Ceuta, 14 de agosto de 2015
Mohamed y otras dos dirigentes, en una rueda de prensa.
- La Federación de Asociaciones de Madres y Padres recuerda que tanto la LOMCE como las Instrucciones del Ministerio para el próximo curso obligan a "ofrecer enseñanzas de Religión para que los padres y tutores puedan elegirlas”
- "No existe ningún argumento que pueda justificar el incumplimiento de la Ley por parte de la propia Administración cuando su obligación es precisamente velar por lo contrario", subraya
La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta ha solicitado al director provincial de Educación, León Bendayán, que la Administración adopte "las medidas oportunas" para que en el próximo curso 2015/2016 se ofrezca en los IES de la ciudad a los alumnos que la elijan la asignatura de Religión Islámica, "tal y como establece la ley".
En su misiva, la FAMPA recuerda que la LOMCE, en su artículo 24.3, establece que "los alumnos del Primer Ciclo de Educación Secundaria, deberán cursar, como asignatura específica en todos los cursos Religión o Valores Éticos a elección de loa padres, madres o tutores legales, en su caso, de alumno o alumna”. En "idénticos términos" se expresa el artículo 25.6 en relación con el alumnado de cuarto Curso.
"En concordancia con este precepto legal", la Federación subraya que las Instrucciones de Inicio de Curso dictadas en el ejercicio de sus competencias por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial también establecen que "dentro del marco de la legislación vigente, todos los centros escolares que impartan Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, deberán ofrecer enseñanzas de Religión para que los padres y tutores puedan elegirlas, si lo estiman oportuno”.
Sin embargo, a pesar de la "rotundidad" de la normativa vigente, "lo cierto es que ningún IES de Ceuta ofrece la enseñanza de Religión Islámica a pesar de la evidente demanda existente". Desde el punto de vista de la FAMPA "no existe ningún argumento que pueda justificar el incumplimiento de la Ley por parte de la propia Administración cuando su obligación es precisamente velar por lo contrario, conculcando un derecho fundamental que asiste a los ciudadanos afectados".
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