El profesor Javier Martínez-Torrón - ABC
Experto en libertad religiosa y objeción de conciencia, dedica su vida académica a desentrañar los límites éticos que condicionan el comportamiento humano
El profesor Javier Martínez-Torrón es titular de un currículo abrumador. Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense y doctor en Derecho Canónico, es experto en derechos humanos, objeción de conciencia y libertad religiosa. Ha sido asesor del Ministerio de Justicia y de la Comunidad de Madrid, y profesor visitante en las universidades más reputadas del mundo, desde Cambridge a Harvard, pasando por Berkeley, Columbia o Friburgo. Precisamente ahora se encuentra en la Universidad de Stanford, en el corazón de California, una de las diez más prestigiosas del planeta. La entrevista tiene lugar a través de la «web cam» a más de 9.200 kilómetros de distancia.
Torrón lamenta que en España hablar de religión sigue siendo un territorio peliagudo. «El pasado clerical explica las tendencias anticlericales. Es difícil hablar de la religión de manera mesurada. Recuerde aquel viejo dicho de que en España siempre vamos detrás de un cura: con la vela o con el palo».
¿Y usted cómo va: con el palo, con la vela o con la lupa de investigador?
Lo de ir con los palos nunca me ha gustado. Tiene un recorrido muy corto y el palo se transforma en un «boomerang». Las creencias no deben importar demasiado si hablamos de derecho. Lo que importa son los argumentos y, si son buenos, tanto da si soy católico o ateo.
¿La laicidad es el espacio de la libertad de conciencia?
Es una característica que solemos atribuir al Estado contemporáneo de carácter democrático respetuoso con la libertad de conciencia. El problema de la laicidad es la equivociad del término. Se mal entiende con frecuencia. Me gusta hablar más de neutralidad del Estado, que no toma posición determinada en materia de creencias.
¿Aquí tenemos un Estado neutral?
Sí. Es el modelo por el que apuestan la mayor parte de Estados contemporáneos. Un Estado que coopera con el hecho social religioso. Que no se concibe en términos separatistas estrictos, que es un modelo que tiene dos exponentes principales: Francia y EE.UU. España no apuesta por la separación. Existe neutralidad. Independencia mutua. Y el TC lo ha dejado muy claro.
¿Qué amenaza hoy la libertad de pensamiento?
Sobre todo, la actitud de aquellas personas que pretenden tener el monopolio de la verdad en clave de intolerancia. Gran parte de las religiones dicen tener el monopolio de la verdad porque les ha sido revelada por su dios. Eso es legítimo. El problema viene cuando le añades el componente de la intolerancia. Lo curioso es que la mayor parte de las religiones actuales no causan ese problema. No diré que no existan episodios, pero el problema lo suelen tener personas no religiosas. Piensan que es un mundo irracional y, por tanto, no tiene cabida en el espacio público.
¿Hoy somos más libres que ayer?
La educación o la tecnología han abierto puertas antes cerradas para muchas personas, pero hemos perdido libertad en temas básicos. La generación de mis padres tenía el derecho a vivienda y salario dignos. O, por ejemplo, nuestra sociedad tiene más libertad sexual pero cualquier relación termina por ser controlada por el derecho.
Es experto en la relación Iglesia-Estado. ¿Cómo es su salud en España?
Desde la mirada jurídica, tal como está diseñada por la Constitución y la legislación, la relación es francamente buena. De lo mejor en Europa y en el mundo. En el plano político, hay de todo. Con demasiada frecuencia se saca a pasear la amenaza velada de la denuncia del Concordato, sin saber de qué se habla.
¿Hay que actualizar el Concordato?
Depende de lo que se quiera hacer con él. Como cuando Zapatero planteó reformar la Ley de Libertad Religiosa, que había sido aprobada con solo cinco abstenciones. Ese consenso es rarísimo. Y el de Zapatero fue un proyecto hecho con opacidad. Yo era miembro de la comisión asesora. Tuvimos que levantar la voz para decir que no era razonable la cantidad de filtraciones a la prensa que se habían producido. Aquel proyecto iba a provocar una división. Las dos Españas. Eso no es razonable. Si sustituyo una norma con consenso por otra que va a generar división social no es una medida sabia.
El Concordato fue aprobado por un Gobierno preconsitucional
No. Eso es un error. La Constitución se promulga el 9 de diciembre de 1978 y el Concordato se iba elaborando en paralelo por una comisión mixta. Y se firma apenas una semana después: el 3 de enero de 1979. Fue una maniobra sabia para aprobarlo después.
¿Europa tendrá mañana una ley común para todos?
Ya la tenemos. La UE tiene una legislación propia en una gran cantidad de cosas. Tenemos una jurisdicción vinculante para los países europeos en los derechos fundamentales. Lo cual es compatible con la idiosincrasia de las legislaciones particulares. Otra cosa es en qué dirección queremos ir.
En drechos humanos, ¿avanzamos o retrocedemos en el planeta?
Estamos avanzando claramente en algunos aspectos. Pero poco a poco se va extendiendo la idea equivocada de que mi interpretación de los derechos humanos es la única que vale. Hemos transformado los derechos humanos en un arma arrojadiza de carácter político e ideológico.
¿Quien hace la ley hace la trampa?
La trampa la podemos hacer todos, y especialmente los juristas, que somos hábiles en buscar medios de subvertir la finalidad de la ley. Ahí entra la ética de los profesionales del derecho.
¿Cómo se divisa el «procés» desde California?
Los españoles lo vemos con un poco más de alivio por la distancia. Y vemos lo grotesco de la situación. Los californianos lo ven con desconcierto. Los Estados americanos perciben su autonomía de forma clara pero no contradictoria con formar parte de una misma nación.
Trump vetó la entrada de nacionales de siete países musulmanes. ¿Qué adjetivo le suscita?
Que nunca es sabio matar mosquitos a cañonazos.
¿Dónde hay derecho hay justicia?
La justicia es el conjunto de valores éticos que una sociedad comparte y que inspiran la legislación. Por tanto, el derecho siempre persigue la justicia. Pero siempre hay personas que pueden ser discrepantes de esos valores éticos y de ahí surge el derecho a la objeción de conciencia, que el Estado debe respetar en lo posible. Otro problema es el momento en que la aplicación de una ley subvierte los valores morales que la inspiran. Y eso ocurre no pocas veces. Y se puede corregir por los altos tribunales.
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