Madrid,12 JUL 2015,elpais.com,JORGE A. RODRÍGUEZ / JESÚS DUVA
El ministro del Interior afirma que no está en sus previsiones operativas hacerlo por ahora
Dice que la llamada ley Mordaza "molesta a partidos de extrema izquierda y antisistema”
Jorge Fernández: “La ley no prohíbe grabar a policías”
Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950), ministro del Interior, defiende sin fisuras la ley de Seguridad Ciudadana, cuyo apodo de ley Mordaza ha enraizado en la sociedad española. Niega que recorte libertades y que persiga cortar la protesta social. El rechazo al texto, afirma, obedece “al momento electoral” y a la agitación por “partidos radicales, de extrema izquierda y antisistema”. Y critica que el PSOE las secunde “por el proceso de radicalización en el que ha entrado tras sus pactos del 24-M”. Fernández afirma que se va a mantener el nivel de alerta antiterrorista y que ahora no tiene previsto pedir el cierre de “mezquitas salafistas”. “Pero si se tiene que actuar contra ellas, se hará”.
Pregunta. ¿Era necesaria la llamada ley mordaza?
Respuesta. Sí, porque la reforma del Código Penal destipificando las faltas obligaba a esta reforma. Ahí había conductas antisociales que merecían ser susceptibles de sanción administrativa. Y para que esas conductas no quedaran en un limbo jurídico tenían que estar residenciadas en la ley de Seguridad Ciudadana.
P. Pero la crítica generalizada es por el recorte de libertades.
R. No recorta libertades; las garantiza más y mejor. Así de claro. Es mucho más garantista que la de 1992, que era la ley que derogó la ley de Orden Público de Franco… 23 años después teníamos que reformarla sí o sí e incorporar figuras como la retención, una situación intermedia entre la libertad y la detención, sobre la que había jurisprudencia muy consolidada, o los cacheos, bajo el principio de injerencia mínima.
P. Se crítica también porque impone sanciones “brutales”
R. ¡Si son exactamente las mismas que las de la ley vigente hasta ahora! Además, hemos establecido que con carácter general se imponga la sanción en el grado mínimo. Pensar que en 2015 una ley que trae causa del artículo 104 de la Constitución, que ha pasado todos los filtros, no va a ser más garantista que otra de 1992 no se sostiene. Tampoco es cierto que limite el derecho de manifestación. Mire, la llamada ley Corcuera o de la patada en la puerta —no quiero llamarla así porque tampoco me gusta que se llame ley mordaza— califica de infracción grave manifestarse delante del Congreso o del Senado sin comunicarlo a la autoridad. En la actual ley se califica como leve, y solo pasa a ser grave cuando además de no comunicarlo lleve aparejada una alteración grave de la seguridad ciudadana. Esta ley no toca el derecho de manifestación. Solo debe preocupar a los violentos.
P. Entonces, ¿a qué atribuye que el 70% de los ciudadanos la considere muy represiva?
R. Por la situación preelectoral en la que estamos, con unos partidos emergentes, de extrema izquierda, radicales y en algunos aspectos antisistema que han dicho que la mejor ley de seguridad y de reunión es la que no existe. No me extraña que les moleste.
P. ¿También incluye ahí al PSOE e IU, que la rechazan?
R. La oposición del PSOE forma parte del proceso de radicalización en el que han entrado por los pactos a los que han llegado tras las elecciones del 24 de mayo. Yo creo que, 23 años después, el PSOE ha querido devolvernos el recurso que el PP presentó a la ley de 1992. Su oposición es política y forma parte del momento electoral. Que el PSOE se sume a esas críticas de fuerzas antisistema es lo preocupante.
P. También se le reprocha que se ha hecho tras el 15-M, para frenar la nueva protesta social.
R. Si esa fuera la motivación, lo normal es que hubiéramos hecho esta ley al principio de la legislatura para haber evitado todo lo demás. Ha entrado en vigor el 1 de julio, cuando quedan escasos meses para que haya elecciones.
P. ¿Pero no le hace dudar de sus argumentos la enorme respuesta social a la ley?
El PSOE se opone a la ley de Seguridad Ciudadana por su radicalización tras los pactos del 24-M
R. En el actual momento preelectoral, como no se puede negar la recuperación económica, aunque no hemos salido de la crisis, hay que coger otras banderas. Y como lo de los recortes se ha convertido en una bandera de oposición política pues ahora se toma la de recortes en las libertades. Nadie, leyéndose la ley, pude afirmar que esta ley recorta libertades. Es todo lo contrario. No se elimina tampoco la tutela judicial efectiva. El derecho administrativo sancionador no lo inventa esta ley, al margen de que el control final, la última palabra la tiene un juez.
P. Cambiando de asunto. ¿Se va a mantener la alerta antiterrorista en el nivel 4?
R. Salvo hechos extraordinarios o sobrevenidos se va a mantener. Yo tengo el deber como ministro de informar a la ciudadanía sin generar alarmismo, que, por otro lado, sería injustificado. Estamos intensificando las medidas de prevención para intentar evitar la comisión de un hecho terrorista.
P. ¿Se ha detectado una amenaza real y directa sobre España?
R. Cuando se ha considerado de forma unánime elevar la alerta es con base a datos que justifican plenamente la decisión, y hay líneas de investigación abiertas en ese sentido que, lógicamente, no voy a revelar. Desde el 11-M han sido detenidas en relación con el terrorismo yihadista 571 personas. Solo este año van 45 detenciones. Es evidente que esas detenciones, antes o después, hubieran tenido alguna materialización de alguna forma en un eventual atentado terrorista.
P. ¿Cuántas mezquitas salafistas hay en España?
R. Hay 98 y, de ellas, 50 están en Cataluña. Tenemos 1.264 mezquitas, desde un local a un templo. Hasta 2012, la radicalización y captación se producía en un 80% en el entorno de los centros de culto y en las prisiones. En estos momentos, el 80% se produce en Internet y las redes sociales. Y el proceso de radicalización cada vez es más rápido… apenas escasos meses. Es un tipo de amenaza muy compleja.
Jorge Fernández, el pasado viernes en el Ministerio del Interior, en Madrid, durante la entrevista. / ULY MARTÍN
P. ¿Tiene previsto ordenar el cierre de algunas de esas mezquitas salafistas?
R. El nuevo Código Penal prevé esa posibilidad. Por lo tanto, si se tiene que actuar, se actuará. Pero ya se ha pronunciado algún líder religioso musulmán en España en el sentido de que los centros no adoctrinan, sino las personas. Ahora no está en las previsiones operativas pedir el cierre. No lo está.
P. ¿Es España un país de captación y envío de yihadistas?
R. Mire. Son datos de ayer [por el jueves]. Hay unos 20.000 personas procedentes de 90 países están incorporados en Siria e Irak combatiendo en el DAESH. De la Unión Europea, en torno a 4.000. Si a la UE le sumamos otros países, excluyendo Rusia, 5.000. Son los terroristas desplazados. Retornados a la UE hay en torno a 1.300. España en términos comparativos tiene una cifra muy baja de desplazados y de retornados. Pero cada vez es más habitual que los retornados triangulen su vuelta para retornar a su país de procedencia. O que habiendo radicalizado en otro Estado se desplace a nuestro país. En España tenemos identificados a 118 desplazados, y 16 retornados: nueve en prisión, ocho en españolas y uno en Marruecos. Los otros siete están monitorizados en el ámbito de la ley.
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