Ceuta, 20 de junio de 2008, el faro digital,por Juanjo Oliva Un centenar de personas perderán la residencia en la ciudad ya que la Delegación del Gobierno les exige una serie de requisitos como contar con un contrato laboral, de arrendamiento o escritura pública de un inmueble, seguro médico o carecer de antecedentes penales tanto en España como en Marruecos. Laarbi Maateis, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta -UCIDCE- informó ayer de esta situación e indicó que estarían afectadas más 200 personas que han residido en la ciudad “toda su vida”.
Maateis señaló que, desde que la Tarjeta de Identidad y Residencia -TIR- se sustituyó por el Número de Identificación de Extranjeros -NIE-, “la residencia de este colectivo parecía no peligrar”. La reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor en 2005 pero no se aplicó hasta principios de 2006, “no afectaría a este grupo de personas, de hecho Delegación les convenció diciendo que no existía ningún inconveniente para su renovación”, en palabras del presidente de la UCIDCE.
La TIR fue un documento que se expedía “exclusivamente en la Oficina de Extranjería en Ceuta y Melilla” y concedía a los musulmanes “un estatus especial por el que esta tarjeta era suficiente para trabajar en Ceuta o ir a La Meca en la peregrinación”, en palabras de Maateis. El NIE, por su parte, se trata de un permiso de residencia que se otorga a todos los extranjeros que llegan a la península, un permiso ordinario de trabajo y residencia para los inmigrantes legales.
El capítulo de los antecedentes penales es el más peliagudo: un grupo de este colectivo “por ignorancia”, según el presidente de la UCIDCE, no cancelaron sus antecedentes policiales y con esta medida del Gobierno central “quedarían sin residencia y deberían marcharse de la ciudad”. Maateis dijo que, lo más grave, es que a algunos se les ha concedido un permiso de trabajo transfronterizo y a otros se les ha dado una cédula de inscripción similar a la que reciben los solicitantes de asilo en el CETI.
En el año 1986, cuando Maateis ocupaba el cargo de secretario adjunto de la Comunidad Musulmana de España en Ceuta, “se firmó el acuerdo de una comisión mixta entre el Ministerio de Interior, cuyo titular era José Barrionuevo; el secretario general de Estado, Rafael Vera, y el director general de Política Interior, Rafael de Francisco, que otorgaba a este colectivo de unas 2.700 personas la posibilidad de nacionalizarse y conseguir el DNI o bien retrasar esta adscripción al Estado español”, explicó.
Maateis se preguntó: “¿Por qué desde que entró en vigor la Ley de Extranjería en el 85 y hasta 2004 se aplicó de forma cuidadosa con los ceutíes y ahora que tenemos a ocho diputados en la Asamblea todo cambia?”.
Brigada para Sidi Embarek
Expuso la necesidad de que el cementerio de Sidi Embarek cuente con una brigada del Plan de Empleo de entre 30 y 35 efectivos. Hasta el momento, según Maateis, sólo destinan 6 ó 7 personas que se retiran “cuando hace falta un peón en otra parte”, aseguró. También solicitó dos administrativos para la sede de la UCIDCE.
Fracaso escolar elevado
Requirió disponer de una serie de plazas en el Plan de Empleo para jóvenes de 18 a 25 años ya que, aseguró, “muchos no saben que hacer después de terminar el curso y, si están en un ambiente de marginación, comienzan a delinquir. Con esta petición queremos evitar que ocurra precisamente eso”, destacó Maateis.
Regularización imames
Maateis solicitó la agilización de los permisos de residencia para imames. El presidente de la UCIDCE espera que la Delegación del Gobierno tome en cuenta esta demanda y resuelva los expedientes pendientes. “Nos transmitió su compromiso”, apuntó Maateis.
Inserción de presos
El presidente de la UCIDCE alabó la decisión que la Delegación tomó para el próximo Plan de Empleo a propósito de dedicar un número de plazas para presos en tercer grado. Aunque, según Maateis, “esta cifra se debe ampliar porque este colectivo es de los más desfavorecidos de la sociedad.
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