Un hombre uigur mira un camión con policía paramilitar en la regioón de Xinjiang, el 23 de mayo de 2014.Fuente: Reuters.
Por primera vez, Pekín reconoce a través de una ley la utilización de campos de internación para luchar contra “el extremismo religioso” en la extensa región del Xinjiang, en el noroeste del país.
Oficialmente, no existía. Finalmente, China decidió este martes legalizarlos. Denunciados por organizaciones de derechos humanos, estos centros tienen por objeto permitir la eliminación del “extremismo religioso”, según las autoridades de la provincia de la región del Xinjiang, en el noroeste del país.
Se había vuelto imposible seguir manteniendo el secreto sobre estos centros de detención arbitrarios en el corazón de este lejano oeste chino. Imposible seguir ocultándolo mientras el vicepresidente norteamericano denunciaba la semana pasa la existencia de “campos del gobierno” en los que “un millón de uigures son sometidos a una lavado de cerebro permanente”.
La nueva reglamentación que entró en vigor el 9 de octubre reconoce implícitamente que estos centros existen, ya que en su artículo 33, la puesta en marcha de “centro de capacitación profesional” en los condados y distritos para “educar y transformar a las personas que han sido influenciadas por el extremismo” y “ayudarlos a transformar sus pensamiento para regresa a la sociedad o sus familias”.
Campaña anti-halal
El anuncio llega un día después de una campaña “anti-halal” (alimentación que sigue los preceptos religiosos del islam) en Xinjiang. En las redes sociales, circularon imágenes mostrando a empleados de la etnia han fotografiado a un colega uigur en el comedor del trabajo indicado que éste “come cerdo por primera vez en la vida”.
La campaña es recogida por la prensa oficial. La moda del “todo halal” tiende a favorecer “la caída en el extremismo religioso”, afirmaba este miércoles el diario anglófono Global Times, que se había ya congratulado por la adopción de medidas contra el radicalismo religioso para evitar que China “corra la misma suerte que Siria”.
La represión de los musulmanes turco hablantes de la región de Xinjiang provocó protestas, incluso entre aliados de China, como Pakistán. Sin embargo no es algo nuevo. En 2017, una enmienda legal consideraba que llevar el velo islámico, una barba juzgada “anormal” o la negativa de mirar la televisión o escuchar la radio estatal eran signos de radicalización.
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