Cuando el gobierno español decidió crear en 1992 la Comisión Islámica, para tener un interlocutor claro, sólo había 54 comunidades musulmanas en el registro de entidades religiosas. Hoy son ya 657 las entidades mahometanas, y la mayoría son ajenas a las dos grandes federaciones -la Feeri, controlada por marroquíes, y la Ucide, del sirio Tatary-, e ignoran qué es o para que sirve la famosa Comisión Islámica de España.El millón largo de musulmanes residentes legales en España viven, en gran parte, en una especie de limbo en sus relaciones con las autoridades.
No saben a quién dirigirse para erigir sus mezquitas, no cuentan con suficientes mataderos «halal», y no tienen ulemas para dar los sellos a la carne, tal como prescribe la ley islámica.
En materia de enseñanza el problema adopta tonos más inquietantes. No hay profesores ni libros de texto sobre el islam en español. La religión se enseña en mezquitas improvisadas, no se sabe por quién ni en qué términos.
La dirección de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia asume el problema de incorporar a más comunidades a la Comisión «para ir cerrando el abismo entre el islam oficial y el islam real», afirma un alto funcionario de ese organismo, que pide el anonimato. Pero la Moncloa tiene más claro cómo abordar la Alianza de Civilizaciones con Turquía que con los líderes de las comunidades musulmanas de Madrid o de Barcelona.
Mientras tanto, el islam oficial vive inmerso en sus batallas de palacio. La Feeri acusa a Tatary de aislar a la mayoría marroquí y de utilizar de modo torticero sus lazos con el PSOE. «Es una pelea absurda -afirma Kamal Rahmouni, líder sindical marroquí- porque los dos representan a una exigua minoría de los musulmanes de España».
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