Madrid,18/12/2013,(EFE).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado hoy a España ajustes adicionales en materia laboral, entre ellos la reducción de la indemnización por despido, si bien ha valorado los avances que en flexibilidad y competitividad ha traído la reforma laboral de 2012.
El informe independiente que encargó el Gobierno a la OCDE y que ha sido entregado hoy a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha considerado que la reforma laboral va en la dirección correcta al contribuir a aumentar la contratación indefinida y la flexibilidad interna, a reducir los despidos colectivos y a moderar los salarios.No obstante, ha recomendado nuevos ajustes dirigidos a abaratar el despido, ampliar los periodos de prueba y disminuir la discrecionalidad de los tribunales para invalidar despidos colectivos.
Por su parte, la ministra de Empleo ha dicho que el Gobierno va a estudiar las recomendaciones, si bien ha dejado claro que la reforma laboral ya está hecha y que sólo hará "pequeños ajustes" para potenciarla al máximo.En rueda de prensa, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha considerado que en España hay margen para "un mayor ajuste" del coste de la indemnización por despido.
A su juicio, el coste del despido improcedente de trabajadores indefinidos, pese a haberse reducido de 45 a 33 días por año trabajado para los contratos temporales convertidos en fijos, es "generoso" y está por encima de la media europea.
El economista senior del División de Análisis y Políticas de Empleo de la OCDE, Andrea Bassanini, ha sugerido que se debería restringir al máximo los casos en que un despido puede ser declarado nulo, para limitar las readmisiones decididas por los tribunales, y que habría que regular el despido colectivo improcedente.
Scarpetta ha abogado también por fomentar la mediación extrajudicial entre la empresa y los trabajadores para tratar de resolver los conflictos al margen de los tribunales.La OCDE ha apostado también por aumentar a seis meses la duración de los periodos de prueba de los contratos indefinidos, ya que las empresas tienden a usar la contratación temporal antes de decidir si incorpora a los nuevos trabajadores definitivamente a la plantilla.
Además, ha reclamado una mayor integración entre las políticas de empleo activas y pasivas para poder reincorporar con éxito a los trabajadores en paro al mercado laboral, así como una mayor coordinación entre el Gobierno y de las Comunidades Autónomas.La OCDE ha considerado que estas políticas, junto a la percepción del "generoso" subsidio por desempleo, tendrían que servir para animar a los parados y ayudarles a encontrar trabajo.
De la flexibilidad interna ha destacado su utilización como alternativa al despido y ha dicho que -junto con la negociación colectiva- ha ayudado a una significativa moderación salarial, aún a pesar de que la contención de los salarios también es resultado de la propia crisis y de los recortes aplicados en el sector público.En este sentido, la OCDE reconoce que estos recortes salariales "son dolorosos" y "están afectando a los niveles de vida de los trabajadores", pero que también "son necesarios" para promover el crecimiento de los márgenes de las empresas.
Según los cálculos de la OCDE, basados en la experiencia en otros países, la reforma podría generar el crecimiento de la productividad del trabajo a largo plazo de cerca de un 0,25 % anual en el sector empresarial. No obstante, no se atreve a asegurar que el impacto positivo registrado en la competitividad y derivado de la moderación salarial sea achacable a la reforma o al ciclo económico adverso.
La OCDE destaca también que la reforma ha contribuido a promover la contratación indefinida, fundamentalmente entre las pymes, gracias al nuevo contrato de apoyo a los emprendedores.De acuerdo con su análisis, se podrían haber creado unos 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes, la mayoría en las empresas con menos de 100 empleados. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, la OCDE los considera un "instrumento positivo" para compaginar trabajo con estudios o familia, si bien ha considerado necesario un "marco jurídico" que lo regule.
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