La nueva Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa que prepara el Gobierno planteará que "los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se lleven a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso". Ante un hipotético caso en el que hubiera militares españoles caídos, católicos y musulmanes, tendrían que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional.
El borrador de la Ley, según han confirmado fuentes oficiales a El País, menciona, por primera vez, la "laicidad del Estado", aunque en el texto no se afirma que España será un Estado laico, sino que se habla solo de "neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias" y de la obligación del Gobierno de evitar "toda confusión entre funciones estatales y actividades.
La inmigración
La nueva ley servirá también para determinar el alcance de los derechos de libertad religiosa y de conciencia, teniendo en cuenta la realidad confesional actual de España en la que, en parte a causa de la inmigración, han crecido otras religiones; especialmente, el número de musulmanes (1,4 millones), protestantes (rebasan el millón) y cristianos ortodoxos (600.000).
Crucifijos y otros símbolos
El texto elaborado por el Gobierno prohíbe los símbolos religiosos en “establecimientos públicos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes". Es decir, no podrá haber crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios.
Las excepciones a la regla referida anteriormente serían los colegios concertados o los centros médicos privados con convenio con la Seguridad Social, que sí podrán exhibir simbología acorde con su credo.
La Iglesia católica conserva privilegios
El Gobierno propone también equiparar prácticamente a las cuatro religiones que gozan en España de "notorio arraigo" -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con las tres que en 1992 firmaron acuerdos con el Estado: musulmanes, protestantes y judíos. La Iglesia católica goza de una situación mejor gracias a los acuerdos de 1979, y continuará manteniendo estos privilegios. Seguirá siendo, por ejemplo, la única confesión a la que los contribuyentes podrán dedicar el 0,7% de su IRPF.
De la Vega preside la comisión
Los 37 artículos en preparación sustituirán a los ocho de la actual ley, que data de de 1980. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega preside la comisión encargada de redactar la norma, de la que también es miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, José María Contreras.
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