Un ciudadano de la UE que no haya encontrado empleo en seis meses deberá dejar el país.
“¡El que engaña, vuela!”. Con este eslogan la Unión Cristiano Social de Baviera (CSU) inició a fines del año pasado una campaña destinada a impedir la llegada de trabajadores búlgaros y rumanos –sobre todo de etnia gitana – que llegan al país para aprovecharse del generoso sistema social que impera en el país. Casi ocho meses después, el Gobierno federal alemán se inclinó ante la presión de uno de los socios de la coalición y aprobó, este miércoles, un delicado y controvertido paquete de medidas que deben regular, con inédita mano dura, la llamada “inmigración de la pobreza”.
El paquete de leyes, que fue presentado este miércoles a la prensa por el ministro del Interior, Thomas de Maizière y su colega de Trabajo, Andrea Nahles, concede, entre otras medidas, un plazo de seis meses para que los trabajadores comunitarios busquen un trabajo en Alemania. Si no han encontrado un empleo en ese tiempo, se verán obligados a abandonar el territorio germano.
Cuando la ley entre en vigor (aún no se ha fijado una fecha para que el proyecto de ley sea sometida al Parlamento federal), las autoridades también tendrán en su poder el recurso de expulsar y prohibirles el regreso al país durante cinco años, a todos los inmigrantes que hayan intentado mediante engaños, recibir la llamada “ayuda para niños”. Para impedir el fraude, todos los solicitantes de ayuda social deberán presentar un número de identificación fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del solicitante.
“La libre circulación es una parte indispensable de la integración europea, pero no podemos cerrar los ojos frente a los problemas que ella puede suscitar”, dijo el ministro de Maiziére. “!Libre circulación, sí; abusos, no!, señaló Andrea Nahles.
Los dos ministros también señalaron que el paquete de medidas incluye una importante ayuda financiera para las regiones que se han visto afectadas por la llegada de inmigrantes. En el curso del año, el Gobierno pondrá a disposición de los estados federados una ayuda de 25 millones de euros y está en estudio otro paquete de 250 millones de euros.
La idea de endurecer la llegada al país de los “inmigrantes pobres”, que fueron bautizados como “peligrosos turistas sociales” por Horst Seehofer, jefe del Gobierno regional de Baviera, quien dio órdenes de utilizar las peligrosas armas del populismo para dificultar la llegada al país de los trabajadores rumanos y búlgaros que se vieron beneficiados del derecho de libre circulación a partir del 1 de enero de este año.
“Lo que no queremos es una inmigración en nuestro sistema de seguridad social”, dijo el político bávaro, para justificar la odiosa campaña que inicio su partido y que en su momento provoco una peligrosa crisis en el seno del gobierno. Para impedir un daño mayor a la unidad del gobierno, la canciller Angela Merkel y el vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel acordaron en enero, crear una comisión de expertos para que analizaran el problema y buscarán soluciones destinada a impedir el fraude de las prestaciones sociales.
El trabajo de los expertos fue resumido en un documento de 133 páginas que recibió el pomposo título de “Cuestiones jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas sociales de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE”, cuyo primer borrador fue presentado en marzo pasado al Consejo de Ministros. La decisión del Gobierno fue calificada como “populismo barato” por los Verdes, mientras que la poderosa Confederación de Sindicatos alemana (DGB) señaló que el informe de los expertos no daba detalles del fraude que se desea combatir.
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