Los populares reavivan la polémica del padrón y abogan por la expulsión
El PP de Cataluña ha dado muestras en las últimas semanas de que la inmigración será uno de los ejes de su campaña. Después de su visita a los barrios de Badalona con mayor población gitana de origen rumano, coincidiendo con la expulsión de familias rom de Francia, ahora reaviva la polémica del padrón y apuesta firmemente por la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
El Partido Popular de Cataluña ha dado muestras en las últimas semanas de que la inmigración será uno de los ejes de su campaña. Después de su visita a los barrios de Badalona con mayor población gitana de origen rumano, coincidiendo con la expulsión de familias rom de Francia, ahora reaviva la polémica del padrón y apuesta firmemente por la expulsión de inmigrantes en situación irregular. En su borrador de programa electoral, que tienen previsto aprobar el próximo fin de semana, los populares catalanes proponen que los Ayuntamientos comuniquen a la policía la inscripción en el padrón de inmigrantes sin papeles. El padrón es fundamental para los inmigrantes porque les garantiza el acceso a la sanidad y la educación públicas.
El texto detalla que los municipios "han de colaborar en la elaboración de un mapa de la inmigración que permita gestionar mejor las políticas de integración", y que "además han de colaborar en el control de la inmigración irregular para que el empadronamiento no se convierta en la puerta falsa de entrada a nuestro país". Para ello, recuerdan que la inscripción en el padrón debe ir acompañada de "una identificación legal", como el pasaporte, y que los Ayuntamientos han de "cumplir con el deber legal de ceder los datos del padrón a la Dirección General de la Policía, con la finalidad de control y permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno del Estado la exigencia de su cumplimiento". Los populares abogan por potenciar "la detección de los inmigrantes en situación irregular para proceder a su expulsión al país de origen" y por priorizar las expulsiones "de los extranjeros que hayan cometido delitos o faltas".
La propuesta enlaza con el polémico amago del Ayuntamiento de Vic (Osona), el curso pasado, de comunicar a la policía cualquier intento de empadronarse de un inmigrante en situación irregular. Desde la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, el letrado y experto en extranjería, Albert Parés, recuerda que ya entonces advirtieron de que esta práctica "de oficio" no es legal. "Los Ayuntamientos solo pueden comunicar los datos de un inmigrante en situación irregular si ha cometido un delito", explica.
También entonces desde CC OO, su Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) alertó de que estar en situación irregular no es un delito. "Es una falta administrativa", recuerda el director del CITE, Carles Bertran. En plena polémica por la intención del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), de denunciar a los sin papeles, el sindicato avisó de que la práctica vulnera la Constitución "y varias leyes de rango orgánico". "El PP ha optado por la demagogia en cuestiones que ya quedaron cerradas y adopta la postura de la ultraderechista Plataforma per Catalunya", opina Bertran y advierte del "peligro de que la gente no se empadrone" por miedo a ser denunciada.
La respuesta a estas voces por parte del Partido Popular es firme: "debe haber un mayor control de la inmigración en situación irregular, porque aquí no cabemos todos, los recursos son escasos y el padrón debe ser una herramienta para ayudar a este control". Habla el diputado y portavoz de inmigración de los populares, Rafael López. López se desmarca del primer intento del Ayuntamiento de Vic, que en enero llegó a plantear vetar el padrón a los sin papeles: "Se tienen que poder empadronar, hay unos derechos mínimos. Pero si el Ayuntamiento tiene conocimiento de situaciones irregulares debe comunicarlo a la policía, igual que esta debe comunicarlo al Ayuntamiento".
El diputado defiende el "mapa de la inmigración" para "saber dónde están los problemas; se pueden hacer muchas lecturas, pero es para aplicar sentido común a las políticas". El PP no busca endurecer las políticas migratorias, asegura. "El espíritu no es cambiar, es hacer cumplir", dice.
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