La última oleada de violencia en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania, empezó el 25 de agosto, cuando insurgentes rohinyá atacaron a puestos de policía y a un campamento militar, matando a alrededor de 12 personas.
La respuesta del ejército de Birmania ha provocado la huída de más de 410.000 musulmanes rohinyá a Bangladés, que escapan de lo que ellos y los observadores de derechos humanos dicen ser una campaña que tiene como objetivo expulsar a la población musulmana.
Birmania, un país de mayoría budista, rechaza esta versión, alegando que sus fuerzas están llevando a cabo operaciones de eliminación contra los insurgentes del Ejército de Salvación de los rohinyá de Arakán, el cual se atribuyó la responsabilidad de los ataques de agosto y las pequeñas incursiones de octubre. Cientos de refugiados viajaron en pequeños barcos a una isla en el punto más al sur de Bangladés a finales del domingo y el lunes, hablando de persecuciones y destrucción.
“El ejército vino y quemó nuestras casas, mataron a nuestra gente. También había una multitud de personas arracanesas”, dijo Usman Goni, de 55 años, después de que saliese del barco con sus siete hijos y su mujer, agarrando dos palos amarrados con cuerda y un saco. Muchos de los refugiados han dicho que personas de la etnia budista arracanesa se habían unido al ejercito birmano en sus ataques. Birmania niega las alegaciones y ha culpado a los insurgentes islámicos de la violencia.
Birmania ha cerrado gran parte de la zona a los trabajadores humanitarios y a los periodistas.
Los grupos de derechos humanos dicen que las imágenes tomadas desde satélites muestran alrededor de 80 pueblos musulmanes humeantes por los incendios. También hay pruebas de ataques incendiarios a aldeanos budistas, pero en una escala mucho menor. El Observatorio de Derechos Humanos dijo que las fuerzas de seguridad birmanas estaban ignorando las denuncias internacionales y que había llegado la hora de imponer medidas más estrictas que no podrían ser pasadas por alto por los generales.
La ONG instó a los gobiernos a “imponer prohibiciones de viaje y congelaciones de activos a los encargados de seguridad implicados en abusos serios; expandir los embargos de armas existentes para que estos incluyesen a todas las ventas militares, asistencia y cooperación; y sentar una prohibición a las transacciones financieras de empresas clave que sean propiedad del ejercito”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario