El relator de Naciones Unidas sobre Birmania (Myanmar), Tomas Ojea Quintana, afirmó hoy que algunas violaciones de los derechos humanos cometidas por la junta militar birmana pueden entrar en la categoría de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Al mismo tiempo, Ojea expresó sus dudas sobre la credibilidad de las elecciones previstas para este año en Birmania.
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ojea manifestó que "existe la posibilidad de que ciertas violaciones de los derechos humanos (cometidas por el régimen birmano) entren en la categoría de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra".
Dicha posibilidad, agregó, "debe ser examinada seriamente" y subrayó que la comunidad internacional debe exigir la creación de una comisión de investigación en este sentido.
Ojea Quintana aclaró, en conferencia de prensa posterior a su intervención, que dichas violaciones de los derechos humanos, "graves y sistemáticas" abarcan desde ataques a la integridad de las personas, desplazamientos forzosos, discriminación por razones étnicas, ausencia de libertad de expresión y asociación y la existencia de numerosos presos de conciencia.
Ojea enmarcó su informe en el contexto de las elecciones que la junta militar ha anunciado que se celebrarán en 2010 -y que serían las primeras en 20 años para el país- pero aseguró que no se dan las condiciones para que dichos comicios sean libres.
El experto, que efectuó en febrero pasado su tercera misión en Birmania, dijo que no observó progresos y que continúan existiendo numerosos prisioneros políticos, con nuevos arrestos y duras condenas.
"El Gobierno de Birmania reitera que no existen presos políticos, sólo presos que han violado la ley (...) pero a esas personas encarceladas por el ejercicio de sus derechos básicos (...) se les ha prohibido explícitamente hacerse miembros de los partidos políticos que desean presentarse a las elecciones", señaló.
Y añadió que "no veo indicaciones de que el Gobierno piense liberar a los presos de conciencia o garantizar las libertades básicas, y sin plena participación, incluida la de unos 2.100 presos de conciencia, y un ambiente que garantice la libertad de expresión y otras, esas elecciones no serán creíbles".
EL experto también denunció la sistemática discriminación de la población musulmana de Birmania, cerca de un millón de personas que viven en el norteño estado de Rajin, y que están privados de toda ciudadanía en base a su etnia y son considerados como inmigrantes ilegales.
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Al mismo tiempo, Ojea expresó sus dudas sobre la credibilidad de las elecciones previstas para este año en Birmania.
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ojea manifestó que "existe la posibilidad de que ciertas violaciones de los derechos humanos (cometidas por el régimen birmano) entren en la categoría de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra".
Dicha posibilidad, agregó, "debe ser examinada seriamente" y subrayó que la comunidad internacional debe exigir la creación de una comisión de investigación en este sentido.
Ojea Quintana aclaró, en conferencia de prensa posterior a su intervención, que dichas violaciones de los derechos humanos, "graves y sistemáticas" abarcan desde ataques a la integridad de las personas, desplazamientos forzosos, discriminación por razones étnicas, ausencia de libertad de expresión y asociación y la existencia de numerosos presos de conciencia.
Ojea enmarcó su informe en el contexto de las elecciones que la junta militar ha anunciado que se celebrarán en 2010 -y que serían las primeras en 20 años para el país- pero aseguró que no se dan las condiciones para que dichos comicios sean libres.
El experto, que efectuó en febrero pasado su tercera misión en Birmania, dijo que no observó progresos y que continúan existiendo numerosos prisioneros políticos, con nuevos arrestos y duras condenas.
"El Gobierno de Birmania reitera que no existen presos políticos, sólo presos que han violado la ley (...) pero a esas personas encarceladas por el ejercicio de sus derechos básicos (...) se les ha prohibido explícitamente hacerse miembros de los partidos políticos que desean presentarse a las elecciones", señaló.
Y añadió que "no veo indicaciones de que el Gobierno piense liberar a los presos de conciencia o garantizar las libertades básicas, y sin plena participación, incluida la de unos 2.100 presos de conciencia, y un ambiente que garantice la libertad de expresión y otras, esas elecciones no serán creíbles".
EL experto también denunció la sistemática discriminación de la población musulmana de Birmania, cerca de un millón de personas que viven en el norteño estado de Rajin, y que están privados de toda ciudadanía en base a su etnia y son considerados como inmigrantes ilegales.
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