Logroño, 20 noviembre 2017,Teri Sáenz
Instituto de Haro, al que acuden alumnos cuyas familias reclaman que se imparta educación islámica. :: c.v.
Los recursos registrados ante el TSJR denuncian el silencio de la Consejería a las solicitudes que formularon este curso para un total de once niños
Tres familias radicadas en Haro han presentado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sendos recursos contra el silencio administrativo de Educación tras la petición formulada en febrero para que sus hijos puedan cursar la asignatura de religión islámica en sus respectivos centros. Los escritos, que quedan a partir de ahora pendientes de su admisión a trámite y en su caso remisión a la Consejería, llegan después de que la misma instancia haya reconocido recientemente a dos madres -los recursos deben tener carácter nominal- el mismo derecho.
Los recursos ahora formulados difieren parcialmente de los que ya se han resuelto en favor de Marian Aretio y la otra demandante. En el caso de ambas, el departamento dirigido por Alberto Galiana desestimó sus peticiones, mientras que las tres familias que ahora acuden a la Justicia no recibieron respuesta alguna por lo cual debe entenderse una respuesta negativa.
A la espera de un recurso
El recorrido legal para la implementación de clases de enseñanza religiosa islámica en aquellas aulas de La Rioja donde se cumpla la ratio exigida (al menos diez alumnos por centro) anuncia con prolongarse. A los futuros recursos que puedan formularse contra Educación, bien por el rechazo de las solicitudes o el silencio administrativo, se añadirá la petición legal de ejecución que tanto Aretio como la otra madre a las que el TSJR ha reconocido el derecho plantean formular, tal y como avanzaron al conocer los fallos.
El paso queda a expensas de qué postura adopte el Gobierno de La Rioja, que ayer confirmó que aún no ha determinado si recurrirá en casación ante el Supremo. Una virtual decisión que, en cualquier caso, no paralizaría el desarrollo de la sentencia que en opinión de las demandantes debería tener efecto este mismo curso en las aulas públicas concernidas y extenderse el próximo no como una prueba piloto, sino de manera plena. A su parecer, la exigencia no tendría necesariamente que ampliarse a los concertados dado que la normativa fija el principio de no contradecir los valores del centro.
Lo que apenas varía son los razonamientos de su reclamación. También ellos invocan lo dispuesto en la Constitución en relación a la no discriminación de cualquier ciudadano ante la ley y la obligación de los poderes públicos de garantizar una formación religiosa de acuerdo con las convicciones morales de los padres (artículos 14 y 27.3), las normas orgánicas de Educación y el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 1992 que ampara en este sentido a las religiones con notorio arraigo en el país. A esos argumentos agregan, precisamente, la sentencia del TSJR que avala el interés de Aretio.
Las tres familias reclaman la implementación de clases de religión islámica para un total de once niños: siete están en Primaria en un colegio público de Haro y tres cursan la ESO en el instituto de la misma localidad. La documentación presentada ante la Justicia recalca que en esos centros existen más demandantes del mismo derecho según la relación de solicitudes recogidas por la comunidad islámica, con lo cual se superaría la ratio exigida para que la asignatura pueda ser ofertada. Una circunstancia a la que suman que otras comunidades (entre ellas las limítrofes de Aragón y País Vasco) ya imparten esta asignatura en escuelas públicas.
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