Decenas de vecinos asisten al pleno después de que se les rechazaran sus alegaciones.
El PSC de Salt advirtió ayer que la modificación del Plan General que permite instalar centros de culto en los bajos de hasta 120 metros cuadrados de edificios plurifamiliares generará un "conflicto vecinal" en los barrios del casco urbano. "Generará una tensión innecesaria que no ayudará a la convivencia, además de conllevar problemas de movilidad", afirmó la concejala socialista Iolanda Pineda, quien también advirtió que habrá problemas para controlar que no se superen los aforos permitidos.
Decenas de miembros de asociaciones de vecinos y comerciantes llenaron ayer la Sala de Plenos para mostrar su rechazo a la propuesta, tras el equipo de gobierno (CiU) no haya tenido en cuenta sus alegaciones. La protesta se llevó a cabo de forma pacífica, aunque se vivió un momento de tensión cuando un miembro del público sugirió que CiU había "comprado" el voto de los ex concejales de Plataforma per Catalunya para sacar adelante la propuesta.
El alcalde, Jaume Torramadé, amenazó con expulsar de la sala del autor del comentario, pero éste permaneció anónimo. La iniciativa contó con los votos a favor de CiU, PP y los concejales no adscritos Carles Bonet y Juana Dolores Martínez. IPS se abstuvo, mientras que PSC y Plataforma per Catalunya votaron en contra. La modificación del Plan General aprobada ayer servirá para que los bajos de edificios plurifamiliares puedan acoger centros de culto, y en cambio quedará prohibido abrir nuevos en el polígono industrial de Torremirona, aparte de los dos que ya tienen licencia. Según el gobierno de CiU, la nueva medida facilitará que las religiones minoritarias encuentren un lugar para ubicarse. Sólo quedan excluidos de la normativa los grupos Virgen María, Santiago y San Cugat, debido a su alta densidad de viviendas.
Aunque en un principio CiU y PSC habían llegado a un acuerdo para las dos licencias para espacios de culto que se están haciendo actualmente en Torremirona contuso con uso religioso aunque los promotores actuales finalizaran su actividad, finalmente CiU accedió a las demandas del PP para uso no se mantenga, ya que el PSC no pensaba votar a favor y, en cambio, el representante popular, sí. Las asociaciones de vecinos y comerciantes presentaron un total de 8 alegaciones contra la nueva normativa, advirtiendo de los problemas de convivencia que conllevaría. El ayuntamiento, sin embargo, las ha desestimado porque, pese a reconocer que es muy difícil encontrar una solución que guste todos, cree que esta es la conllevará menos problemas.
La concejala Rosa Pórtulas (CiU) argumentó que esta propuesta se ha basado en argumentos más técnicos que políticos. Tema ya resuelto Iolanda Pineda argumentó el voto en contra del PSC señalando que la adaptación de los centros de culto a la nueva normativa ya la había resuelto su gobierno en el anterior mandato, y consideró que su propuesta de concentrar los templos en Torremirona serviría para "preservar el derecho a la religión y mantener al mismo tiempo la cohesión social y la convivencia vecinal en el centro de la ciudad". El concejal no adscrito Carles Bonet defendió que, si hasta ahora no ha habido un incremento de peticiones para abrir centros de culto, ve improbable que estas aumenten con la nueva normativa, que establece más restricciones. Desde el PP, Felipe Gil votó a favor.
Por parte de IPS, Fernando Burch alabó la iniciativa pero consideró que todas las zonas de la villa se deberían tratar igual y no crear divisiones. Finalmente, desde Plataforma María Osuna criticó que la desestimación de las alegaciones no se hubiera comunicado antes a los vecinos. El pleno también sirvió para dar luz verde a la modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana y vía pública, que, entre otros, instaura multas para comportamientos racistas o de acoso en el espacio público.
La iniciativa tuvo el voto favorable de todos los grupos excepto Plataforma, que votó en contra, y IPS, que se abstuvo. Por otra parte, el pleno también votó una moción en contra del transfuguismo presentada por la concejala de Plataforma, partido que ha visto como dos de sus representantes pasaban al grupo mixto este mandato. Curiosamente, la propuesta sólo recibió el apoyo de estos dos concejales, Carles Bonet y Dolores Martínez, que consideraron que pasaron al grupo mixto no puede considerarse transfuguismo. El resto de partidos votaron en contra y lamentaron "el circo" que, a su juicio, Plataforma montó en el Ayuntamiento de Salt.
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