La acción judicial fue iniciada en instancias belgas porque uno de los demandantes, que alega haber sido perjudicado en la acción del ejército israelí, es belga.
Un ciudadano belga de origen palestino denunció a las autoridades de Israel ante la fiscalía de Bruselas por haber “violado el derecho humanitario internacional” con su operación “Plomo Fundido”, entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
La acción judicial fue iniciada en instancias belgas porque uno de los demandantes, que alega haber sido perjudicado en la acción del ejército israelí, es de nacionalidad belga.
Anwar Rashid Said El Okka es co-proprietario de un campo de olivos en la Franja de Gaza, el cual fue devastado el 5 de enero de 2009 durante uno de los ataques israelíes, explicó su abogado, Georges-Henri Beauthier.
Eso también da a la fiscalía de Bruselas competencia para juzgar “hechos conexos”, como un ataque contra una mezquita realizado en el marco de la operación en el que 13 ciudadanos palestinos fueron heridos, afirmó el abogado.
Esos ciudadanos constituyen parte civil en la denuncia junto a Said El Okka.
Para los denunciantes las autoridades israelíes –generales y diez ministros y ex ministros - deben ser juzgadas por crímenes de guerra y contra la humanidad por haber empleado una estrategia que visaba “afectar de manera deliberada y desproporcionada a la población civil y sus recursos”.
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