El traspaso de la revisión de expedientes de nacionalidad al Colegio de Registradores de la Propiedad por parte de Justicia ha elevado el porcentaje de denegaciones del 3,5% al 12%, según el Ministerio de Justicia. Abogados y ONG califican este aumento de “brutal” y “masivo”, y lo achacan a la falta de experiencia de los registradores de la propiedad en la gestión de asuntos de extranjería. El Ministerio, por su parte, destaca que los “criterios de denegación no han variado y son objetivos”. Cada año solicitan la nacionalidad española unas 130.000 personas. Necesitan una residencia legal mínima y carecer de antecedentes penales. La gestión de sus solicitudes recae en un equipo de unos 40 técnicos de la Dirección General de Registros y Notariados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, encomendó este año al Colegio de Registradores de la Propiedad la tarea de revisar expedientes atascados en ejercicios anteriores —que sumaban unos 470.000—. El encargo se denominó Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN). El primer efecto del traspaso de la gestión, que ha dado salida a 391.896 expedientes en un año, ha sido el incremento en las denegaciones. En los años previos al PIN el porcentaje de nacionalidades concedidas superaba el 95%. De las tramitadas en 2013, este porcentaje ha llegado a bajar hasta al 62,78%. Comparando la media de denegaciones, en el periodo 2006-2009 era del 3,5%, mientras que ahora se ha superado 12%. Esta última cifra se refiere a las solicitudes de 2010, 2011 y 2012 a las que se ha dado salida ahora, a lo largo de 2013. Los registradores han denegado, a 28 de noviembre, 56.246 nacionalidades este año. Algunos expertos consideran que se podrían alcanzar las 70.000.
El coordinador del servicio de extranjería en el Colegio de Abogados de Madrid, Marcelo Belgrano, califica de “brutal” el incremento de negativas. Y augura un ola de litigios de hasta 30.000 personas recurriendo a la Audiencia Nacional. Belgrano asegura que cada mes acuden a solicitar asistencia letrada de oficio cerca de 600 extranjeros que no entienden, o no comparten, los motivos por los que no se les permite ser españoles. El secretario general de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, confiesa estar “preocupado por las denegaciones masivas” y anuncia que su organización lleva a cabo una recopilación de afectados en todo el territorio. “Es algo desproporcionado, fuera de lo común.
No es cuestión de interpretaciones de la ley, sino que se están produciendo errores de bulto”, denuncia Mazkiaran. Son varias las ONG que han comenzado campañas para recopilar denuncias de cara a una queja conjunta ante la Defensora del Pueblo. En Baleares, la Plataforma por la Convivencia ha sumado en los últimos tres meses más de 60 nombres de afectados a una lista que acompañará a su denuncia. Certificado de penales y falta de integración Los letrados y las ONG reprochan “falta de experiencia” y “errores” a los registradores de la propiedad.
El Ministerio de Justicia desmiente fallos en un proceso que ha exigido la digitalización de más de 25 millones de documentos. Fuentes del colegio de registradores defienden el ingente trabajo al que se han enfrentado sus asociados de forma “gratuita y “urgente”. En SOS racismo no comparten su análisis. Consideran que “el trasvase de competencias a los registradores ha resultado caótico y perjudicial para miles de personas, que ahora tendrán que volver a pedir la nacionalidad o recurrirla ante la Audiencia Nacional “, explica Mazkiaran.
La mayor parte de las denegaciones afectan a expedientes que llevan más de dos años esperando una resolución, los presentados en 2010 y 2011. En Justicia aseguran que los motivos para la denegación de la nacionalidad son “criterios que no se han modificado, son siempre los mismos y son objetivos, no hay margen para la arbitrariedad en la concesión”. Entre los argumentos prima la “falta de buena conducta cívica” (35,5% de las denegaciones), seguido de “falta de plazo de residencia legal en España” (27,7%) y “falta de integración” (17,2% de los casos).
Desde SOS racismo opinan que solo “errores de bulto” explicarían que en las últimas tres semanas “hayan salido nueve denegaciones en Guipúzcoa por no haber aportado el pasaporte, documento esencial a la hora de iniciar los trámites”. Otros abogados citan denegaciones a refugiados por no cumplir residencia mínima, algo de lo que estarían exentos, o el argumento de “mala conducta” aplicado a una niña de tres años como ejemplos de un proceso con más sombras que luces. La idea de Justicia al encomendar la tarea de las nacionalidades a los registradores era, además de vaciar la saca de los expedientes atascados, reducir el tiempo de espera de la nacionalidad. El proceso demoraba dos años y medio, de media, plazo que el Ministerio de Justicia quiere reducir a menos de un año.
Con todo, faltan por resolver unos 185.000 expedientes, 19.870 de las cuales fueron presentadas en el año 2010. Estos afectados han creado una red denominada ‘los olvidados de 2010′ para denunciar su situación. En el Colegio de Registradores insisten en que su labor está siendo “positiva, activa y eficiente”. Justicia les ha dado de plazo para revisar todos los expedientes del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) hasta el 31 de diciembre. Fuentes del colegio aseguran que el plan culminará con el 100% de los expedientes revisados.
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