Birmania,27/08/2018,abc.es,Pablo M. Díez
Campo de refugiados rohingyas en Bangladesh - Pablo M. Díez
Un informe critica a la Nobel de la Paz Aung Suu Kyi, jefa del Gobierno birmano, por no impedir la represión sobre esta etnia musulmana, que huyó en masa a Bangladés hace un año
Cuando se cumple un año del éxodo rohingya que llevó a 700.000 refugiados al vecino Bangladés, la ONU acusa de genocidio al Ejército birmano por la persecución durante décadas de esta minoritaria etnia musulmana. El informe, difundido ayer y redactado por tres expertos que han efectuado cientos de entrevistas, recomienda juzgar en el Tribunal Penal Internacional de La Haya a seis altos cargos militares birmanos, incluido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ming Aung Hlaing.
Tampoco sale bien parado el Gobierno dirigido por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien era un icono de la lucha por la libertad y ha decepcionado por su silencio sobre la represión que sufren los rohingyas (pronúnciese «rojingas»). Aunque los expertos de Naciones Unidas creen que «las autoridades civiles tienen poco control sobre los militares», los culpan de haber «contribuido a la comisión de crímenes atroces con sus actos y omisiones». Señalando directamente a Aung San Suu Kyi, el informe asegura que «no ha usado su posición de facto como jefa del Gobierno, ni su autoridad moral, para impedir ni detener los hechos en el Estado de Rakhine (pronúnciese Rajáin)».
Hace ahora un año, el Ejército birmano lanzó en dicho Estado del oeste del país una brutal ofensiva contra la minoría rohingya después de que una guerrilla musulmana, el Ejército de Salvación de Arakán, atacara una base y treinta puestos militares el 25 de agosto. Entrando a tiros en sus pueblos, los soldados quemaron las casas, mataron a los hombres y violaron a las mujeres, según contaron a ABC el año pasado refugiados rohingyas que habían huido a Bangladesh. A pesar del acuerdo entre ambos gobiernos alcanzado en septiembre para que volvieran a sus hogares, allí siguen hoy porque tienen miedo a regresar a Myanmar (nombre oficial de la antigua Birmania).
«La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, atacar a los niños y quemar pueblos enteros», denuncia el informe. Aunque el Gobierno birmano no ha permitido a sus autores acceder al país, han recogido el testimonio de 875 víctimas y testigos y se han basado en numerosos vídeos, fotografías, documentos e imágenes por satélite. Después de analizar todo ello en un estudio que se remonta a 2011 y se extiende a los Estados de Kachin y Shan, donde también operan dos guerrillas étnicas que controlan sus propios territorios, a los expertos no les queda dudas sobre lo ocurrido con los rohingyas: un genocidio.
Aunque el informe recomienda llevar a los responsables militares al Tribunal Penal Internacional, o crear en la ONU un comité independiente para investigar sus crímenes de guerra, la propuesta no saldrá adelante por el derecho a veto en el Consejo de Seguridad que tiene China, aliada de Birmania.
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