Isabel Diaz Ayuso, del PP, en un pleno de la Asamblea de Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ
“La situación es gravísima”, ha dicho la presidenta de la Comunidad durante una intervención en la Real Casa de Correos
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha avanzado este martes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez si es aprobada en los términos explicados este martes por Isabel Celaá, ministra de Educación, tras su paso por el Congreso.
“La situación es gravísima”, ha dicho Díaz Ayuso durante una intervención en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Madrid. “Pretenden destrozar todavía más el sistema educativo”, ha opinado. “Es tónica frecuente que los gobiernos socialistas, sin diálogo, de manera autoritaria, impongan su modelo educativo. Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación, y la defenderemos ante el Constitucional. La Comunidad de Madrid no se va a quedar callada”, ha seguido. Y ha añadido: “Protegeremos la educación concertada. Tal y como está planteada, la ley es anticonstitucional”.
Madrid y la defensa de la concertada
Ya desde los tiempos de Ángel Garrido como presidente, Madrid pretende enarbolar la defensa de la educación concertada. Desde que Díaz Ayuso accedió al poder ha perseverado en ese camino, creando una dirección general especializada en esa rama educativa. Este martes ha dicho que hay “un atentado” contra la educación concertada.
Por tanto, esa lucha por la concertada ha creado un consenso en el gobierno madrileño, que no ha mostrado ninguna fisura en ningún momento. “Hemos apreciado en el texto normativo como se pretende suprimir el concepto de demanda social para atacar a la educación concertada y la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho recogido en el artículo 27.3 de la Constitución”, han avanzado fuentes de la Consejería de Educación sobre las razones que llevaría al Gobierno a recurrir en el Constitucional le ley educativa nacional. Además, han puesto el dedo en otra cuestión por la que este gobierno ha hecho bandera: la defensa de los centros de educación especial frente a los que defienden la educación inclusiva, es decir, que los niños con necesidades especiales sean educados en centros ordinarios con los apoyos necesarios. “Vemos la intención de convertir en residuales a los centros de educación especial, configurándolos como centros de apoyo de los centros educativos ordinarios y donde sólo se podrá atender alumnos muy concretos. Planteando el proyecto de ley una especie de plazo de caducidad de los centros especiales de 10 años”, han defendido.
La religión y su importancia es otro de los temas por los que el gobierno de Ayuso peleará en los tribunales. “Como pretenden arrinconar la asignatura de religión a la que convierten en no evaluable, ni tampoco les dan a los alumnos la opción de elegir otra asignatura optativa a esta. Esta medida podría ser contraria también a los acuerdos con la Santa Sede”, razonan desde la Consejería de Educación. “Igualmente consideramos que el nuevo procedimiento de selección de los directores de los centros educativos invade las competencias, porque se excluye totalmente de él a la Administración educativa –solo uno de sus seis miembros-, relegando los principios de selección de cualquier funcionario de mérito y capacidad”.
Por último, La Consejería de Educación ha recalcado que “puede invadir el proyecto de Ley de competencias autonómicas en materia de zonas de escolarización eliminando la posibilidad de establecer distritos únicos: eliminando el porcentaje del 93,7% de familias que logran en Madrid su primera opción”.
Para que Díaz Ayuso acuda al Constitucional, el Gobierno primero tiene que lograr aprobar la ley. El texto presentado este martes replica palabra por palabra el que presentó el Ejecutivo central al final de la pasada legislatura, por lo que se evita el trámite de los distintos consejos consultivos. Su llegada al Congreso, sin embargo, no garantiza su aprobación. PSOE y Unidas Podemos no suman los votos suficientes para que eche a andar y deberán negociar con sus socios de investidura la posible modificación del texto, primero en la comisión de Educación, donde requiere de mayoría absoluta, y luego en el pleno de la Cámara Baja.
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