A mediados de octubre 477 prisioneros políticos palestinos fueron liberados y, promediando el mes de diciembre, otros 550 han dejado atrás las cárceles israelíes. Las imágenes de madres abrazando a sus hijos, esposas a sus parejas, hijos a sus padres emocionaron a toda la sociedad palestina y a gran parte del mundo. Pero detrás de esas postales se esconden imágenes obscuras y desesperanzadoras, las imágenes de los más de 5.000 prisioneros políticos que aún siguen presos, en pésimas condiciones, luchando desesperadamente por atraer la atención con una huelga de hambre que parece haberse desarmado ante la indiferencia en la calle y unas cuantas promesas de las autoridades israelíes que aún deben concretarse.
El desánimo de los presos políticos y sus familias, y el aparente desinterés por su situación en las calles de Cisjordania es prueba de cuan exitosa ha sido la cruenta y sistemática política represiva de la ocupación israelí, principalmente en la última década, después de la Segunda Intifada. Pocas aristas del conflicto afectan tan directamente a toda la sociedad palestina como el tema de los prisioneros. Cada familia tiene en su hogar una foto de un padre, un tío, un hijo, un primo, un yerno que está cumpliendo una condena o está preso sin juicio ni acusación en una cárcel israelí, la mayoría en territorio israelí, totalmente desconectado de los suyos.
Desde la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en 1967, las fuerzas israelíes han detenido a más de 700.000 palestinos en esos territorios, lo que representa alrededor de un 40 por ciento de la población masculina. Las autoridades palestinas suelen concentrarse en los casos de los líderes políticos, como Marwan Barghouti o Ahmad Saadat, y los medios de comunicación, en los responsables de sangrientos ataques y atentados. Sin embargo, la mayor parte de los palestinos que entran dentro de esa alarmante estadística son detenidos administrativos, presos sin nombres conocidos que pueden pasar años sin saber por qué fueron arrestados, que nunca tendrán un juicio, ni serán procesados, ni podrán defenderse. Ellos son la prueba más evidente de la arbitrariedad y la total impunidad con la que se manejan las autoridades israelíes dentro de los territorios palestinos ocupados.
La ley israelí dice que cualquier palestino puede ser detenido si "existen argumentos razonables para presumir que la seguridad pública de esa área así lo requiere". La norma se basa en un artículo de la Convención de Ginebra que establece la posibilidad de detenciones administrativas sólo cuando existe "una emergencia pública que amenaza la vida de la nación" y esa emergencia debe probarse caso por caso. Según la interpretación de las autoridades israelíes, Israel ha estado en un "estado de emergencia" desde 1948.
Esta "emergencia" indefinida le permite, según la legalidad entendida por las cortes israelíes, detener durante meses o años a palestinos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Según la orden militar número 378 aprobada en 1970, la persona puede estar detenida hasta ocho días sin ver a un juez y, 48 horas sin ver a un abogado. Las autoridades israelíes no tienen la obligación legal de avisarle a la familia del detenido sobre el arresto, las causas o, siquiera, su paradero.
En estos primeros ocho días, las autoridades israelíes deciden si presentan cargos o si emiten una orden de detención administrativa. Si optan por esta última, sólo presentarán la evidencia al juez militar; para el acusado las pruebas que supuestamente lo incriminan serán siempre un misterio. En el caso que el juez militar confirme la orden de detención, como suele pasar casi en el 100 por ciento de los casos en los últimos años, el detenido quedará tras las rejas por seis meses. Una vez cumplido ese plazo, el juez puede extender la detención por otros seis meses y así sucesivamente. No hay pena máxima, no hay límite legal.
La decisión, por supuesto, puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones Militar y finalmente ante la Corte Suprema israelí, pero resulta muy difícil para los abogados armar un caso cuando no se conocen las pruebas ni se puede interrogar a los testigos.
Según los datos de Addameer, la organización civil palestina que se ocupa de los prisioneros políticos, hacia finales de 2009 más de 100 detenidos administrativos ya llevaban entre uno y dos años tras las rejas, mientras que 27 oscilaban entre los dos y los cinco años. Durante ese año, los jueces militares sólo rechazaron un 3,6 por ciento de las órdenes de detenciones administrativas. El promedio mensual de detenidos administrativos ese año fue de alrededor de mil palestinos.
Dado que no gozan del derecho básico de un proceso debido, los detenidos administrativos deberían gozar, según las propias leyes militares israelíes, de ciertos beneficios con respecto a los prisioneros condenados. Sin embargo, muchas veces esto no sucede. Addameer ha registrado numerosos casos en los que los detenidos administrativos son ubicados en pabellones con prisioneros condenados o que están esperando su juicio. No sólo eso, sino que los guardias los presionan para que cedan sus derechos y cumplan con las mismas obligaciones y sufran las mismas restricciones que el resto de los prisioneros.
Por ejemplo, deberían tener visitas familiares una vez por semana durante 30 minutos. Como la Cruz Roja sostiene que no tiene fondos para transportar a los familiares todas las semanas, las autoridades penitenciarias decidieron restringir las visitas a 45 minutos cada dos semanas. Aún así, para poder visitarlos, los familiares –sólo se permite la familia inmediata- deben conseguir permisos para ingresar al territorio israelí donde se encuentran todas las cárceles, excepto una. La prisión de Ofer se encuentra en Cisjordania, cerca de Ramala, pero de todas maneras se necesita un permiso para "ingresar al territorio de Israel". Los palestinos con antecedentes o detenciones previas –que como hemos mencionado alcanzan a un 40 por ciento de la población masculina- difícilmente conseguirán uno de esos permisos.
Otro ejemplo es que la ley israelí dice claramente que los detenidos administrativos deben recibir la misma dieta que los guardias. Sin embargo, estos detenidos reciben los mismos platos deficitarios en calorías y vitaminas, que los obliga a comprar de su propio bolsillo hasta el 85 por ciento de sus alimentos en las cantinas de las prisiones. Algo similar pasa con los productos de higiene personal y limpieza –a veces los guardias los suspenden por meses- y con los zapatos –que cotizan entre 250 y 500 shekels en la cantina.
También sufren sistemáticas y arbitrarias restricciones en el acceso a libros y diarios, y en su derecho a presentar quejas contra la administración de las cárceles. Los guardias sólo aceptan quejas en hebreo y, para apelar a la Corte Suprema israelí, hay que pagar 80 shekels en la cantina. Las autoridades penitenciarias han recurrido en más de una oportunidad a cerrar la cuenta de la cantina de los prisioneros que intentan hacer reclamos por encima de la jerarquía de la prisión.
Dentro de las cárceles, los prisioneros palestinos saben que todo puede ser utilizado como moneda de negociación en la puja de poder con las autoridades israelíes: sus derechos, su dignidad, su salud, su libertad y, a veces, hasta su vida.
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El desánimo de los presos políticos y sus familias, y el aparente desinterés por su situación en las calles de Cisjordania es prueba de cuan exitosa ha sido la cruenta y sistemática política represiva de la ocupación israelí, principalmente en la última década, después de la Segunda Intifada. Pocas aristas del conflicto afectan tan directamente a toda la sociedad palestina como el tema de los prisioneros. Cada familia tiene en su hogar una foto de un padre, un tío, un hijo, un primo, un yerno que está cumpliendo una condena o está preso sin juicio ni acusación en una cárcel israelí, la mayoría en territorio israelí, totalmente desconectado de los suyos.
Desde la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en 1967, las fuerzas israelíes han detenido a más de 700.000 palestinos en esos territorios, lo que representa alrededor de un 40 por ciento de la población masculina. Las autoridades palestinas suelen concentrarse en los casos de los líderes políticos, como Marwan Barghouti o Ahmad Saadat, y los medios de comunicación, en los responsables de sangrientos ataques y atentados. Sin embargo, la mayor parte de los palestinos que entran dentro de esa alarmante estadística son detenidos administrativos, presos sin nombres conocidos que pueden pasar años sin saber por qué fueron arrestados, que nunca tendrán un juicio, ni serán procesados, ni podrán defenderse. Ellos son la prueba más evidente de la arbitrariedad y la total impunidad con la que se manejan las autoridades israelíes dentro de los territorios palestinos ocupados.
La ley israelí dice que cualquier palestino puede ser detenido si "existen argumentos razonables para presumir que la seguridad pública de esa área así lo requiere". La norma se basa en un artículo de la Convención de Ginebra que establece la posibilidad de detenciones administrativas sólo cuando existe "una emergencia pública que amenaza la vida de la nación" y esa emergencia debe probarse caso por caso. Según la interpretación de las autoridades israelíes, Israel ha estado en un "estado de emergencia" desde 1948.
Esta "emergencia" indefinida le permite, según la legalidad entendida por las cortes israelíes, detener durante meses o años a palestinos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Según la orden militar número 378 aprobada en 1970, la persona puede estar detenida hasta ocho días sin ver a un juez y, 48 horas sin ver a un abogado. Las autoridades israelíes no tienen la obligación legal de avisarle a la familia del detenido sobre el arresto, las causas o, siquiera, su paradero.
En estos primeros ocho días, las autoridades israelíes deciden si presentan cargos o si emiten una orden de detención administrativa. Si optan por esta última, sólo presentarán la evidencia al juez militar; para el acusado las pruebas que supuestamente lo incriminan serán siempre un misterio. En el caso que el juez militar confirme la orden de detención, como suele pasar casi en el 100 por ciento de los casos en los últimos años, el detenido quedará tras las rejas por seis meses. Una vez cumplido ese plazo, el juez puede extender la detención por otros seis meses y así sucesivamente. No hay pena máxima, no hay límite legal.
La decisión, por supuesto, puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones Militar y finalmente ante la Corte Suprema israelí, pero resulta muy difícil para los abogados armar un caso cuando no se conocen las pruebas ni se puede interrogar a los testigos.
Según los datos de Addameer, la organización civil palestina que se ocupa de los prisioneros políticos, hacia finales de 2009 más de 100 detenidos administrativos ya llevaban entre uno y dos años tras las rejas, mientras que 27 oscilaban entre los dos y los cinco años. Durante ese año, los jueces militares sólo rechazaron un 3,6 por ciento de las órdenes de detenciones administrativas. El promedio mensual de detenidos administrativos ese año fue de alrededor de mil palestinos.
Dado que no gozan del derecho básico de un proceso debido, los detenidos administrativos deberían gozar, según las propias leyes militares israelíes, de ciertos beneficios con respecto a los prisioneros condenados. Sin embargo, muchas veces esto no sucede. Addameer ha registrado numerosos casos en los que los detenidos administrativos son ubicados en pabellones con prisioneros condenados o que están esperando su juicio. No sólo eso, sino que los guardias los presionan para que cedan sus derechos y cumplan con las mismas obligaciones y sufran las mismas restricciones que el resto de los prisioneros.
Por ejemplo, deberían tener visitas familiares una vez por semana durante 30 minutos. Como la Cruz Roja sostiene que no tiene fondos para transportar a los familiares todas las semanas, las autoridades penitenciarias decidieron restringir las visitas a 45 minutos cada dos semanas. Aún así, para poder visitarlos, los familiares –sólo se permite la familia inmediata- deben conseguir permisos para ingresar al territorio israelí donde se encuentran todas las cárceles, excepto una. La prisión de Ofer se encuentra en Cisjordania, cerca de Ramala, pero de todas maneras se necesita un permiso para "ingresar al territorio de Israel". Los palestinos con antecedentes o detenciones previas –que como hemos mencionado alcanzan a un 40 por ciento de la población masculina- difícilmente conseguirán uno de esos permisos.
Otro ejemplo es que la ley israelí dice claramente que los detenidos administrativos deben recibir la misma dieta que los guardias. Sin embargo, estos detenidos reciben los mismos platos deficitarios en calorías y vitaminas, que los obliga a comprar de su propio bolsillo hasta el 85 por ciento de sus alimentos en las cantinas de las prisiones. Algo similar pasa con los productos de higiene personal y limpieza –a veces los guardias los suspenden por meses- y con los zapatos –que cotizan entre 250 y 500 shekels en la cantina.
También sufren sistemáticas y arbitrarias restricciones en el acceso a libros y diarios, y en su derecho a presentar quejas contra la administración de las cárceles. Los guardias sólo aceptan quejas en hebreo y, para apelar a la Corte Suprema israelí, hay que pagar 80 shekels en la cantina. Las autoridades penitenciarias han recurrido en más de una oportunidad a cerrar la cuenta de la cantina de los prisioneros que intentan hacer reclamos por encima de la jerarquía de la prisión.
Dentro de las cárceles, los prisioneros palestinos saben que todo puede ser utilizado como moneda de negociación en la puja de poder con las autoridades israelíes: sus derechos, su dignidad, su salud, su libertad y, a veces, hasta su vida.
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