España tiene el reto de trabajar por una migración más humana y ordenada que garantice los derechos de los inmigrantes, dijo hoy en El Salvador la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno español, Anna Terrón, y aclaró que esta política es diferente de la de EE.UU.
"Seguramente tenemos una política restrictiva y efectivamente una política de entradas ordenadas, pero la otra cara de la moneda es que nosotros no somos EE.UU., no estamos trabajando permanentemente con una gran bolsa de personas sin ningún derecho", dijo Terrón a Efe.
"Nuestro reto es trabajar en una migración más humana, quiere decir más ordenada y quiere decir no exponiendo a las personas a situaciones de mucha vulnerabilidad", complementó.
La funcionaria, que asiste en la capital salvadoreña al II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, iniciado hoy y que concluye mañana, señaló que si España no puede ofrecerle empleo a los migrantes "estas personas no tienen ningún futuro".
"No tiene ningún sentido que dejen sus países para ir a parar a una situación de infraempleo o de explotación contra la que luchamos", añadió.
Indicó que España aprobó en diciembre del año pasado una ley de emigración que vincula las entradas y los permisos de residencia y de trabajo a la posibilidad de obtener un empleo en ese país.
"Nosotros queremos y creemos que podemos promover una cultura de regularidad, efectivamente porque damos los mismos derechos a las personas que vienen que los que tenemos las personas que estamos en España", sostuvo.
Terrón admitió que la crisis económica ha tenido un "impacto fuerte" en determinados sectores económicos en los que estaban empleados muchos inmigrantes, como la construcción, servicios y el empleo doméstico.
Detalló, al intervenir en el foro, que hay un 28 por ciento de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo y que 480.000 extranjeros están recibiendo prestaciones por paro, al igual que se les otorga a los nacionales.
La funcionaria española aseguró que al 31 de marzo de 2010 se contaban 1.451.795 nacionales de países latinoamericanos sobre un total de 2.800.000 extranjeros no comunitarios en España.
Anunció, por otra parte, que trabajan en una segunda etapa del plan de integración y ciudadanía, que ya se había implementado entre 2007 y 2010 a un costo de 2.000 millones de euros (2.577 millones de dólares) y que consiste en "políticas públicas que pretenden facilitar la integración de los inmigrantes" desde ámbitos como la educación.
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