Tarragona,10/01/2013,diaridetarragona.com,OCTAVI SAUMELL
El PP seguiría con la actual suspensión de licencias, ya que ‘no queremos más mezquitas’, según Alejandro Fernández.
El Ayuntamiento de Tarragona priorizará que los nuevos centros de culto se sitúen en las afueras de la ciudad. Así lo confirmó al Diari el concejal de Urbanisme, Carles Castillo (PSC), quien argumentó que la voluntad del ejecutivo local es la de «no causar molestias a los vecinos». Por ello, el edil indicó que la primera opción será que los futuros locales religiosos se ubiquen en los polígonos, «si bien se dejará la puerta abierta para implantarse en la trama urbana cumpliendo con unas duras medidas de insonorización».
Esto se traduce en el hecho de que, para poder abrir un nuevo centro en el núcleo urbano, deberá estar en un edificio aislado y sin vecinos. El pasado mes de marzo, el Consistorio decidió suspender la tramitación de las licencias para la apertura de nuevos centros de culto. En ese momento, el Ayuntamiento se dio un plazo de un año para elaborar un plan especial que fije los criterios objetivos para otorgar, a partir de este mismo 2013, los permisos para la apertura de los equipamientos religiosos. Ahora, diez meses después, la nueva ordenanza está a punto de ver la luz. Los técnicos municipales ya tienen muy avanzada su redacción y, durante los próximos meses, se iniciarán las conversaciones con el resto de formaciones políticas (CiU, PP e ICV) para acabar de pulir el texto que será aprobado por el pleno municipal. A lo largo de los últimos meses, la Guàrdia Urbana ha cerrado varios centros de culto de la ciudad.
Dos de ellos estaban situados en Torreforta y eran de confesiones musulmana y evangelista. También se detectó una mezquita ilegal en Sant Pere i Sant Pau, que también se ordenó cerrar. ‘Criterios objetivos’ Para entenderse, la voluntad del equipo de gobierno es que, por ejemplo, no pueda ubicarse una mezquita en el edificio del Banco de España, tal y como propuso ICV en la campaña electoral de las municipales de 2007. «Nuestra idea es que los futuros equipamientos no estén en edificios que vivan otros residentes», remarcó Castillo, quien añadió que «queremos definir unos criterios claros para tratar exactamente igual a todas las confesiones religiosas». El político tarraconense añadió que «lo que deseamos es mejorar la convivencia, igualando el derecho a la libertad religiosa con el del descanso de los vecinos».
Oposición del PP La formación política representada en el Saló de Plens que se muestra más crítica con la nueva ordenanza es el PP. Su portavoz, Alejandro Fernández, indica que su partido no quiere «abrir ahora este melón». El edil conservador remarca que el PP «no desea más mezquitas en la ciudad de Tarragona», por lo que se muestra partidario de mantener durante «más tiempo» la actual suspensión de licencias. Más condescendiente es Victòria Forns (CiU), quien considera que el trato que se da a un equipamiento religioso «debe ser el de cualquier otra instalación». Por ello, optaría por «cumplir con la legalidad vigente», priorizar «la convivencia con los vecinos» y «trabajar para que este centro ayude a evitar los conflictos». .
Arga Sentís (ICV) argumenta «estar de acuerdo» con la aprobación de una normativa «que trate a todas las confesiones por igual», si bien se muestra escéptica con la posibilidad de enviar los futuros centros de culto a los polígonos, ya que «no son ninguna actividad industrial». Sentís reconoce que «deberá buscarse una solución para adaptar espacios que cumplan con los requisitos de accesibilidad y de seguridad». Por lo que se refiere a la propuesta lanzada en 2007 por su formación de destinar el edificio del Banco de España a una mezquita, Sentís remarca que «se trató de una broma».
El PP seguiría con la actual suspensión de licencias, ya que ‘no queremos más mezquitas’, según Alejandro Fernández.
El Ayuntamiento de Tarragona priorizará que los nuevos centros de culto se sitúen en las afueras de la ciudad. Así lo confirmó al Diari el concejal de Urbanisme, Carles Castillo (PSC), quien argumentó que la voluntad del ejecutivo local es la de «no causar molestias a los vecinos». Por ello, el edil indicó que la primera opción será que los futuros locales religiosos se ubiquen en los polígonos, «si bien se dejará la puerta abierta para implantarse en la trama urbana cumpliendo con unas duras medidas de insonorización».
Esto se traduce en el hecho de que, para poder abrir un nuevo centro en el núcleo urbano, deberá estar en un edificio aislado y sin vecinos. El pasado mes de marzo, el Consistorio decidió suspender la tramitación de las licencias para la apertura de nuevos centros de culto. En ese momento, el Ayuntamiento se dio un plazo de un año para elaborar un plan especial que fije los criterios objetivos para otorgar, a partir de este mismo 2013, los permisos para la apertura de los equipamientos religiosos. Ahora, diez meses después, la nueva ordenanza está a punto de ver la luz. Los técnicos municipales ya tienen muy avanzada su redacción y, durante los próximos meses, se iniciarán las conversaciones con el resto de formaciones políticas (CiU, PP e ICV) para acabar de pulir el texto que será aprobado por el pleno municipal. A lo largo de los últimos meses, la Guàrdia Urbana ha cerrado varios centros de culto de la ciudad.
Dos de ellos estaban situados en Torreforta y eran de confesiones musulmana y evangelista. También se detectó una mezquita ilegal en Sant Pere i Sant Pau, que también se ordenó cerrar. ‘Criterios objetivos’ Para entenderse, la voluntad del equipo de gobierno es que, por ejemplo, no pueda ubicarse una mezquita en el edificio del Banco de España, tal y como propuso ICV en la campaña electoral de las municipales de 2007. «Nuestra idea es que los futuros equipamientos no estén en edificios que vivan otros residentes», remarcó Castillo, quien añadió que «queremos definir unos criterios claros para tratar exactamente igual a todas las confesiones religiosas». El político tarraconense añadió que «lo que deseamos es mejorar la convivencia, igualando el derecho a la libertad religiosa con el del descanso de los vecinos».
Oposición del PP La formación política representada en el Saló de Plens que se muestra más crítica con la nueva ordenanza es el PP. Su portavoz, Alejandro Fernández, indica que su partido no quiere «abrir ahora este melón». El edil conservador remarca que el PP «no desea más mezquitas en la ciudad de Tarragona», por lo que se muestra partidario de mantener durante «más tiempo» la actual suspensión de licencias. Más condescendiente es Victòria Forns (CiU), quien considera que el trato que se da a un equipamiento religioso «debe ser el de cualquier otra instalación». Por ello, optaría por «cumplir con la legalidad vigente», priorizar «la convivencia con los vecinos» y «trabajar para que este centro ayude a evitar los conflictos». .
Arga Sentís (ICV) argumenta «estar de acuerdo» con la aprobación de una normativa «que trate a todas las confesiones por igual», si bien se muestra escéptica con la posibilidad de enviar los futuros centros de culto a los polígonos, ya que «no son ninguna actividad industrial». Sentís reconoce que «deberá buscarse una solución para adaptar espacios que cumplan con los requisitos de accesibilidad y de seguridad». Por lo que se refiere a la propuesta lanzada en 2007 por su formación de destinar el edificio del Banco de España a una mezquita, Sentís remarca que «se trató de una broma».
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