Girona,22/01/2013,lavanguardia.com
En pocas semanas el Ayuntamiento de Tarragona volverá a concederlicencias para la instalación y apertura de nuevos centros de culto en la ciudad, pero esta vez será mucho más exigente a la hora de dar su aprobación a las comunidades o entidades que soliciten el correspondiente permiso. El pasado mes de marzo decidió suspender la tramitación de cualquier demanda, indistintamente de la confesión religiosa, y desde entonces ha estado trabajando en el texto de una nueva ordenanza que está a punto de ver la luz y que será “posibilista pero restrictiva”, según palabras del concejal de Urbanismo, Carles Castillo (PSC).
El endurecimiento de las condiciones para poder abrir un local o espacio dedicado al culto conllevará, a la práctica, que la inmensa mayoría se ubiquen en los polígonos industriales porque “el objetivo es evitar molestias a los vecinos”. De hecho, un año atrás, la oposición frontal de un grupo de vecinos de la Part Baixa –también del grupo municipal del PP– frenó la apertura de una mezquita en un edificio de la calle Cartagena y fue el detonante para que el consistorio aprobara una moratoria en la concesión de nuevas licencias para centros de culto en la ciudad.
Por aquél entonces también estaba pendiente de resolución una demanda para la instalación de una iglesia evangelista en la Vall de l’Arrabassada y durante estos diez meses de suspensión de la ordenanza se han registrado entre ocho y diez peticiones más “por parte de comunidades religiosas de todo tipo”, afirma Castillo. A su vez, a lo largo de los últimos meses la Guardia Urbana ha cerrado una mezquita y un centro evangelista que funcionaban desde hacía un tiempo en el barrio de Torreforta, así como una mezquita ilegal en Sant Pere i Sant Pau, que también se ordenó clausurar.
Ahora, los técnicos municipales ya tienen muy avanzada la redacción de la nueva normativa que, en principio, entrará en vigor entre los meses de marzo y abril. En términos generales, se endurecen las condiciones para poder obtener una licencia, especialmente, si lo que se pretende es ubicar el centro de culto en la trama urbana de la ciudad, teniendo en cuenta que los equipamientos con fines religiosos “sólo podrán abrir en edificios aislados, sin vecinos, o que estén perfectamente insonorizados”.
“Nuestra prioridad será evitar conflictos con los residentes y por eso apostamos por una ordenanza que es mucho más restrictiva pero posibilista, porque no cerramos la puerta a nadie siempre que se cumplan todos los requisitos”, sostiene el concejal Carles Castillo. Las condiciones fijadas dan poco margen de maniobra a la hora de ubicar equipamientos de este tipo en el centro de la ciudad pero Castillo deja claro que “se tratará por igual a todas las confesiones religiosas” y que los espacios que ya están abiertos en la trama urbana y no provocan conflictos de ningún tipo “no tendrán ningún problema para continuar funcionando como hasta el momento”.
Una vez se disponga del texto definitivo, se abrirá un período de negociación con las diferentes fuerzas políticas con representación en el consistorio (CiU, PP e ICV) para poder aprobar la nueva ordenanza con el máximo consenso posible. El PP no quiere nuevas mezquitas La propuesta del equipo de gobierno de Tarragona, a priori, no tendrá grandes dificultades para prosperar una vez se presente en el pleno municipal.
Eso sí, la formación más crítica con la ordenanza es el PP ya que, según su portavoz, Alejandro Fernández, “Tarragona no necesita abrir de nuevo este debate, ni más mezquitas en la ciudad, por eso lo mejor sería mantener durante más tiempo la actual suspensión en la tramitación de nuevas licencias”. Tanto CiU como ICV están de acuerdo con una normativa que no dé un trato diferenciado según la confesión religiosa y que respete la convivencia con los vecinos. La más escéptica con la posibilidad de trasladar los futuros centros de culto a los polígonos es la portavoz ecosocialista, Arga Sentís, que lamenta que se les trate “como si fuera una actividad industrial”.
La nueva ordenanza relegará los nuevos espacios a los polígonos, fuera de la trama urbana |
El Ayuntamiento ni tramita ni concede permisos de apertura desde el pasado marzo.
En pocas semanas el Ayuntamiento de Tarragona volverá a concederlicencias para la instalación y apertura de nuevos centros de culto en la ciudad, pero esta vez será mucho más exigente a la hora de dar su aprobación a las comunidades o entidades que soliciten el correspondiente permiso. El pasado mes de marzo decidió suspender la tramitación de cualquier demanda, indistintamente de la confesión religiosa, y desde entonces ha estado trabajando en el texto de una nueva ordenanza que está a punto de ver la luz y que será “posibilista pero restrictiva”, según palabras del concejal de Urbanismo, Carles Castillo (PSC).
El endurecimiento de las condiciones para poder abrir un local o espacio dedicado al culto conllevará, a la práctica, que la inmensa mayoría se ubiquen en los polígonos industriales porque “el objetivo es evitar molestias a los vecinos”. De hecho, un año atrás, la oposición frontal de un grupo de vecinos de la Part Baixa –también del grupo municipal del PP– frenó la apertura de una mezquita en un edificio de la calle Cartagena y fue el detonante para que el consistorio aprobara una moratoria en la concesión de nuevas licencias para centros de culto en la ciudad.
Por aquél entonces también estaba pendiente de resolución una demanda para la instalación de una iglesia evangelista en la Vall de l’Arrabassada y durante estos diez meses de suspensión de la ordenanza se han registrado entre ocho y diez peticiones más “por parte de comunidades religiosas de todo tipo”, afirma Castillo. A su vez, a lo largo de los últimos meses la Guardia Urbana ha cerrado una mezquita y un centro evangelista que funcionaban desde hacía un tiempo en el barrio de Torreforta, así como una mezquita ilegal en Sant Pere i Sant Pau, que también se ordenó clausurar.
Ahora, los técnicos municipales ya tienen muy avanzada la redacción de la nueva normativa que, en principio, entrará en vigor entre los meses de marzo y abril. En términos generales, se endurecen las condiciones para poder obtener una licencia, especialmente, si lo que se pretende es ubicar el centro de culto en la trama urbana de la ciudad, teniendo en cuenta que los equipamientos con fines religiosos “sólo podrán abrir en edificios aislados, sin vecinos, o que estén perfectamente insonorizados”.
“Nuestra prioridad será evitar conflictos con los residentes y por eso apostamos por una ordenanza que es mucho más restrictiva pero posibilista, porque no cerramos la puerta a nadie siempre que se cumplan todos los requisitos”, sostiene el concejal Carles Castillo. Las condiciones fijadas dan poco margen de maniobra a la hora de ubicar equipamientos de este tipo en el centro de la ciudad pero Castillo deja claro que “se tratará por igual a todas las confesiones religiosas” y que los espacios que ya están abiertos en la trama urbana y no provocan conflictos de ningún tipo “no tendrán ningún problema para continuar funcionando como hasta el momento”.
Una vez se disponga del texto definitivo, se abrirá un período de negociación con las diferentes fuerzas políticas con representación en el consistorio (CiU, PP e ICV) para poder aprobar la nueva ordenanza con el máximo consenso posible. El PP no quiere nuevas mezquitas La propuesta del equipo de gobierno de Tarragona, a priori, no tendrá grandes dificultades para prosperar una vez se presente en el pleno municipal.
Eso sí, la formación más crítica con la ordenanza es el PP ya que, según su portavoz, Alejandro Fernández, “Tarragona no necesita abrir de nuevo este debate, ni más mezquitas en la ciudad, por eso lo mejor sería mantener durante más tiempo la actual suspensión en la tramitación de nuevas licencias”. Tanto CiU como ICV están de acuerdo con una normativa que no dé un trato diferenciado según la confesión religiosa y que respete la convivencia con los vecinos. La más escéptica con la posibilidad de trasladar los futuros centros de culto a los polígonos es la portavoz ecosocialista, Arga Sentís, que lamenta que se les trate “como si fuera una actividad industrial”.
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