Madrid,05/11/2014,islamedia
Durante el año 2013 se observa más prudencia en los medios
de comunicación a la hora de mencionar conceptos relacionados con los
musulmanes, aunque continúa haciéndose en algunos medios un uso abusivo e
indiscriminado del término “islamista” sin criterio ni conocimiento del morfema
ni del fondo de lo que adjetivan.
El lenguaje de los medios informativos sobre la política
internacional y partidos políticos en países de mayoría musulmana ahondan el
asentamiento de estereotipos negativos creando mala opinión sobre los
musulmanes. Si un político es musulmán entonces parece que solo puede ser “islamista”,
moderado o radical, pero nunca islamodemócrata, socialdemócrata, etc.
El cíclico y reiterativo asunto del pañuelo de las alumnas
musulmanas parece en calma al permitirse la existencia de centros “educativos”
segregacionistas que se excusan sobre presuntas imposiciones familiares y
falsas desigualdades, ante la simple vocación temprana o compromiso religioso
de una menor. Se asienta así la segregación de las jóvenes sores muslimas por
prejuicios intolerantes plasmados en reglamentos internos inconstitucionales
que no introducen la excepción sanitaria o religiosa a taparse la cabeza bajo
techado en las aulas.
El Parlamento de Cataluña aprobó una moción presentada por CiU en la que se instaba a la Consejería de
Interior a prohibir el burca y el nicab en los espacios
públicos. CiU, PSC, PPC y C's pedirán al Gobierno que “estudie los supuestos de limitación o prohibición”
de las piezas que”oculten el rostro” en los espacios públicos.
Aunque la moción no
menciona explícitamente el burca ni el nicab, se ha
reconocido que la cuestión de fondo que motiva la iniciativa es la utilización de
estos velos integrales. ERC, que
se abstuvo en los puntos claves de la moción, ha hecho constar su oposición a cualquier cosa que suponga pérdida de
“derechos” y “dignidad”. CUP e ICV-EUiA se han opuesto y han
cargado contra los promotores de
la moción por el peligro que tiene abordar
el tema desde la prohibición
Los cargos públicos de distintas administraciones
continúan sin desarrollar los Acuerdos de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica
de España, pero maniobrando para que se escenifique que es por culpa de los
musulmanes, insertando el germen del cisma en las comunidades musulmanas
debilitando su representación con estrategias políticas, sembrando la discordia
y el enfrentamiento entre federaciones.
Algunos municipios muestran una hostilidad activista
contra la visibilidad del culto islámico ante la apertura de mezquitas, con una
respuesta inadecuada, a veces, por parte de los poderes públicos, que secundan
las tesis minoritarias de fobia al Islam, en vez de salvaguardar los derechos
de todos sus convecinos, incluida la libertad religiosa de todos y su dimensión
pública, con resoluciones de moratorias, ostracismo al extrarradio o trabas
administrativas sucesivas.
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