Munté espera recaudar un millón de euros con este nuevo gravamen
Los inmigrantes que soliciten un informe de arraigo deberán abonar una tasa de 35 euros. La medida, que ayer anunció la consejera de Bienestar y Familia, Neus Munté, entrará en vigor tras la aprobación de los Presupuestos de 2013. El departamento estima que el gravamen permitirá recaudar un millón de euros que, según Munté, servirán para financiar los gastos burocráticos de estos procedimientos. Desde julio de 2011 la Generalitat ha tramitado 59.737 informes de extranjería. En una entrevista a la agencia Efe, Munté afirmó que la tasa está dentro de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, por lo que entrará en vigor cuando estos sean aprobados en el Parlament. El gravamen ya se aplica en algunos ayuntamientos que han decidido cobrar por elaborar informes de extranjería porque, dijo, es “una tarea personalizada” en la que “se tiene que cotejar documentación”. Munté reveló que su departamento ya ha empezado a hablar con la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios para intentar homogeneizar la tasa municipal.
El departamento que dirige Munté no prevé crear más tasas este año. La consejera admitió que la población sobre la que recae esta tasa tiene muchas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, pero rechazó que los inmigrantes constituyan un colectivo vulnerable. “Yo no les pondría esa etiqueta solo por el hecho de ser inmigrantes”, consideró la consejera, quien detalló que la solicitud de ese informe obedece a la voluntad de reagrupar a su familia o instalarse definitivamente en Cataluña. Por ello, Munté señaló que esos ciudadanos podrán asumir el pago de 35 euros. “No creo que les suponga un impacto importante”, resaltó. La Dirección General de Inmigración, dependiente del Departamento de Bienestar Social, ha tramitado un total de 59.737 informes de extranjería desde que, en julio de 2011, entró en vigor la última reforma de la ley de Extranjería, que otorgó esta competencia a las comunidades autónomas. De los 59.737 expedientes tramitados, ya se han resuelto 55.190, y de estos, 50.662 han resultado favorables y 4.113 desfavorables.
La consejera, que lleva seis meses en el cargo, explicó que, como el resto de departamentos, está pendiente del objetivo de déficit que el Gobierno central fije para Cataluña para acabar el proyecto de presupuesto de su consejería para este año. “Este departamento trabaja con personas en riesgo de vulnerabilidad, y tener más o menos dinero tiene una connotación especial porque debemos atender a los colectivos con más dificultad”, aseguró Munté, quien agregó que su departamento está haciendo “muchos esfuerzos para poder funcionar con normalidad pese a que no estamos en una situación de normalidad”. “En este departamento no hay nada que pueda relegarse, todo es prioritario”, remachó.
El balance de la consejera tras seis meses en el cargo es “ambivalente”. Por el lado positivo, Munté destacó “las sinergias, cooperación y suma de esfuerzos entre la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales para atender a los colectivos más vulnerables”. Entre los aspectos negativos, la consejera destacó “las dificultades económicas por culpa del descenso de la financiación por parte del Estado, que nos hacen más difícil la atención a la vulnerabilidad”.
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