miércoles, 10 de abril de 2019

Polémica en Quebec por el veto a que jueces, policías y profesores lleven símbolos religiosos

Montreal 10 ABR 2019,elpais.com,JAIME PORRAS FERREYRA


El primer ministro de Quebec, François Legault, en diciembre pasado. M. OUELLET-DIOTTE AFP

El proyecto de ley del partido conservador en el poder desata las críticas de Trudeau y de políticos canadienses que consideran que la medida es discriminatoria.

El Parlamento de Quebec aprobará en las próximas semanas la prohibición por ley de que funcionarios públicos en posición de autoridad lleven símbolos religiosos en el trabajo. El texto, presentado el pasado día 28 por la Coalición Futuro de Quebec-el partido conservador del primer ministro de la provincia francófona, François Legault-, será aprobado gracias a los 75 escaños que tiene de los 125 totales. "Este proyecto constituye un verdadero gesto de afirmación. Se trata de inscribir por primera vez el principio de laicidad del Estado en las leyes de Quebec", ha declarado. Sin embargo, la iniciativa ha generado multitud de críticas, incluida la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que califica la medida de "discriminatoria" en un país y una región donde la multiculturalidad es un pilar. Miles de personas se han manifestado este domingo en Montreal, la segunda ciudad más poblada del país, para pedir que se retire la iniciativa, con pancartas en las que se podía leer "Quebec dice no a la discriminación" y "No estamos en Francia".

Con la nueva ley, jueces, policías, guardias de prisión, fiscales, directores y profesores de primaria y secundaria en escuelas públicas, entre otros funcionarios, no podrán portar velos, kipás, turbantes, crucifijos y demás símbolos religiosos en sus horas de trabajo. Sin embargo, esta disposición no se aplicará a los empleados que ya mostraban dichos símbolos antes de su entrada en vigor. En octubre de 2017, el Gobierno saliente, del liberal Philippe Couillard, había aprobado una ley que obligaba a brindar y recibir servicios públicos con el rostro descubierto, pero fue suspendida pocos días después a raíz de varios recursos presentados en los tribunales.

Para evitar una situación similar, Legault ha subrayado que su partido ganó las elecciones con amplio margen. La prohibición de símbolos fue una de sus principales promesas, una idea que fracasó en 2014 cuando la propuso el secesionista Partido Quebequés, en una campaña en el que destacó su discurso antiinmigración. También ha hecho referencia a las encuestas. La última, a cargo de la firma Léger y publicada el 29 de marzo, arrojó que el 74% de los consultados aprueba la prohibición de símbolos religiosos para jueces y policías, mientras que el 69% está de acuerdo para profesores y directores escolares. El 55% opinó que la iniciativa no debería hacer excepciones por antigüedad.

El proyecto presentado en el Parlamento contempla utilizar la cláusula derogatoria, un mecanismo constitucional que permite blindarlo durante cinco años de recursos judiciales que evoquen tanto la Carta de derechos y libertades de Canadá como la de Quebec. El Partido Quebequés estudia brindar su apoyo al proyecto, aunque desea que las escuelas privadas también cumplan con la normativa.

El 28 de marzo, día en que la propuesta de ley fue llevada al Parlamento, el partido de Legault presentó una moción para solicitar que el crucifijo que cuelga en uno de los muros de la Cámara fuera retirado. Todos los diputados votaron a favor. Dicho símbolo fue objeto de debate durante años, ya que los respectivos Gobiernos decían que formaba parte del patrimonio histórico de la provincia, pero algunas organizaciones consideraban que reflejaba una idea de laicidad muy complaciente con el catolicismo. De este modo, la moción de Coalición Futuro de Quebec fue vista como una acción para reducir las voces opositoras a su iniciativa de ley. Durante meses, Legault había asegurado que el crucifijo no abandonaría el Parlamento.

"Discriminación por religión"
Las reacciones desde la esfera federal no han tardado en llegar, encabezadas por Justin Trudeau: "Es impensable para mí que legitimemos la discriminación contra cualquier persona por su religión en una sociedad libre". El primer ministro agregó que Canadá es un país laico que "respeta profundamente las libertades individuales, incluidas la libertad de expresión, la libertad de conciencia y de religión". Andrew Scheer, líder conservador, dijo que jamás presentaría una iniciativa de este tipo si se convierte en primer ministro. Por su parte, Jagmeet Singh, dirigente del Nuevo Partido Democrático, declaró: "Respeto las competencias de Quebec, pero no estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que el trabajo de los líderes políticos es unir a las personas, y este proyecto va a dividirlas". Singh es de confesión sij, por lo que porta turbante y kirpán (la daga tradicional). Según relató, el proyecto de ley le recordó varios momentos de su juventud en los que no se sintió aceptado en la sociedad canadiense.

También la Federación de Mujeres de Quebec ha criticado la iniciativa. "Estamos completamente en contra. Es un proyecto que excluye, que discrimina y que es racista. ¿De qué laicidad habla el Gobierno? Las instituciones deben ser laicas; no los seres humanos. Hay que proteger y no atacar los derechos de los individuos", ha comentado a este diario Marlihan López, vicepresidenta de la institución. López considera que las personas más afectadas con la iniciativa serán las mujeres musulmanas. "De por sí sufren estigmatización cuando buscan empleo. Los actos de odio en Quebec se han dado principalmente contra la población musulmana, la mayoría contra mujeres, ya que son las más visibles", añade.

La Comisión de Escuelas Anglófonas de Montreal ya anunció que no contempla acatar la disposición. "El hecho de que un profesor porte símbolos religiosos no limita en nada sus capacidades para transmitir una educación de calidad en un Estado laico. Nuestra Comisión valora la inclusión y la diversidad de sus estudiantes y profesores, además de que respeta sus libertades individuales y religiosas", señaló el organismo en un comunicado, donde pide igualmente a Legault dar marcha atrás.

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