Madrid, 2008-07-31,El País, A. DÍEZ
Si viven entre nosotros, si trabajan con nosotros y si pagan impuestos como nosotros, también deben tener derecho a votar. Esta es la síntesis del espíritu que mueve al Gobierno para extender el derecho al voto en las elecciones municipales al máximo número posible de extranjeros residentes estables en España. Pero hay algunos obstáculos que salvar y no todos serán posibles. Para desbrozar el camino, el Gobierno va a nombrar un embajador en misión especial para la negociación de acuerdos de reciprocidad con los países de los que proceden inmigrantes que viven en España.
Este fue el anuncio que ayer hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Comisión Constitucional para precisar los límites y las dificultades de la reforma de la Ley Orgánica Electoral General. Y el principal escollo para la extensión del derecho al voto de los inmigrantes está en la Constitución, cuyo artículo 13.2 establece la necesidad de reciprocidad para que los extranjeros puedan votar en España. Y no es fácil que en algunos países los españoles puedan votar. Bien porque impiden el voto a los extranjeros o simplemente porque no hay elecciones equiparables, como es el caso de China o Guinea Ecuatorial.
En estos momentos, de forma discreta, se trabaja con Marruecos para que permita votar a los españoles. En países como India, Pakistán y Argelia, la dificultad está en que deben modificar su legislación. Con el país magrebí ha habido también una primera aproximación y sus autoridades se han mostrado “receptivas”, según fuentes gubernamentales.
Otro bloque de países requiere la extensión de su derecho al voto a los ciudadanos españoles residentes. Son los casos de Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia. A la espera de ratificación de acuerdos internacionales se encuentran Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, para cuya culminación entrará en juego el futuro embajador.
En principio, no se observan objeciones por parte del PP, a juzgar por las intervenciones de Juan Carlos Vera, experto electoral de este partido y su compañero Celso Delgado, diputado por Ourense, cuya intervención se centró en el voto de los emigrantes españoles, singularmente gallegos.
Quizá por la especialización de los temas no debutó en esta comisión el portavoz del PP, Manuel Pizarro. Tampoco tomó la palabra el titular de esa comisión del Grupo Socialista, Jesús Quijano, sino que lo hizo la constitucionalista Meritxell Batet. Ningún diputado de CiU, PNV, ERC y Grupo Mixto asistió a la comisión.
Islam España es el portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la convivencia,la cooperación y el diálogo.
Si viven entre nosotros, si trabajan con nosotros y si pagan impuestos como nosotros, también deben tener derecho a votar. Esta es la síntesis del espíritu que mueve al Gobierno para extender el derecho al voto en las elecciones municipales al máximo número posible de extranjeros residentes estables en España. Pero hay algunos obstáculos que salvar y no todos serán posibles. Para desbrozar el camino, el Gobierno va a nombrar un embajador en misión especial para la negociación de acuerdos de reciprocidad con los países de los que proceden inmigrantes que viven en España.
Este fue el anuncio que ayer hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Comisión Constitucional para precisar los límites y las dificultades de la reforma de la Ley Orgánica Electoral General. Y el principal escollo para la extensión del derecho al voto de los inmigrantes está en la Constitución, cuyo artículo 13.2 establece la necesidad de reciprocidad para que los extranjeros puedan votar en España. Y no es fácil que en algunos países los españoles puedan votar. Bien porque impiden el voto a los extranjeros o simplemente porque no hay elecciones equiparables, como es el caso de China o Guinea Ecuatorial.
En estos momentos, de forma discreta, se trabaja con Marruecos para que permita votar a los españoles. En países como India, Pakistán y Argelia, la dificultad está en que deben modificar su legislación. Con el país magrebí ha habido también una primera aproximación y sus autoridades se han mostrado “receptivas”, según fuentes gubernamentales.
Otro bloque de países requiere la extensión de su derecho al voto a los ciudadanos españoles residentes. Son los casos de Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia. A la espera de ratificación de acuerdos internacionales se encuentran Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, para cuya culminación entrará en juego el futuro embajador.
En principio, no se observan objeciones por parte del PP, a juzgar por las intervenciones de Juan Carlos Vera, experto electoral de este partido y su compañero Celso Delgado, diputado por Ourense, cuya intervención se centró en el voto de los emigrantes españoles, singularmente gallegos.
Quizá por la especialización de los temas no debutó en esta comisión el portavoz del PP, Manuel Pizarro. Tampoco tomó la palabra el titular de esa comisión del Grupo Socialista, Jesús Quijano, sino que lo hizo la constitucionalista Meritxell Batet. Ningún diputado de CiU, PNV, ERC y Grupo Mixto asistió a la comisión.
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