MADRID,06 enero 2017,diariosur.es,ÁLVARO SOTO
Fieles musulmanes en una mezquita de Madrid. :: Javier Lizón / Efe
El Ministerio de Justicia negociará con Hacienda para que las confesiones minoritarias se financien a través del IRPF como la Iglesia católica.
La sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la implantación de una casilla del 0,7% para los evangélicos puede acelerar, paradójicamente, la posibilidad de que las religiones minoritarias se financien a través de las aportaciones de los contribuyentes en el IRPF, como ya hace la Iglesia católica. El Ministerio de Justicia planteará esta iniciativa antes del final de la legislatura y para ello, buscará el consenso tanto con las asociaciones religiosas como con el Ministerio de Hacienda, otra pata necesaria para el acuerdo.
El departamento de Rafael Catalá quiere «profundizar en el mandato constitucional de promover las condiciones para hacer efectivo y real el ejercicio del derecho de libertad religiosa por parte de los individuos». Y la extensión del sistema de financiación directa del que goza la Iglesia católica por medio de la declaración de la renta es uno de los pilares de este derecho. «El Ministerio de Justicia siempre ha sido partidario de ello y ha mostrado sensibilidad. De lo que se trata ahora es de encontrar la mejor manera de implementar esta sensibilidad», insisten desde el departamento de Catalá.
Si las negociaciones llegan a buen puerto, las siete confesiones que verían este derecho extendido son las que tienen reconocido un «notorio arraigo» en España: musulmanes, judíos, evangélicos, budistas, mormones, testigos de Jehova y ortodoxos.
Acuerdos específicos
El Tribunal Supremo rechazó la cruz del 0,7% que había solicitado Ferede (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), argumentando que la casilla se reserva solo a la Iglesia católica por los acuerdos que el Estado español tiene con la Santa Sede, de manera que las confesiones que no tienen estos acuerdos no pueden disfrutar del mismo derecho.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia quiere explorar otras vías que no impliquen que cada entidad firme pactos al más alto nivel con el Gobierno. «El mandato del artículo 16.3 de la Constitución relativo a mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas es posible hacerlo efectivo a través de acuerdos, pero también a través de medidas legislativas unilaterales», detalla el Ministerio, que, eso sí, recuerda que «dado que extender ese beneficio implica modificar una ley (la del IRPF), es necesario hacerlo mediante otra norma con rango de ley».
El ágora de esta incipiente negociación será la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, dependiente de Justicia, aunque por el momento, no hay fechas ni procedimientos definidos para que comiencen los primeros contactos.
Las confesiones reconocen en el Ejecutivo buenas intenciones, pero reclaman celeridad en el diálogo. «Siempre ha habido predisposición, pero en la práctica, ni el PP ni el PSOE han hecho nada», lamenta Jorge Fernández, portavoz de Ferede, la entidad que llevó su demanda hasta el Supremo. «Nos sentimos discriminados. Los contribuyentes de religiones minoritarias no tienen las mismas posibilidades que los católicos, que sí disfrutan de la casilla del 0,7%», insiste Fernández.
En la misma línea se pronuncia el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, que aboga por un real decreto para regular esta nueva relación entre el Gobierno y las confesiones. «Tenemos que encontrar un sistema que el Supremo no pueda echar hacia atrás», recalca.
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