El consejero de Bienestar i Família, Josep Lluís Cleries. / TONI GARRIGA (EFE)
Los ayuntamientos establecen un criterio común para evaluar el grado de integración de los extranjeros
Los inmigrantes que residen en Cataluña y que quieran obtener el certificado de arraigo, legalizar su situación o pedir la reagrupación familiar tendrán que acreditar un conocimiento mínimo de catalán y de castellano. Así lo han pactado la Generalitat y las dos asociaciones de municipios, instituciones que venían pidiendo el establecimiento de unos criterios comunes en la concesión de estos certificados no solo en el ámbito lingüístico, sino también en lo referido a vivienda y trabajo. El informe municipal es necesario para los trámites ante el ministerio de Interior, pero no es vinculante.
Según el acuerdo alcanzado, que la Generalitat ha convertido en una instrucción a todos los ayuntamientos, el dominio lingüístico del inmigrante será uno de los elementos a tener en cuenta en la entrevista que le harán los técnicos municipales para evaluar su grado de integración. “En caso de que no pueda comunicarse mínimamente en las dos lenguas oficiales se le pedirá haber iniciado una formación en la lengua o lenguas que desconozca con un mínimo de 20 horas ya cursadas en el momento de la entrevista o bien, haber hecho alguna actividad para promover la comunicación lingüística en aquella lengua”. Al mismo tiempo se detalla que si el interesado no se comunica en las dos lenguas oficiales y no se ha hecho lo que califica de “esfuerzo complementario” el informe será desfavorable.
Según la instrucción las personas analfabetas o discapacitadas tendrán un trato específico para que esta condición conste en el informe. Al mismo tiempo, los inmigrantes que hayan participado en los denominados cursos de primera acogida que organizan Generalitat y Ayuntamientos tendrán ya acreditadas automáticamente su nivel lingüístico.
El acuerdo firmado entre la Generalitat y los municipios implica el beneplácito de todos los grandes partidos, incluido el PP, integrante de la dirección de la Federación de Municipios de Cataluña. El consejero de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, pone el acento en “valorar el esfuerzo de integración de las personas que solicitan el informe de extranjería”, más que en el nivel concreto que tengan de un idioma u otro. El alcalde de Gavà (Baix Llobregat) y presidente de la comisión de Inmigración de la Federación de Municipios, Joaquim Balsera (PSC), defiende el acuerdo, pero pide que la Generalitat cumpla ahora su parte agilizando los trámites y poniendo recursos para los cursos de idiomas.
Desde que la Generalitat tiene la competencia para emitir los informes de extranjería —junio del año pasado—, ha registrado un total de 23.059 solicitudes, de las que ya ha emitido 15.406 informes, 636 de ellos desfavorables, informó ayer Efe.
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Los inmigrantes que residen en Cataluña y que quieran obtener el certificado de arraigo, legalizar su situación o pedir la reagrupación familiar tendrán que acreditar un conocimiento mínimo de catalán y de castellano. Así lo han pactado la Generalitat y las dos asociaciones de municipios, instituciones que venían pidiendo el establecimiento de unos criterios comunes en la concesión de estos certificados no solo en el ámbito lingüístico, sino también en lo referido a vivienda y trabajo. El informe municipal es necesario para los trámites ante el ministerio de Interior, pero no es vinculante.
Según el acuerdo alcanzado, que la Generalitat ha convertido en una instrucción a todos los ayuntamientos, el dominio lingüístico del inmigrante será uno de los elementos a tener en cuenta en la entrevista que le harán los técnicos municipales para evaluar su grado de integración. “En caso de que no pueda comunicarse mínimamente en las dos lenguas oficiales se le pedirá haber iniciado una formación en la lengua o lenguas que desconozca con un mínimo de 20 horas ya cursadas en el momento de la entrevista o bien, haber hecho alguna actividad para promover la comunicación lingüística en aquella lengua”. Al mismo tiempo se detalla que si el interesado no se comunica en las dos lenguas oficiales y no se ha hecho lo que califica de “esfuerzo complementario” el informe será desfavorable.
Según la instrucción las personas analfabetas o discapacitadas tendrán un trato específico para que esta condición conste en el informe. Al mismo tiempo, los inmigrantes que hayan participado en los denominados cursos de primera acogida que organizan Generalitat y Ayuntamientos tendrán ya acreditadas automáticamente su nivel lingüístico.
El acuerdo firmado entre la Generalitat y los municipios implica el beneplácito de todos los grandes partidos, incluido el PP, integrante de la dirección de la Federación de Municipios de Cataluña. El consejero de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, pone el acento en “valorar el esfuerzo de integración de las personas que solicitan el informe de extranjería”, más que en el nivel concreto que tengan de un idioma u otro. El alcalde de Gavà (Baix Llobregat) y presidente de la comisión de Inmigración de la Federación de Municipios, Joaquim Balsera (PSC), defiende el acuerdo, pero pide que la Generalitat cumpla ahora su parte agilizando los trámites y poniendo recursos para los cursos de idiomas.
Desde que la Generalitat tiene la competencia para emitir los informes de extranjería —junio del año pasado—, ha registrado un total de 23.059 solicitudes, de las que ya ha emitido 15.406 informes, 636 de ellos desfavorables, informó ayer Efe.
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