20/11/2015 Madrid / Foto Dani Duch Centro Cultural Islamico Mezquita de Madrid (Dani Duch)
El gobierno justifica que lno encuentra otro local adecuado para el oratorio | Vecinos afectados demanda de ejecución ante el TSJC.
Arenys de Munt desatiende una sentencia irrevocable para cerrar la mezquita.
“Nos piden paciencia, que se la pidan al juez”. Así responden los vecinos del bloque de pisos de la avenida Sant Jordi de Arenys de Munt (Maresme) que desde el 3 de marzo del 2010 acoge un oratorio musulmán en un local comercial instalado en los bajos del edificio. Desde primeros de año cuentan con una resolución favorable del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que revoca y deja sin efecto la licencia otorgada para instalar una mezquita en el popular barrio del Pi Gros. Ante la inacción municipal, los afectados han presentado una demanda de ejecución de sentencia.
Ante la sentencia irrevocable emitida el 24 de enero de 2016, el gobierno municipal, que en Arenys de Munt forma una coalición de ERC, CUP y PSC, liderada por el republicano Joan Rabasseda, mantiene que “colaboramos para buscar una nueva ubicación a la mezquita”. Pero han pasado seis meses y la comunidad musulmana no dado aún con un local que les satisfaga. “Sólo tienen 500 euros mensuales de presupuesto” apunta el alcalde, lo que imposibilita que puedan alquilar un local o una nave en el polígono industrial Torrent d’en Puig, tal como sugieren los vecinos que presentaron la denuncia. Por ello, si el tribunal exige una fecha para clausurar la mezquita “no se la podemos ofrecer” asegura Rabasseda, que ha pedido el amparo de la Direcció general d’Afers Religiosos de la Generalitat y se pregunta “si todas las mezquitas que no dispongan de aparcamiento se verán obligadas a cerrar”.
Los vecinos no están dispuestos a esperar. “¿Les parece poco haber sufrido las molestias de una instalación así durante seis años?” durante los que han protagonizado todo tipo de protestas, incluso llegaron a recoger unas 350 firmas para evitar su apertura. Rechazan motivaciones xenófobas y relatan que la gran afluencia de fieles a la pequeña mezquita, especialmente en fechas señaladas “genera alboroto callejero hasta altas horas de la madrugada” y hace inviable la convivencia, aunque las celebraciones multitudinarias se celebran en otras instalaciones.
Críticas políticas
Ante la posibilidad que la búsqueda de un local adecuado se prolongue indefinidamente, el abogado de los vecinos, Albert Canals, ha interpuesto una demanda de ejecución de sentencia ante el tribunal instando al cumplimiento de la misma por parte de la corporación municipal. En caso contrario, el ayuntamiento se enfrenta a una serie de sanciones económicas. “Desde que se ha emitido la sentencia el ayuntamiento no ha hecho caso a nuestras peticiones y ha ignorado nuestros requerimientos” por lo que la mezquita sigue abierta “seis meses después de una sentencia firme” aseguran los vecinos del bloque, muchos de los cuales han optado por cambiar su lugar de residencia.
Denunciaron la instalación del centro religioso en el local comercial aludiendo a supuestas irregularidades de ruidos y ventilación, una parte de la demanda que el tribunal dejó sin efecto, pero en cambio aceptó que se vulneraba el régimen establecido de aparcamientos. Otro argumento de los residentes que no consta en la demanda es la devaluación de sus fincas. Uno de los vecinos demuestra la adquisición un piso en el 2007 por 190.000 euros que una reciente peritación lo ha devaluado en 50.000 euros y “ni aún así consigo venderlo“.
El conflicto vecinal, también ha generado debate político. Así, el concejal del PP, Ramon Planas, recuerda que desde el 2013 su partido reclama al equipo de gobierno que traslade la mezquita “para evitar perjuicios a los vecinos”. Lamenta que de poco hayan servido las reuniones y critica la falta de sensibilidad del ejecutivo local, que “no ha sabido reaccionar, ni ante una demanda judicial”. Para Planas, es lamentable que el alcalde “sea incapaz de afrontar un problema vecinal” y que en cambio, tome parte en el conflicto sin mediar una solución.
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