El veto perjudica a la comunidad sij, que contaba con la aprobación del anterior alcalde - Salt y Torroella también han puesto trabas a los templos no católicos
Lloret de Mar (Selva) se suma a la lista de localidades catalanas que han decidido vetar la apertura de centros de culto. El pleno municipal del pasado lunes suspendió por un año la concesión de licencias para oratorios y templos, plazo que podría prorrogarse durante un segundo año, explicó el quinto teniente de alcalde, Jordi Martínez. El objetivo del primer regidor, Romà Codina (CiU), es modificar el plan urbanístico para impedir que se instalen en el casco urbano centros de culto no católicos y establecerlos en lugares alternativos, previsiblemente en polígonos de las afueras.
Lloret se suma así a Salt y Torroella de Montgrí, también gobernados por CiU, que en los dos últimos meses han puesto trabas a la apertura de templos, decisión que ha coincidido en el tiempo con el cambio introducido por la Generalitat en la Ley de Centros de Culto, aprobada por el tripartito en 2009, para eximir a los municipios de la obligación de reservar suelo para uso religioso. Expertos y representantes de confesiones no católicas han criticado todas estas decisiones por vulnerar un derecho fundamental, la libertad religiosa, recogido en la Constitución.
La decisión de Lloret es un golpe a las aspiraciones de la comunidad sij, que había presentado una propuesta para abrir un centro de culto según la legalidad vigente y ya tenía alquilado un local desde hace cinco meses. Su proyecto era hacer obras e instalarse en una de las zonas permitidas por el plan urbanístico actual. El anterior gobierno (también de CiU) había dado el visto bueno a la propuesta de la comunidad, que carece de un centro de culto en Lloret y se ve obligada a alquilar salas en hoteles para realizar sus celebraciones. "Nos dijeron por escrito que no había problema", explicó Deepak Dhawan, que actuaba ayer como portavoz.
Pero el actual gobierno, según Dhawan, les denegó hace un mes el permiso "de palabra", alegando que debían esperar a que el Consistorio encontrase una localización alternativa. En Lloret viven unos 1.500 ciudadanos originarios de India, de donde provienen los sij. La población inmigrante en Lloret se acerca al 40%.
"Queremos encontrar un emplazamiento correcto", defendió Martínez, quien argumenta que las calles angostas del centro de Lloret no son adecuadas para los centros de culto y que los oratorios actuales sufren problemas de "sobreocupación, seguridad e higiene". El Consistorio, sin embargo, no ha abierto ningún expediente por estos motivos, admite Martínez.La modificación del plan urbanístico, si se aprueba, no puede afectar a los centros que ya están abiertos, que podrán seguir funcionando si cumplen la normativa. "Seremos inflexibles en la vigilancia", declaró el regidor.
En el núcleo urbano hay en la actualidad tres mezquitas y un local evangélico, además de una iglesia y varias ermitas católicas. "Es una excusa para no dar licencias", criticó Antoni Garcia (ICV), único regidor que votó en contra de la suspensión.
También la asociación musulmana Essouna, que se trasladó en 2007 a un local de 120 metros cuadrados que se le ha quedado pequeño en solo cuatro años, había comunicado al Consistorio su interés por trasladarse a otro lugar. Los líderes de la comunidad, que congrega a una parte de la población marroquí, habían comenzado a rastrear las zonas permitidas por el plan urbanístico en busca de locales espaciosos y que cumplan la normativa. Youssef Lyussi, su portavoz, presentará propuestas de emplazamientos la próxima semana al Consistorio a pesar de la suspensión aprobada el lunes. "Si no lo hago, ¿cómo me presento ante mi comunidad?", se preguntó Lyussi, que explicó que "no pondrán pegas" a ninguna zona que apruebe el Consistorio.
Martínez admite que las aspiraciones de musulmanes y sijs han condicionado la decisión, que se ha tomado porque la modificación de la Ley de Centros de Culto da "más potestad" a los Ayuntamientos sobre el asunto.
El precedente de Salt
Salt adoptó la misma medida que Lloret hace un mes, y Torroella de Montgrí vetó el proyecto de una mezquita en un polígono porque su diseño no respetaba la "tradición".
El equipo de gobierno insiste en que con la decisión se busca evitar futuros problemas. Entre ellos, que los vecinos del núcleo urbano de Lloret sientan "animadversión" hacia las comunidades religiosas. "Ahora es el momento de hacerlo. Tomaremos las decisiones en consenso con las comunidades y los vecinos", dijo Martínez. Para los sijs, sin embargo, el daño ya está hecho. "Si lo llegamos a saber, hubiésemos esperado", dijo Dhawan. "Todo el trabajo ha sido en vano", protestó. La comunidad paga unos 2.000 euros al mes de alquiler por el local y ha contratado a un arquitecto para realizar un proyecto. "La comunicación ha ido en una sola vía", declaró el portavoz, que no obstante se mostró dispuesto a cooperar. "Queremos hacerlo bien y no tener problemas en el futuro", afirmó.
"La suspensión de licencias no es una solución a los problemas", criticó Gloria García-Romeral, experta del grupo de Investigación de Sociología de la Religión (Isor) de la UAB. "Es una violación del derecho a la libertad religiosa y de culto", dijo la experta, que opinó que la decisión de los Ayuntamientos de Salt y Lloret crea "precedentes" para el resto.
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Lloret de Mar (Selva) se suma a la lista de localidades catalanas que han decidido vetar la apertura de centros de culto. El pleno municipal del pasado lunes suspendió por un año la concesión de licencias para oratorios y templos, plazo que podría prorrogarse durante un segundo año, explicó el quinto teniente de alcalde, Jordi Martínez. El objetivo del primer regidor, Romà Codina (CiU), es modificar el plan urbanístico para impedir que se instalen en el casco urbano centros de culto no católicos y establecerlos en lugares alternativos, previsiblemente en polígonos de las afueras.
Lloret se suma así a Salt y Torroella de Montgrí, también gobernados por CiU, que en los dos últimos meses han puesto trabas a la apertura de templos, decisión que ha coincidido en el tiempo con el cambio introducido por la Generalitat en la Ley de Centros de Culto, aprobada por el tripartito en 2009, para eximir a los municipios de la obligación de reservar suelo para uso religioso. Expertos y representantes de confesiones no católicas han criticado todas estas decisiones por vulnerar un derecho fundamental, la libertad religiosa, recogido en la Constitución.
La decisión de Lloret es un golpe a las aspiraciones de la comunidad sij, que había presentado una propuesta para abrir un centro de culto según la legalidad vigente y ya tenía alquilado un local desde hace cinco meses. Su proyecto era hacer obras e instalarse en una de las zonas permitidas por el plan urbanístico actual. El anterior gobierno (también de CiU) había dado el visto bueno a la propuesta de la comunidad, que carece de un centro de culto en Lloret y se ve obligada a alquilar salas en hoteles para realizar sus celebraciones. "Nos dijeron por escrito que no había problema", explicó Deepak Dhawan, que actuaba ayer como portavoz.
Pero el actual gobierno, según Dhawan, les denegó hace un mes el permiso "de palabra", alegando que debían esperar a que el Consistorio encontrase una localización alternativa. En Lloret viven unos 1.500 ciudadanos originarios de India, de donde provienen los sij. La población inmigrante en Lloret se acerca al 40%.
"Queremos encontrar un emplazamiento correcto", defendió Martínez, quien argumenta que las calles angostas del centro de Lloret no son adecuadas para los centros de culto y que los oratorios actuales sufren problemas de "sobreocupación, seguridad e higiene". El Consistorio, sin embargo, no ha abierto ningún expediente por estos motivos, admite Martínez.La modificación del plan urbanístico, si se aprueba, no puede afectar a los centros que ya están abiertos, que podrán seguir funcionando si cumplen la normativa. "Seremos inflexibles en la vigilancia", declaró el regidor.
En el núcleo urbano hay en la actualidad tres mezquitas y un local evangélico, además de una iglesia y varias ermitas católicas. "Es una excusa para no dar licencias", criticó Antoni Garcia (ICV), único regidor que votó en contra de la suspensión.
También la asociación musulmana Essouna, que se trasladó en 2007 a un local de 120 metros cuadrados que se le ha quedado pequeño en solo cuatro años, había comunicado al Consistorio su interés por trasladarse a otro lugar. Los líderes de la comunidad, que congrega a una parte de la población marroquí, habían comenzado a rastrear las zonas permitidas por el plan urbanístico en busca de locales espaciosos y que cumplan la normativa. Youssef Lyussi, su portavoz, presentará propuestas de emplazamientos la próxima semana al Consistorio a pesar de la suspensión aprobada el lunes. "Si no lo hago, ¿cómo me presento ante mi comunidad?", se preguntó Lyussi, que explicó que "no pondrán pegas" a ninguna zona que apruebe el Consistorio.
Martínez admite que las aspiraciones de musulmanes y sijs han condicionado la decisión, que se ha tomado porque la modificación de la Ley de Centros de Culto da "más potestad" a los Ayuntamientos sobre el asunto.
El precedente de Salt
Salt adoptó la misma medida que Lloret hace un mes, y Torroella de Montgrí vetó el proyecto de una mezquita en un polígono porque su diseño no respetaba la "tradición".
El equipo de gobierno insiste en que con la decisión se busca evitar futuros problemas. Entre ellos, que los vecinos del núcleo urbano de Lloret sientan "animadversión" hacia las comunidades religiosas. "Ahora es el momento de hacerlo. Tomaremos las decisiones en consenso con las comunidades y los vecinos", dijo Martínez. Para los sijs, sin embargo, el daño ya está hecho. "Si lo llegamos a saber, hubiésemos esperado", dijo Dhawan. "Todo el trabajo ha sido en vano", protestó. La comunidad paga unos 2.000 euros al mes de alquiler por el local y ha contratado a un arquitecto para realizar un proyecto. "La comunicación ha ido en una sola vía", declaró el portavoz, que no obstante se mostró dispuesto a cooperar. "Queremos hacerlo bien y no tener problemas en el futuro", afirmó.
"La suspensión de licencias no es una solución a los problemas", criticó Gloria García-Romeral, experta del grupo de Investigación de Sociología de la Religión (Isor) de la UAB. "Es una violación del derecho a la libertad religiosa y de culto", dijo la experta, que opinó que la decisión de los Ayuntamientos de Salt y Lloret crea "precedentes" para el resto.
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