más plural. Sin embargo, su relativa novedad está suponiendo dificultades en algunos aspectos. Las religiones minoritarias vienen planteando desde hace un tiempo demandas de diversa índole, la mayoría relacionadas con el espacio físico para ubicar sus templos.
Los profesores de la Universidad de Deusto, Luzio Uriarte y Gorka Urrutia, han analizado esta pluralidad religiosa, poco visible hasta la fecha, que conlleva la necesidad de su abordaje desde la gestión pública. Los profesores han realizado su radiografía teniendo en cuenta la perspectiva de la administración pública y la de las propias confesiones minoritarias, identificando los principales desafíos que emergen de esta realidad, en especial con relación a los centros de culto. El total de entidades religiosas no católicas afincadas en la comunidad autónoma es de alrededor de 295 comunidades, la mayoría de ellas con el reconocimiento del notorio arraigo.
“El espacio físico del que una comunidad religiosa puede disponer para reunirse es una condición muy importante para desarrollar el dinamismo interno de la propia comunidad, en la medida que posibilita, limita o, en caso de ausencia, hace muy difícil el encuentro y la interacción habitual del grupo. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los grupos religiosos se reúnen también como comunidades litúrgicas en las que la celebración es parte esencial de la vida del grupo. Es difícil identificar un grupo religioso que no se reúna para compartir y celebrar su fe”, resaltan los expertos.
La posición más crítica la han encontrado entre los grupos musulmanes y entre los cristianos evangélicos. La comunidad cristiana ortodoxa también expresa sus dificultades, aunque de una forma más atenuada y sin un carácter marcadamente reivindicativo. Por su parte, los Testigos de Jehová muestran una aceptación y conformidad con el marco legal y con el desarrollo del mismo, al que se sienten plenamente adaptados y del cual tratan de obtener el mayor provecho posible.
Legalizar la situación
Cuando un grupo religioso desea abrir un local para la celebración, el encuentro, la formación o cualquier otro fin relacionado con sus tradiciones, necesita regularizar y formalizar su situación. Si no lo hace, “el riesgo de precariedad es muy grande en cuanto que queda indefenso ante cualquier eventual denuncia que pudiera formularse en su contra. Si desea legalizar su situación se encuentra, normalmente, con una normativa poco clara y abierta a múltiples interpretaciones”. Una visión ampliamente compartida por los técnicos municipales. Uno de éstos afirma abiertamente durante las entrevistas para elaborar el trabajo que la normativa que regula la apertura de locales religiosos “o bien no existe específicamente o bien es deficiente para ser aplicada directamente”.
Esta realidad hace que cuando los gobiernos municipales se enfrentan por primera vez con la solitud de apertura de un local para uso religioso se encuentren en una situación de perplejidad. “Nos han solicitado […] la posibilidad de instalar alguna, mezquita, centro de culto, una cosa así; esto es nuevo para nosotros, primero, porque nunca hemos tenido esta situación a lo largo de la historia y, segundo, por la problemática, entre comillas, que puede estar surgiendo, por ejemplo en Bilbao, por la instalación de una mezquita y estamos dándole vueltas a la situación”, expone uno de los técnicos consultados.
Al no existir una normativa específica, se suelen aplicar subsidiariamente unos requerimientos legales pensados para otros tipos de actividades, con los problemas que ello encierra. Al mismo tiempo, “esta situación indefinida abre la posibilidad de que esas decisiones sean percibidas como discriminatorias por parte de las minorías religiosas”. Otro técnico municipal lo deja claro: “[…] vemos en este momento la normativa que regula la apertura de las mezquitas es bastante defectuosa por decir inexistente, se aplica de manera subsidiaria la norma relativa a la apertura de locales de negocio, para un centro de culto lo cual tampoco nos parece a nosotros lo más adecuado, empezando ya con la regulación jurídica defectuosa que no nos extrañe que luego vayan a derivarse de ahí otras series de problemas o de cuestiones”.
El técnico es consciente de que ese estado de cosas es “potencialmente conflictivo” al facilitar que “se produzcan decisiones arbitrarias y no fácilmente comprensibles por los grupos minoritarios afectados”. Este malestar se refleja en otro extracto de una entrevista realizada a un miembro de una iglesia evangélica: “La Ley de locales de culto va a ser equiparar un local de culto que tienen un par de reuniones a la semana, que cantas las canciones, con un nivel de insonorización de una discoteca, cuando se exigen salidas de emergencia, baños adaptados. Cuando tú vas a cualquier Iglesia Católica, y bueno …”.
Este contexto da lugar a una heterogeneidad de criterios y de formas de actuación frente al requerimiento de locales por parte de las minorías religiosas. El mantenimiento de esta ambigüedad conlleva varias consecuencias negativas. Por una parte, “algunos grupos se pueden sentir discriminados respecto a los criterios que la autoridad aplica a otros. Esta sospecha aparece especialmente, aunque no solo, en el caso de la comunidad musulmana. La arbitrariedad no favorece la transparencia de la gestión pública de este tema y añade una cierta desconfianza y rivalidad entre los diferentes grupos religiosos”, advierten los autores del trabajo.
Por otra parte, los gobiernos municipales también pueden entrar en competencia entre si, tratando de no asumir responsabilidades y de desviar hacia otros municipios la apertura de nuevos locales y centros de culto. Por eso, los técnicos municipales entrevistados consideran necesario que las instituciones comunes vascas elaboren un marco general respecto a la diversidad religiosa, en el que se incluyan criterios para regular, entre otros temas, el acceso a los locales de culto. “Creo que hay que ser valientes en este caso; que se establezca una normativa desde el punto de vista autonómico que regule a todos, porque al final si haces una normativa o una ordenanza municipal, tiene el valor que tiene dentro del municipio y eso puede generar lo que los alcaldes no quieren, el efecto llamada”, subraya uno de los técnicos municipales.
Regulación del uso del suelo
Dentro de la ambigüedad del marco legal que regula la apertura y uso de los locales religiosos entra la posibilidad de que los municipios dicten normas de regulación del suelo que imposibiliten la instalación de nuevos grupos religiosos en lugares con un buen acceso público. Este ha sido el caso de la norma aprobada en el año 2013 por el Ayuntamiento de Bilbao con el fin de regular el uso de espacios dentro de la ciudad para fines religiosos, mediante la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana. En esta norma, se restringe la apertura de centros de culto en edificios residenciales de la ciudad, de tal manera que las confesiones minoritarias asentadas en el municipio de Bilbao han visto sustancialmente reducido el espacio físico en el que pueden instalarse.
Esta iniciativa local ha introducido “una suerte de incertidumbre en el conjunto de las minorías religiosas que están afincadas en la comunidad autónoma ante el temor que la práctica seguida por el Ayuntamiento de Bilbao pudiera ser imitada por otros municipios vascos”, recogen los profesores. “Algunos grupos perciben que hay una cierta intencionalidad de segregación espacial por parte de las autoridades, sintiendo de alguna manera que existe una intención de producir la invisibilidad social del grupo, sobre todo, si los que reúnen en torno a la mezquita son de origen extranjero. Una reunión numerosa de personas con determinadas características diferentes en un lugar céntrico de la ciudad puede ser percibido por parte de la ciudadanía con temor, incomodidad o como una cierta amenaza”.
Esta segregación espacial está agravada con la sospecha de que hay una discriminación negativa respecto a la confesión musulmana en particular. Esta idea emerge en la entrevista realizada a un técnico municipal: “Yo creo que se está dejando hacer, se está mirando para otro lado, se está dejando hacer mientras no sean musulmanes, es decir cuántas lonjas en muy precarias condiciones de los evangelistas hay en muchísimos barrios […]: un montón. Con aglomeración de gente, con ruidos de micrófonos, con más ruido incluso que lo que pueden meter los musulmanes, hay una clara estrategia de señalar con el dedo e impedir los espacios de culto musulmanes no así los evangelistas y hay muchísimos más”.
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