Madrid,22/06/2012,ccaa.elpais.com,Elena G. Sevillano
Organizaciones sociales, sindicales y de inmigración tildan de "racista" la reforma sanitaria
18 entidades denuncian en una declaración que "vulnera derechos constitucionales"
Cerca de 100.000 personas extranjeras sin papeles que residen en la Comunidad de Madrid perderán su tarjeta sanitaria el próximo 31de agosto, han denunciado hoy 18 organizaciones sociales, sindicales y de inmigración que han hecho pública en una rueda de prensa una declaración conjunta ante la reforma del derecho de acceso al sistema sanitario. La reforma, aseguran las entidades, entre las que figuran CCOO y UGT, "vulnera derechos constitucionales" y supondrá problemas de salud pública.
"Con la nueva normativa consideramos que se podrían estar vulnerando dos preceptos constitucionales", señalan: el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el 9.2, que regula "el papel de los poderes públicos como garantes del mismo". Estas organizaciones consideran que "el decreto ley 16/2012 del Gobierno de España modifica y limita derechos y libertades de las personas extranjeras y españolas reconocidas en leyes superiores".
Entre otras cosas, el decreto que reforma la normativa de acceso a la sanidad "elimina el carácter universalista de acceso, cambiando el concepto de persona, como titular del derecho a la salud, por el de asegurado", con lo que expulsa a miles de personas del sistema.
"La cifra nunca podría ser superior a 92.285 inmigrantes irregulares", calcula la Consejería de Sanidad
Los firmantes cifran en "unas 100.000" las personas extranjeras que se quedarán sin tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid. A partir del 1 de septiembre, el hecho de no tener residencia legal en España les dejarán sin derecho a ella, ya que la actual, para la que sólo existía el requisito de estar inscrito en el padrón municipal, caducará el 31 de agosto.
La Consejería de Sanidad desconocía a finales de abril cuál era la cifra exacta de los afectados por la nueva normativa. "Al hecho de que para la emisión de la tarjeta sanitaria en ningún momento se pide residencia legal, se añade la circunstancia del retorno de inmigrantes a sus países de origen o traslado a otros países que se realiza sin cancelar previamente la tarjeta sanitaria", explicaba una portavoz. "En todo caso la cifra nunca podría ser superior a 92.285 inmigrantes irregulares, que es el número de tarjetas sanitarias con documento nacional de identidad cuyo titular aportó en el momento de la expedición su pasaporte y no el número de identidad de extranjero", añadía. En 2007, antes de empezar la crisis, el número de inmigrantes en situación irregular podría alcanzar los 225.259, según esta fuente. El número de inmigrantes que abandona España no se conoce hasta dos años después, ya que deben renovar el permiso cada dos años, explicó.
La declaración de las organizaciones denuncia que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante circular interna, sin ninguna fuerza vinculante, impida a los extranjeros en situación de irregularidad solicitar la tarjeta sanitaria". Quienes ya la tengan "podrán utilizarla hasta el 31 de agosto, pero a los inmigrantes que están tratando de obtenerla ya se les está exigiendo desde mayo tener la residencia, cuando antes sólo se pedía estar empadronado", lo que constituye "una medida ilegal y una expulsión anticipada del sistema sanitario", según el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Mariano Sánchez Bayle, informa Efe.
"En ningún caso aceptamos como argumento el supuesto ahorro que supondría excluir a una parte importante de la población extranjera", se quejan las organizaciones. Según sus datos, este colectivo solo supone un 0,8% del gasto sanitario, ya que se trata de personas jóvenes y, por lo general, sanas. La declaración termina exigiendo al Gobierno la retirada de la reforma "por injusta e insolidaria".
Islam España es el portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la convivencia,la cooperación y el diálogo.
Organizaciones sociales, sindicales y de inmigración tildan de "racista" la reforma sanitaria
18 entidades denuncian en una declaración que "vulnera derechos constitucionales"
Cerca de 100.000 personas extranjeras sin papeles que residen en la Comunidad de Madrid perderán su tarjeta sanitaria el próximo 31de agosto, han denunciado hoy 18 organizaciones sociales, sindicales y de inmigración que han hecho pública en una rueda de prensa una declaración conjunta ante la reforma del derecho de acceso al sistema sanitario. La reforma, aseguran las entidades, entre las que figuran CCOO y UGT, "vulnera derechos constitucionales" y supondrá problemas de salud pública.
"Con la nueva normativa consideramos que se podrían estar vulnerando dos preceptos constitucionales", señalan: el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el 9.2, que regula "el papel de los poderes públicos como garantes del mismo". Estas organizaciones consideran que "el decreto ley 16/2012 del Gobierno de España modifica y limita derechos y libertades de las personas extranjeras y españolas reconocidas en leyes superiores".
Entre otras cosas, el decreto que reforma la normativa de acceso a la sanidad "elimina el carácter universalista de acceso, cambiando el concepto de persona, como titular del derecho a la salud, por el de asegurado", con lo que expulsa a miles de personas del sistema.
"La cifra nunca podría ser superior a 92.285 inmigrantes irregulares", calcula la Consejería de Sanidad
Los firmantes cifran en "unas 100.000" las personas extranjeras que se quedarán sin tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid. A partir del 1 de septiembre, el hecho de no tener residencia legal en España les dejarán sin derecho a ella, ya que la actual, para la que sólo existía el requisito de estar inscrito en el padrón municipal, caducará el 31 de agosto.
La Consejería de Sanidad desconocía a finales de abril cuál era la cifra exacta de los afectados por la nueva normativa. "Al hecho de que para la emisión de la tarjeta sanitaria en ningún momento se pide residencia legal, se añade la circunstancia del retorno de inmigrantes a sus países de origen o traslado a otros países que se realiza sin cancelar previamente la tarjeta sanitaria", explicaba una portavoz. "En todo caso la cifra nunca podría ser superior a 92.285 inmigrantes irregulares, que es el número de tarjetas sanitarias con documento nacional de identidad cuyo titular aportó en el momento de la expedición su pasaporte y no el número de identidad de extranjero", añadía. En 2007, antes de empezar la crisis, el número de inmigrantes en situación irregular podría alcanzar los 225.259, según esta fuente. El número de inmigrantes que abandona España no se conoce hasta dos años después, ya que deben renovar el permiso cada dos años, explicó.
La declaración de las organizaciones denuncia que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante circular interna, sin ninguna fuerza vinculante, impida a los extranjeros en situación de irregularidad solicitar la tarjeta sanitaria". Quienes ya la tengan "podrán utilizarla hasta el 31 de agosto, pero a los inmigrantes que están tratando de obtenerla ya se les está exigiendo desde mayo tener la residencia, cuando antes sólo se pedía estar empadronado", lo que constituye "una medida ilegal y una expulsión anticipada del sistema sanitario", según el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Mariano Sánchez Bayle, informa Efe.
"En ningún caso aceptamos como argumento el supuesto ahorro que supondría excluir a una parte importante de la población extranjera", se quejan las organizaciones. Según sus datos, este colectivo solo supone un 0,8% del gasto sanitario, ya que se trata de personas jóvenes y, por lo general, sanas. La declaración termina exigiendo al Gobierno la retirada de la reforma "por injusta e insolidaria".
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