Narendra Modi, en el centro, este domingo en un acto de partido en Nueva Delhi. AP
La exclusión de los musulmanes de una ley para conseguir la ciudadanía abre el primer gran movimiento de contestación al dirigente desde que llegó al poder en 2014
La oleada de protestas contra la nueva ley de ciudadanía impulsada por el Gobierno de Narendra Modi, que facilita la regularización de personas sin papeles siempre que no sean musulmanes, se expande por la India. “¡Lathi chodo, sath chalo!” (deja las porras y únete), gritaban hace unos días miles de gargantas enfurecidas desde el corazón de Bombay en una de las muchas concentraciones contra políticas que consideran discriminatorias. Las movilizaciones, que hasta el momento han dejado 23 muertos y 1.500 detenidos en 10 días, continúan y suponen el primer gran desafío al liderazgo de Modi desde que llegó al poder en 2014. “Los musulmanes de la India no tienen por qué preocuparse”, aseguró este domingo en su primera aparición pública tras casi dos semanas de aprobación de la ley.
El mensaje de tranquilidad del dirigente, que acusa a los partidos rivales de “contar mentiras y difundir informaciones erróneas”, no cala. Ciudadanos de todas las religiones se han unido a las protestas: ponen en duda las verdaderas intenciones del partido de Modi, el conservador y nacionalista hindú Partido Bharatiya Janata (BJP), y consideran la nueva ley un ataque a la laicidad de la Constitución.
“Tenemos miedo porque esta ley es solo una piedra más en el muro que levantan contra nosotros”, apunta Mohammed Sheikh, un vecino musulmán de Bombay. En el histórico barrio musulmán de Bhendi Bazaar, uno de los tenderos del mercado, Amin Shoaib, de 43 años, se lamenta: “Nada va a cambiar. Gran parte de la sociedad india apoya al Gobierno y para ellos no tenemos cabida en este país”. “Esta no es la India por la que lucharon nuestros padres”, opina Satwiki, de 40 años, que participa de forma activa en las protestas. “Soy hindú y crecí junto a musulmanes, budistas, parsis y cristianos en un Bombay donde no teníamos que identificar nuestra religión”.
La primera legislatura del actual Gobierno estuvo guiada por mensajes con tintes xenófobos e impunidad ante los linchamientos contra musulmanes. Pero la consolidación de la mayoría absoluta en el Parlamento, en las elecciones de mayo, ha acelerado su programa político-religioso, basado en la hindutva o supremacismo hindú. La reciente decisión judicial de construir un templo hindú sobre los escombros de una mezquita recibió el beneplácito de la mayoría del país, que también asistió impertérrita a la división de Cachemira —único Estado indio de mayoría musulmana, fronterizo con Pakistán— después de que se cercenase el estatus constitucional especial para esta región.
Pero ha sido la enmienda a la ley de ciudadanía la que ha unido a diferentes sectores indios. Justificada para paliar el vacío legal de los muchos refugiados que viven en el país, la norma concede asilo y ciudadanía a inmigrantes irregulares de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre que entrasen en la India antes de 2015 y que no profesen el islam. Aunque la ley no afecta a los indios musulmanes, sus críticos aseguran que acabará con la pluralidad religiosa de la India. “El peligro de la ley reside en su conjunción con el futuro Registro Nacional de Ciudadanía (NRC, en inglés). El fascismo religioso del Gobierno quiere imponer una nación hindú en la India”, resume Javed Anand, secretario general de Musulmanes por una Democracia Secular.
Registro de apátridas
En agosto, el programa piloto del NRC dejó a casi dos millones de personas del Estado de Assam pendientes de expulsión por apátridas. Este obliga a presentar acreditación de residencia en la India durante varias generaciones. Según las estadísticas, más del 90% de los 170 millones de indios musulmanes del actual censo —algunos registros calculan que hay más de 190— son de origen pobre y el 74% analfabetos.
Sin propiedades ni certificados escolares, muchos de ellos serían indocumentados, según este registro de ciudadanía, y verían peligrar su estancia en la India por no poder pedir asilo debido a la fe que profesan. “Incluso musulmanes no marginados tendremos problemas, ya que nuestros nombres fueron registrados con diferente ortografía en pasaportes, certificados escolares y tarjetas de votantes”, considera Irfan A. Engineer, del Centro para el Estudio de la Sociedad y el Secularismo.
La sombra de la amenaza se cierne sobre otras minorías. “Hace un año, parsis y cristianos también fueron excluidos de la ley de ciudadanía”, explica Dolphy D’Souza, presidente de la Sabha Católica de Bombay. “¿Cómo quieren que los ciudadanos conserven documentos de sus ancestros cuando los políticos no pueden ni acreditar sus estudios? Esto es un ataque que afecta a todas las minorías del país, no solo a los musulmanes”, razonaba a este diario el líder de uno de los grupos cristianos más grandes del país, uno de los organizadores de la multitudinaria protesta del jueves pasado en la capital económica de la India.
También presente en la concentración de Bombay, el representante de los intocables y campesinos de India, Prakash Ambedkar, explicaba el riesgo que corren otros estratos sociales: “Las castas y tribus no solo siguen discriminadas socialmente, sino que vuelven a estar perseguidas institucionalmente por esta ley de ciudadanía, como lo estuvieron en el pasado”. Y llamaba a la unión de todos para el éxito de las protestas: “La mayoría tiene que movilizarse para defender la India del mayor ataque desde su independencia”. Este domingo hubo nuevas manifestaciones en Nueva Delhi y en el Estado de Uttar Pradesh.
El Gobierno prepara el contraataque. El BJP planea llevar a cabo más de 200 conferencias de prensa en los próximos días para contrarrestar las protestas: “A quienes están propagando el odio: cuando el Gobierno ha dado ayudas, ¿les preguntamos a la gente su religión?, ¿a qué partido votan?”, insistía este domingo Modi. “Este país no aceptará falsas acusaciones de que estoy quitándole derechos a la gente”, añadió.
Una estudiante de derecho musulmana, Fatima Khan, justificaba así su participación en las protestas: “No estamos aquí para defender a nuestra comunidad, sino para proteger nuestra Constitución”, explicaba. “Tras la partición, mi abuelo rechazo irse a Pakistán porque quiso vivir en un país secular”
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