Una mujer que pasa las pruebas para ser taquillera de metro y a la que la empresa pública decide no contratar cuando descubre que acaba de padecer un cáncer de mama o una gitana a la que le vetan la entrada en una piscina porque no es del pueblo son dos ejemplos reales de discriminación por motivos contemplados en el anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que ayer examinó el Consejo de Ministros. La futura norma, que no supondrá modificación alguna del Código Penal, incluirá sanciones de entre 150 euros y 500.000 euros para los particulares, empresas y Administraciones que la vulneren, según fuentes del Ministerio de Sanidad e Igualdad.
La ministra del ramo, Leire Pajín, explicó que la futura ley pretende completar el artículo 14 de la Constitución (que reconoce el derecho a no ser discriminado por "razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión"). Por tanto, añadirá a estos motivos otros como edad, discapacidad, enfermedad, orientación o identidad sexual. El punto que preveía, en un borrador de septiembre, que el acusado de discriminar debía probar su inocencia "no está en esos términos", aseguró una portavoz de Igualdad.
El anteproyecto será analizado ahora por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, las comunidades autónomas y organizaciones del sector antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación. El Gobierno quiere que entre en el Congreso en abril, añadió la portavoz ministerial.
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