Las autoridades de la región china de Xinjiang han introducido en su legislación el uso de centros "para educar y transformar a la gente influenciada por el extremismo" religioso, en los que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos denuncian que actualmente hay un millón de musulmanes detenidos.
La legalización de estos centros, de la que informa este miércoles el diario independiente South China Morning Post, se produce después de que en agosto pasado China desmintiera en la ONU la existencia de campos de reeducación que albergan a uigures y otras minorías de confesión musulmana en la región, situada en el noroeste del país.
El artículo 17 de la nueva normativa revisada, que entró en vigor este martes, señala que (los gobiernos regionales) “pueden establecer organizaciones de educación y transformación y supervisar departamentos como los centros de formación profesional para educar y transformar a las personas que han sido influenciadas por el extremismo”.
Es la primera vez que China habla abiertamente de estos centros en Xinjiang, donde reconoce que aplica “medidas”, aunque sin especificar cuáles, para combatir el extremismo religioso, al mismo tiempo que defiende que existe libertad religiosa.
La nueva cláusula se incluye en una normativa que entró en vigor en marzo de 2017 con el objetivo de “frenar el extremismo religioso” y que prohíbe algunas prácticas como llevar velo o barba “anormal” por considerar que lo fomentan.
Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, en los últimos meses el Gobierno chino ha emprendido una agresiva campaña gubernamental con detenciones arbitrarias y adoctrinamiento político contra musulmanes, que sufren “lavados de cerebro” en estos centros, donde se registran torturas y muertes bajo custodia, según Amnistía Internacional.
Algunos exdetenidos, incluso, han alertado de suicidios en estos centros, donde las personas permanecen retenidas sin estar acusadas formalmente de ningún delito y sin contacto con su familia o abogados.
Líderes del partido comunista en Xinjiang animan públicamente a los funcionarios a combatir “hasta la muerte” la expansión de las prácticas islámicas en la región, donde reconocen que se está llevando a cabo una batalla ideológica.
En el país asiático se calcula que hay unos 23 millones de musulmanes, aproximadamente un 1,7 por ciento de la población, entre ellos minorías étnicas como los hui (repartidos en todo el país) u otras ligadas a los pueblos de Asia Central, tales como uigures, kazajos, uzbecos, kirguises o tayikos.
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