Valladolid, Jueves, 25 de octubre de 2007, Diario de León.-El PSOE cree que hay un vacío legal y pide garantías por la igualdad y contra la discriminación
El Grupo Popular considera que no existe un problema de este tipo en la comunidad
<-Un momento del Pleno de las Cortes, celebrado ayer
El portavoz de Educación del Grupo Popular, Fernando Rodríguez Porres, rechazó ayer que la Junta de Castilla y León regule sobre los símbolos religiosos en los colegios públicos porque no se trata de «un problema» en Castilla y León y sostuvo, por tal motivo, que la propuesta de la oposición socialista no es «oportuna, ni necesaria».
La socialista Ana Redondo defendió una proposición no de ley, en la segunda sesión del pleno de las Cortes, desestimada por el PP, en la que instó a la Junta a regular sobre el asunto de los símbolos religiosos en las aulas públicas, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del pasado mes de septiembre, en la que reconoce al Gobierno regional la competencia para revisar decisiones de los consejos escolares en el mantenimiento o retirada de símbolos religiosos en los centros.
Redondo se inspiró en su propuesta en la existencia de un vacío legal y en los derechos fundamentales de la Constitución como el de libertad ideológica, religiosa y de culto tanto a los ciudadanos como a las comunidades, la garantía de igualdad en el acceso a la educación sin que los alumnos sean discriminados por la creencia o no creencia religiosa. Por ello, añadió que la presencia en las aulas de símbolos religiosos discrimina a quien profesa otras religiones o a quien es agnóstico, derechos reconocidos en la norma magna en el fomento de la pluralidad de culto.
En tal sentido, manifestó que los crucifijos en las aulas afectan a la libertad religiosa de las personas, y subrayó que el Tribunal Constitucional reconoce que la libertad de enseñanza exige la neutralidad ideológica en los centros públicos como posición compatible con el respeto a la libertad de las familias que no eligen una orientación ideológica «determinada y explícita».
Rodríguez Porres replicó que las prioridades de la Junta en materia de educación se centran en la calidad, excelencia, esfuerzo, profesionalidad, lucha contra el fracaso escolar o bilingüismo, y recordó a la procuradora que solicita una regulación que rechazó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el consejero catalán del ramo, cuando surgió el problema del velo de una niña de religión islámica.
«No hay que regular algo que no se plantea como problema» en la Comunidad, remarcó el procurador 'popular', que añadió que la mejor garantía es el respeto a la autonomía de los centros porque la intervención estaría en contra de las competencias de los consejos escolares. Rodríguez Porres recordó que la revisión que otorga a la Junta la sentencia del TSJCyL no apunta hacia un «intervensionismo», sino el reconocimiento de acudir a los tribunales en el caso de no estar de acuerdo con la decisión de un centro.
Redondo subrayó que la posición sobre el velo nada tiene que ver con el mantenimiento de símbolos religiosos en las aulas y recordó que el primer caso está en el ejercicio individual de la persona, en su creencia interna, mientras que el segundo significa que la administración asuma símbolos religiosos, que, a su juicio, es «grave».
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