Un grupo de alumnos extranjeros aprende castellano en un curso de Desod. :: A. E. CAÑOEl texto normativo urgirá a la Administración a «hacer efectivo» el aprendizaje de la lengua española
«Los inmigrantes tienen el deber de conocer la lengua castellana y usarla en sus relaciones con los poderes públicos de Castilla y León». Es el artículo 26 del anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, promovido por el Ejecutivo autonómico y de aplicación entre las personas sin ciudadanía europea que adquieran «vecindad administrativa» en Castilla y León.
El texto, redactado a instancias de la Consejería de Interior y Justicia que dirige Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra en fase de consulta, abierto a cambios y sugerencias, y debe pasar aún por el informe de órganos como el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo y por el control de calidad de la Asesoría Jurídica de la Junta.
El proyecto de ley llegará a las Cortes, si cumple el calendario previsto, este mismo año. A ello se comprometió el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el propio hemiciclo autonómico a mediados de febrero, cuando presentó su Agenda de Población. Los 15.121 ciudadanos extranjeros con residencia legal en la comunidad en 1998 se han convertido en 167.641 en el padrón del 2009. Son, tal y como reconoce el borrador de anteproyecto, «una provincia más», la décima. O la undécima, si entre los autóctonos y los inmigrantes meten cuña los 113.255 ciudadanos nacidos en la comunidad que han emigrado, o sus descendientes, y que están inscritos como residentes ausentes en municipios de Castilla y León.
La obligación de los inmigrantes de defenderse en castellano lleva aparejado en la ley un deber para las administraciones, el de impulsar las iniciativas necesarias para facilitar el aprendizaje de la lengua. El artículo 6 del texto del anteproyecto asienta el derecho a conocer la lengua oficial. «La población inmigrante tiene derecho a que los poderes públicos implementen los medios necesarios para poder hacer efectivo el deber de conocer el castellano», estipula textualmente el documento que la Junta ha facilitado a numerosas organizaciones e instituciones para su consulta.
La regulación normativa parte de un planteamiento positivo de la llegada de ciudadanos de otras tierras a Castilla y León. Eso supone «una gran influencia en la demografía, la economía y el mercado laboral, por lo que los distintos actores sociales deben centrar sus esfuerzos en aplicar medidas adecuadas y soluciones eficaces para aprovechar la riqueza cultural y la diversidad que supone la llegada de inmigrantes a España», recoge la exposición de motivos del texto.
Este planteamiento implica que entre los objetivos que persigue la ley figure en un lugar de especial relevancia evitar «los efectos perversos que una inmigración mal planificada puede tener sobre los propios inmigrantes y sobre la sociedad que los acoge» y atajar, desde la prevención, «actitudes racistas y xenófobas» o la «ruptura con el modo de convivencia occidental».
Entre los principios rectores del texto destacan el respeto a la interculturalidad, el que los inmigrantes deben a la sociedad castellana y leonesa y sus costumbres y el apoyo a aquellos que quieran retornar a sus países de origen.
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