Cementerio musulmán en la localidad de Griñón, en la Comunidad de Madrid - ÓSCAR DEL POZO
El veto a la inhumación sin féretro fuerza a las familias musulmanas a trasladar a sus muertos
El artículo 21 del decreto de sanidad mortuoria de Galicia prohíbe la «conducción, traslado y enterramiento o incineración de cadáveres sin el correspondiente féretro o recipiente funerario», una disposición, ya superada en muchas de las comunidades autónomas españolas, que próximamente decaerá también del reglamento gallego para dar cabida a los enterramientos en contacto directo con la tierra requeridos por otras confesiones distintas del catolicismo y, singularmente, por el Islam.
Cumpliendo con el mandato del Parlamento gallego, que en abril de 2017 aprobó una proposición no de ley instando a la Xunta a revisar la normativa, la Consellería de Sanidade abrió en mayo un proceso de consulta previa para actualizar el decreto de 2014 y regular «especialmente» la posibilidad de inhumar los cuerpos sin féretro «para los casos que por razones de confensionalidad así se demande».
Varias muertes trágicas situaron en los últimos tiempos a la vista de la población general el dolor añadido que la imposibilidad de completar el rito funerario en el lugar de residencia acarrea a las familias musulmanas. En mayo de 2018 el matrimonio formado por Abdelkhalek el Bouabi Hailas y Ezzoura Bouadel perdía la vida en la explosión del almacén pirotécnico irregular de Paramos (Tui). El consulado de Marruecos intervino para correr con los gastos de repatriación de sus cuerpos: los fallecidos acumulaban más de una década de residencia en Tui, habían formado una familia allí, dejaban en Galicia a sus hijos de trece y ocho años, pero volvían a su país de origen ante la imposibilidad de ser enterrados en casa de acuerdo a su religión.
Las mismas dificultades, recuerda Mustafa Alhendi, presidente de la Comunidad Islámica en Galicia, se evidenciaron en 2017 con el fallecimiento de Moussa, el joven senegalés de 17 años que entró al mar en el Orzán a recuperar un balón y no regresó a la orilla. El cadáver del chico, apunta Alhendi, esperó una semana en el depósito hasta que la comunidad consiguió reunir el dinero suficiente para afrontar el traslado a Senegal. «Son verdaderos dramas sociales», remarca el presidente de la Comunidad Islámica en Galicia, señalando cómo, más allá de los focos, situaciones como las de Mousa y el matrimonio de Paramos se repiten cada día para las familias musulmanas, multiplicando el dolor y encareciendo en unos 8.000-9.000 euros los sepelios. «En Galicia somos una comunidad de casi 30.000 personas, muchas han nacido aquí, han hecho su vida aquí, y están teniendo que ser enterradas en otros países u en otras autonomías que ya han regulado esto. Conozco a varias familias gallegas que van a ver a sus muertos al cementerio de Griñón, en Toledo. Yo llevo 50 años aquí; estudié Medicina en la Universidad de Santiago, hice mi carrera profesional en La Coruña... No quiero que al morir me tengan que llevar a Damasco, allí ya son demasiados los muertos», expone Mustafa Alhendi.
De acuerdo a la religión islámica, explica, el cuerpo del fallecido debe ser lavado y preparado, envuelto en una tela blanca sin costuras. El cadáver se conduce entonces al cementerio y se deposita en la fosa abierta en contacto directo con la tierra, tendido sobre su costado derecho y con el rostro orientado a La Meca.
La proposición no de ley aprobada en 2017 en la Cámara autonómica instaba asimismo a la Xunta a trabajar con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en la «creación de cementerios de carácter supramunicipal que puedan atender la demanda de enterramientos conforme a los criterios de las confesiones religiosas minoritarias». Abiertos a distintas vías —desde la construcción de cementerios supramunicipales al norte y sur de Galicia, pasando por la compra privada de suelo o la concesión de anexos a camposantos católicos—, Alhendi sólo aguarda que «de una vez se cumplan las promesas».
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