El Tribunal de Cuentas prevé aprobar antes de final de este año su primer informe de fiscalización a las aportaciones públicas a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas.
Se trata de un documento que abarca todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Este estudio se puso en marcha por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que acordó por unanimidad incluirlo en su plan de fiscalizaciones para 2018, según recuerdan a Europa press fuentes de la institución. PRIMERA VEZ PARA TODAS LAS CONFESIONES El órgano que preside María José de la Fuente espera que el informe esté aprobado "en este ejercicio" ya que en la actualidad de están "ultimando los trabajos de campo" y está previsto que los responsables de esta fiscalización "se reúnan en octubre para elaborar el borrador de anteproyecto de informe".
A partir de ahí, el proyecto de informe se remitirá a los fiscalizados para sus posibles alegaciones y, un mes después, se redactará un texto final, que se someterá a observaciones y finalmente se elevará a la sección de fiscalización y al pleno para su aprobación. En total, se calcula que el informe culminaría su tramitación a final de año.
Se trata de la primera vez que la Iglesia pasa por el control del organismo fiscalizador, al igual que el resto de confesiones con las que el Gobierno tiene acuerdos desde hace años: judíos, evangélicos y musulmanes. Precisamente, este jueves 26 de septiembre preguntado sobre la fiscalización de las cuentas de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha afirmado que hasta el momento no han recibido "ninguna solicitud" por parte del Ministerio de Hacienda, del de Justicia, ni del propio tribunal fiscalizador. "Nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones que se nos pidan", ha apuntado. Argüello ha hecho hincapié en que "no es lo mismo" una "partida finalista" contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, que otro tipo de partidas no finalistas.
"La asignación tributaria es un ejercicio de democracia fiscal, cada año los contribuyentes deciden poner la cruz o no, y ese dinero se da globalmente a la Iglesia para la realización de cualquiera que sean sus actividades", ha dicho. Ese dinero, que también se fiscaliza, se ofrece a la Iglesia en su conjunto y la Iglesia presenta anualmente la justificación de todas las actividades que realiza, según ha remarcado.
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