Zapatero en una antigua iglesia y actual paraninfo universitario, en 2008.- U. M.
PNV y CC excluyen la norma de la agenda del resto de la legislatura - También se cae la ley contra la discriminación
El Gobierno ha optado por terminar la legislatura apoyado en el PNV y en Coalición Canaria, partidos que no quieren ni oír hablar de leyes como la de libertad religiosa y, por eso, José Luis Rodríguez Zapatero aparca los proyectos. "No hay consenso político ni social", aseguró ayer el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso para justificar el carpetazo a la norma, que estaba incluida en el programa electoral del PSOE, en las resoluciones de los congresos del partido socialista, en las propuestas de su discurso de investidura y en el calendario legislativo del Ejecutivo.
Evangélicos, judíos y musulmanes piden el desarrollo de la norma vigente
Dirigentes del PSOE han pedido que se apruebe la ley, precisamente como gesto para movilizar al electorado de izquierdas que, según todas las encuestas, opta por la abstención, lo que puede facilitar la victoria electoral del PP. Pero Zapatero asegura que no existe ese consenso porque los tiempos de la geometría variable en los que se buscaban alternativas de pactos que incluían a los partidos de la izquierda minoritaria acabaron.
Ahora son PNV y Coalición Canaria los que garantizan el final de la legislatura y el Gobierno confía en la incorporación de CiU tras las elecciones catalanas del 28 de noviembre. Con ellos se ha pactado el calendario legislativo que excluye este proyecto de ley y el de igualdad de trato (contra la discriminación de todo tipo) que estaba también en preparación.
Para sacar adelante la nueva ley de libertad religiosa, el Gobierno necesitaba tener mayoría absoluta, puesto que se trata de una ley orgánica. Podía alcanzar esa mayoría con los votos de la izquierda minoritaria, pero estos partidos, a su vez, exigirían que el texto fuera lo más lejos posible en rechazar la exhibición de símbolos religiosos en lugares públicos o en suprimir actos religiosos como los funerales de Estado. Con las nuevas mayorías parlamentarias, el Gobierno no está en condiciones de abordar esa negociación.
La ley del aborto fue el último proyecto de ley de ese tipo. El Gobierno consiguió incorporar al PNV en el procedimiento parlamentario, pero a los nacionalistas vascos les provocó un cierto desgaste interno ese apoyo que no está dispuesto a dar para la ley de libertad religiosa, según fuentes socialistas.
La ley de libertad religiosa fue ya objeto de controversia en el último congreso del PSOE, porque inicialmente se sometió a debate y aprobación una resolución que hablaba de la supresión de símbolos religiosos y de los funerales de Estado y, finalmente, fue suprimido a instancias de Zapatero.
Obviamente, el PP está en contra de esta ley, como ya lo estuvo en contra de otras similares como la del aborto, la de matrimonios homosexuales y la de igualdad, entre otras.
"El Gobierno considera que la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa es conveniente pero no urgente. No hay una urgencia y una necesidad imperiosa porque en nuestro país, afortunadamente, la libertad religiosa se ejerce sin ningún problema. No hay discriminación alguna por pertenencia a una confesión religiosa, y la preeminencia del principio de la aconfesionalidad del Estado funciona con normalidad", aseguró ayer Zapatero en el Pleno en respuesta al portavoz de ERC, Joan Ridao.
Las grandes confesiones minoritarias en España (protestantes, musulmanes y judíos) están en sintonía en este asunto. A sus representantes esta nueva ley nunca les pareció urgente. Para ellos lo prioritario es desarrollar la ley vigente en lo que se refiere a los credos de especial arraigo.
Mariano Blázquez, máximo representante de los protestantes en España, recordó que la vigente Ley de Libertad Religiosa se aprobó en 1980 "con un consenso casi absoluto" (294 síes y cinco abstenciones) y que una reforma duradera requeriría concordia. Para Blázquez, Zapatero "no es exacto cuando niega que haya discriminación" y pone ejemplos: la imposibilidad de destinar un porcentaje de la declaración de la renta a su fe o la ausencia de apoyo espiritual de su credo, u otros distintos del católico, en el Ejército, las prisiones o los hospitales públicos.
A esto último añade Riad Tatary, representante de las comunidades islámicas, la necesidad de regular "la donación de terrenos para templos o cementerios" y otros temas que dependen de las comunidades autónomas o los ayuntamientos.
Jacobo Israel Garzón, representante de los judíos, opina que lo peor sería que este parón supusiera "que no se sigan haciendo decretos que desarrollen la ley vigente".
Paco Delgado, presidente del movimiento Europa Laica, en cambio, sí consideraba necesaria una norma que eliminara los símbolos religiosos o la presencia de autoridades en actos eclesiásticos. Estos colectivos, junto a los ortodoxos, los mormones, o los budistas, fueron consultados sobre el proyecto.
La confirmación por parte de Zapatero de que se paraliza el proyecto se produjo solo cuatro días después de que el Papa hablara en Santiago del "laicismo agresivo" que, según él, se vive en España y lo comparara con el clima previo a la Guerra Civil.
La tesis de la interpelación de Ridao, sostenida estos días por otros partidos de la izquierda minoritaria, es que el Gobierno de Zapatero ha renunciado a esta ley para mantener buenas relaciones con la Iglesia católica, sin que el Vaticano responda con reciprocidad a esta posición conciliadora. Ahí están los reproches del Papa o los que repite la cúpula de la Iglesia en España.
El diputado de ERC añadió: "Vamos a continuar siendo un Estado aparentemente aconfesional pero en el que todo el mundo sabe que, aparte de los privilegios que otorga el concordato casi preconstitucional, este Estado tiene una especie de mantenida, una paparra [garrapata en catalán] de lujo, que es la Iglesia católica, que nos cuesta cada año 6.000 millones de euros, que es lo que, por cierto, usted se ahorra en pensiones y en el sueldo de los funcionarios".
Ridao recordó a Zapatero que este Gobierno renunció a favorecer la autofinanciación de la Iglesia católica, se negó a subir el IRPF, descartó eliminar los símbolos religiosos de las tomas de posesión y a suprimir el tratamiento privilegiado de la asignatura de religión. Recordó que el actual acuerdo entre el Estado español y la Iglesia católica es anterior a la Constitución de 1978.
"Este Gobierno hace una política de respeto al espíritu y al principio constitucional: aconfesionalidad del Estado", le respondió el presidente del Gobierno.
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