Protestas contra la reforma de la Ley de ciudadanía, considerada discriminatoria contra los musulmanes. (EFE)
El descontento junta minorías de todo el país mientras las protestas se cobran la última derrota del año del nacionalismo de Modi en unas elecciones regionales
El nacionalismo hindú de Modi se ha topado con la primera gran reacción popular desde que llegó al poder hace cinco años. Este mes se están multiplicando las protestas contra la enmienda de la Ley de Ciudadanía, que facilita la regularización de personas sin papeles siempre que no sean musulmanas. El alcance de las concentraciones -desde Bombay al oesta hasta Calcuta en el este, pasando por Bangalore en el sur y Delhi al norte del país- y su llamativo poder de convocatoria son nuevos para el gobierno indio, que tiene mayoría absoluta parlamentaria desde el pasado mayo. El descontento, además, impregna de una manera generalizada a una sociedad generalmente muy fragmentada: ciudadanos de todas las religiones, castas y clases apoyan en esta ocasión a los indios musulmanes, quienes abrazan la iconografía nacionalista, y no solo religiosa, para plantar cara al supremacismo hindú; creando una renovada desobediencia civil en India.
Gritando el himno nacional. Ondeando la bandera tricolor. O alzando pósters de Mahatma Gandhi, padre de la India independiente, y de Ambedkar, arquitecto de la constitución. Los indios musulmanes protestan en cientos de miles -junto a otros cristianos, parsis e hindúes, de cualquier casta y clase- enarbolando símbolos del movimiento nacionalista que lideró la independencia, pero esta vez contra las políticas discriminatorias de su propio gobierno, no de un invasor. "Las bases fundacionales de India están en peligro. El fascismo teocrático del gobierno quiere acabar espíritu secular de nuestro país", clama Ahmer; estudiante musulmán en las protestas de Bombay, una de las ciudades donde se han repetido las manifestaciones en los últimos días.
Líderes locales y grupos internacionales afines denuncian ataques contra minorías religiosas y sociales, especialmente en el norte de India. Mientras tanto, el supremacismo hindú campa a sus anchas.
Hace una semana, la capital financiera de India vivió una de las concentraciones más multitudinarias de los últimos años, cuando más de 10.000 personas abarrotaron la explanada de August Kranti Maidaan, donde en 1942 Gandhi dio el primer discurso que pondría fin al colonialismo británico en el subcontinente. El número y coordinación de las protestas, inéditas desde las marchas por la independencia, así como el uso de lemas del nacionalismo que emancipó al país han hecho que el descontento actual sea apodado por algunos como 'gandhianismo musulmán'. El carácter pacífico, sin embargo, ha quedado manchado por la veintena de muertos y más de mil detenidos durante los choques violentos entre manifestantes y policía al norte del país.
Este jueves detenían a otras 200 personas solo en Delhi. En total, ya hay más de mil arrestados
Aun así, el gobierno ha tenido difícil responder con firmeza ante un movimiento que, aunque originado por el colectivo musulmán, defiende el espíritu integrador y los valores de los padres fundadores de la India.
Protestas en Bombay (Ángel L. Martínez)
En respuesta a las protestas, a mitad de mes el primer ministro Narendra Modi señaló que los manifestantes “podían ser identificados por su vestimenta”, en alusión a la indumentaria musulmana. Pero el espíritu que ha adquirido el movimiento y la presencia de indios de otras religiones han hecho que el gobierno rebaje el tono. Esta semana, el propio Modi aseguró que los musulmanes indios no tienen que preocuparse mientras su equipo borraba un 'tweet' de su mano derecha y Ministro del Interior, Amit Shah, en el que ofrecía detalles de las futuras políticas del Ejecutivo con relación a las minorías: "Aplicaremos el NRC [Registro Nacional de Ciudadanía] en todo el país. Eliminaremos a todos los infiltrados menos a los sijs, budistas e hindúes".
La nueva ley permite solicitar asilo a inmigrantes irregulares de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre que entrasen en la India antes de 2015 y que no profesen el islam.
Según activistas y analistas, la amenaza que pende sobre la pluralidad religiosa de India no procede solo de la ley que originó las protestas, sino de su combinación con el futuro Registro Nacional de Ciudadanía. La primera medida, aprobada a principios de mes, permite solicitar asilo a inmigrantes irregulares de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre que entrasen en la India antes de 2015 y que no profesen el islam. La norma, aunque discriminatoria, solo afectaría a musulmanes refugiados en India. Pero el futuro registro nacional obligará a que todo ciudadano acredite su residencia en India durante generaciones. El 90% de los cerca de 200 millones de indios musulmanes son pobres y el 74% analfabetos. Sin propiedad ni certificado escolar, serían indocumentados según el futuro registro, y tampoco podrían pedir asilo, gracias a la ley de ciudadanía.
Protestas en Bombay. (A.L.M.)
No sólo musulmanes
“Crean centros de detención para millones a quienes el gobierno niega la ciudadanía. Esto afecta a todos las religiones”, explica Dolphy D'Souza, líder de uno de los mayores grupos cristianos de India. Se refiere al programa piloto del registro de ciudadanía impuesto en Assam, estado al noreste del país, y cuyo resultado, en agosto, dejó a cerca de dos millones de residentes pendientes de expulsión por apátridas.
El gobierno quiere crear un país solo para hindúes
"De los 1,9 millones de afectados, solo el 35% son musulmanes. El resto son solo hindúes pobres y de castas bajas. No solo persiguen a las minorías religiosas", explica por su parte Prakash Ambedkar, figura de los intocables y campesinos. El nieto del padre de la constitución insiste en que el gobierno quiere crear un país solo para hindúes, mientras que D'Souza añade que el borrador de la ley del censo también excluía a cristianos y parsis. Incluso un veterano de guerra indio y su familia fueron arrestados en Assam como resultado del nuevo registro de ciudadanía.
Nacionalismo religioso en el sur de Asia
Poco después de la enmienda de la ley de ciudadanía, se cancelaban las visitas de los ministros de Exteriores y de Interior de Bangladés. Este último desmentía la acusación de su contraparte indio de que las minorías religiosas están perseguidas en Bangladés. El país de mayoría musulmana comparte cerca de 270 kilómetros de frontera con la región india de Assam, que ha vivido un flujo migratorio constante desde que el Pakistán Oriental se independizase. Precisamente, serían las quejas locales a la transformación demográfica por la presencia musulmana en Assam las que hicieron que el gobierno indio iniciase el Registro Nacional de Ciudadanía en esta región.
La detención, por apátridas, de centenares de miles de musulmanes y su posible expulsión por la frontera este perjudica las relaciones de India con su vecino oriental, aliado clave para su estabilidad.
Miles de despedidos: el precio de enfrentarse a la industria textil de Bangladesh
AZAD MAJUMDER. DACCA (EFE)
Paralizar una poderosa industria que genera 30.000 millones de dólares al año fue una empresa muy complicada para 5.000 trabajadores de las fábricas de confección de Bangladesh.
El apoyo fronterizo de Bangladés ha mejorado la seguridad al noreste de India y la ayuda económica ofrece la única alternativa comercial al bloqueo en su frontera occidental. Modi ha impuesto el ostracismo a Pakistán tras una serie de atentados el pasado febrero en la fronteriza Cachemira y especialmente desde que en agosto Delhi moviera ficha para controlar Cachemira -única en India de mayoría musulmana- tras dividirla en dos territorios y eliminar su estatus especial. Paradójicamente, la política discriminatoria del supremacismo hindú en India es cada vez más análoga al islamismo pakistaní. Sri Lanka completa el tridente de nacionalismos religiosos y étnicos en el sur de Asia, que apostó por el líder del partido nacionalista budista cingalés en las elecciones del pasado noviembre.
El 'Terminator' con un pasado sangriento que "va a convertir Sri Lanka en EEUU"
L.G.A. COLOMBO (SRI LANKA)
El recién elegido presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, un teniente coronel de 70 años acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.
Pero el nacionalismo hindú de Modi da señales de desgaste en el ámbito local. Esta semana, su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), salía derrotado en las elecciones de Jharkhand, región fronteriza con Assam. Es el octavo estado que el partido del gobierno pierde desde marzo de 2018, pese a la aplastante victoria en las generales de mitad de este año. La foto actual de la administración india ofrece síntoma del buen estado de su democracia y de la capacidad de los votantes para diferenciar entre gobierno nacional y regional. Pero el efecto que la ley de ciudadanía y el censo en Assam han tenido en las elecciones de Jharkhand podrían repetirse en los comicios de 2020 en Delhi, ciudad marcada por las protestas de las últimas semanas.
Reuniones de más de 4 personas, prohibidas
La detención de 200 personas por las manifestaciones de este jueves en Delhi se une a los más de mil arrestados desde que se iniciaran las protestas. Desde entonces, la capital vive gran parte de la represión institucional, incluida brutalidad policial y medidas autoritarias. En una decisión sin precedentes, la semana pasada el gobierno prohibió las reuniones públicas de más de cuatro personas en la capital y otras ciudades, rescatando una ley heredada del pasado colonial británico. Otra medida represiva insólita ha sido cuando quedó cortada toda comunicación móvil, incluidos mensajes, llamadas e Internet, en diversas áreas de la ciudad.
Protestas en Bombay (A.L.M.)
Aunque es la primera vez que ocurre en la capital, esta medida no es inusual en India. Cachemira sufre repetidas desconexiones de Internet desde 2012 y esta semana batió el récord del apagón más largo en una democracia. Se estima que el 67% de los cortes de las comunicaciones en el mundo ocurren en India; muy por encima de vecinos, como Pakistán. Cercenar internet por motivos políticos tiene costes democráticos y económicos. Según el Consejo Indio para la Investigación en Relaciones Económicas Internacionales (ICRIER), los cortes entre 2012 y 2017 generaron pérdidas por valor de 3.040 millones de dólares a la ya maltrecha economía de India.
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