martes, 22 de marzo de 2011

Suárez Pertierra: “los poderes públicos deben cooperar con las confesiones religiosas”

Palma de Mallorca,21/03/2011,blogs.periodistadigital.com

[Gustavo Suárez Pertierra]

Los pasados días 17 y 18 de marzo, la Universitat Illes Balears (UIB) celebró las jornadas ‘Derecho Autonómico y Religión: cuestiones candentes’, con la participación de catedráticos y expertos en la materia. Entre ellos, el subdirector de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, José Mª Contreras; el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, José Manuel López; y el presidente de la Fundación Elcano, Gustavo Suárez Pertierra.

La prensa local se ha hecho eco del acto destacando la información sobre el notable aumento de los grupos religiosos inscritos en el Registro de Entidades Religiosas – un 600% desde el año 1980, cuando se creó el Registro-. Los datos fueron ofrecidos por José Mª Contreras, subdirector de Relaciones con las Confesiones, quien señaló que en la actualidad son más de 2.300 los grupos religiosos inscritos.

Según Europa Press, Contreras ha incidido en que este sustancial aumento obedece a la importante llegada de flujos migratorios con credos distintos al católico, desde que España se convirtió en país de acogida. También ha detallado el Subdirector que, según encuestas del CIS, los musulmanes se muestran “encantados y muy a gusto” de vivir en España, porque sienten que existe “respeto por su religión, mucho más que en otros países”.

Sin embargo, cree Contreras que hay que seguir trabajando por la integración. “En España ha habido un "cambio sociológico", y la sociedad, que ahora es muy plural, convive con una "gran diversidad religiosa" (…) "hay que trabajar a la hora de gestionar esta diversidad, para evitar que se produzcan conflictos como los que han surgido en países como Francia, Reino Unido u Holanda", opinó.

Por su parte, Suárez Pertierra, quien fuera ministro de Educación y de Defensa durante la presidencia de Felipe González, insistió en que la laicidad y la cooperación son las bases de la relación entre el Estado y la religión.

En declaraciones a EL MUNDO, el ex Ministro opinó que “los poderes públicos deben cooperar con las confesiones religiosas para facilitar el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa de los ciudadanos, sin favorecer con ello a las creencias religiosas”.

Considera que esa cooperación se está llevando a cabo “razonablemente bien” y rechaza que deba identificarse inmigración con religión: “No todos los inmigrantes africanos son musulmanes, por ejemplo. El principio fundamental es la libertad personal”, subrayó.

Pertierra reconoció que resulta difícil juzgar sobre “cuestiones fronterizas”, como el hecho de permitir el velo islámico en una escuela donde no se permita el uso de gorras a los alumnos, y otras cuestiones semejantes. “Son cuestiones fronterizas. El plan de estudios debe respetarse y es mucho más dudoso que deba ser impuesta determinada exigencia socio cultural. Debemos ponderar cada caso y no aplicar normas generales”, opinó.

No cabe la ‘reciprocidad’

Acerca del discurso, que se esgrime desde algunos sectores, indignados por el trato que en algunos países musulmanes se da a los creyentes de otras confesiones, Pertierra descartó la aplicación de medidas recíprocas: “no vale el argumento de que en una saciedad musulmana no se nos permitiría”, señaló, “No es un problema de reciprocidad sino de que Occidente se ha dotado de un sistema democrático que nos obliga a establecer el respeto y la libertad personal como un criterio básico de convivencia. Por mucho que a nosotros no nos traten igual”.

La Administración, obligada a cooperar

Los distintos ponentes coincidieron en que el Estado debe amparar con su ética pública al ciudadano cuando éste necesita ejercer su derecho fundamental de libertad religiosa o de respuesta no religiosa a una situación, porque así lo manda la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa. Pese a ello, no siempre la Administración aplica la norma como debiera.

“La norma está clara, pero está lejos de aplicarse completamente”, explicó José Manuel López, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. “Los representantes de religiones minoritarias -es decir, distintas a la católica- tienen dificultades para abrir lugares de culto o llevar a cabo sus ritos. El reto es, pues, que la Administración sepa cómo actuar y ofrezca soluciones”.

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