Zaragoza|05/03/2015,heraldo.es,A. Maluenda.
Una clase de Primaria en un colegio zaragozana Una clase de Primaria en un colegio zaragozano. J. M. Marco
Aragón es una de las cuatro comunidades que no son responsables de estos docentes.
El Gobierno central quiere transferir a Aragón, Andalucía, Canarias y Cantabria la competencia sobre los docentes de las diferentes asignaturas de religión (tanto de la confesión católica como de las minoritarias). Estas cuatro comunidades rehusaron en su momento gestionar a los profesores que imparten estas asignaturas.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ya planteó en 2013 esta posibilidad y ahora el Ministerio de Educación ha vuelto a sacarla a colación a través de una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Según determina la comisión, "no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente".
Desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón dicen ser conocedores de este interés por parte de la cartera que administra Wert, si bien por el momento "no se ha planteado de una manera seria, ni se ha llevado a cabo una reunión en la que se expliquen las claves de este traspaso de competencias".
En el seno de la consejería se plantea la duda de quién pagaría el sueldo de estos docentes (en Aragón hay casi 300 sólo de la confesión católica). "Si se produjese la transferencia, ésta debería ir acompañada de una partida económica, ya que es un gasto extra para la Comunidad que en estos momentos depende del Estado", apuntan fuentes del departamento.
Sin embargo, el informe del CORA apunta a un ahorro para las arcas del Estado: "No es fácil determinar el ahorro que se va a producir con la puesta en marcha de la medida, pero sí es cierto que el coste del profesorado de religión se ha ido incrementando en los últimos años y el número promedio permanente de profesores sustitutos se considera muy elevado, con lo que el traspaso va a suponer, sin ninguna duda, un ahorro de costes para la Administración General del Estado", dice el documento.
Efectuar este traspaso, a juicio del Gobierno, sería "llevar su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen los Estatutos de Autonomía" de estas comunidades.
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