El informe de 90 páginas, “Forget about Him, He’s Not Here” (“Olvídate de él, él no está aquí”), describe la exclusión arbitraria desde 1967 de cientos de miles de palestinos por parte de los militares israelíes, y documenta el impacto que sigue teniendo sobre las personas y las familias.
“La forma en que los militares han controlado el registro de población, la lista de los palestinos considerados residentes legales de Cisjordania y los territorios de Gaza, han separado a las familias, hecho que genera la perdida de puestos de trabajo y oportunidades educativas, impedido a la gente entrar a los territorios palestinos y han atrapado a otros en su interior”, expresa Human Rights Watch, en el informe.
Además agrega que las políticas israelíes sobre la residencia palestina han negado arbitrariamente a miles de palestinos la posibilidad de vivir en Cisjordania y Gaza, de trasladarse hacia estos lugares o en el interior de los mismos", señala Human Rights Watch en un informe." Israel debe dejar inmediatamente de negar o cancelar la residencia a los palestinos y sus a familiares cercanos con profundos lazos con Cisjordania y Gaza, y poner fin a las prohibiciones generales al procesamiento de sus solicitudes de residencia".
“Israel nunca ha presentado ninguna justificación de seguridad concreta para la aplicación de estas políticas generales que han convertido en una pesadilla la vida de los palestinos a los que considera como residentes ilegales en sus propias casas”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Las políticas actuales dejan a las familias divididas y a la gente atrapada en el lado equivocado de la frontera de Gaza y Cisjordania. Israel debería revisar estas políticas y tramitar las solicitudes de las familias que buscan reunirse, para que los palestinos puedan vivir con sus familiares donde deseen”.
Israel requiere que los palestinos se inscriban en el registro poblacional a fin de ser considerados residentes legales y obtener documentos de identidad y pasaportes aprobados por Israel. En Cisjordania, los palestinos necesitan tarjetas de identidad para viajar internamente, para ir a escuelas, empleos, hospitales e incluso para visitar a familiares, dado que las fuerzas de seguridad israelíes exigen la presentación de estas tarjetas en los puestos de control para permitirles el paso. Las autoridades israelíes, que controlan todas las fronteras de Cisjordania, también requieren que los palestinos que buscan entrar o salir del territorio presenten una tarjeta de identificación o pasaporte.
En muchos casos, los cambios arbitrarios de políticas han dividido a las familias: los funcionarios fronterizos israelíes han negado la entrada a Cisjordania a los palestinos de Gaza, incluso cuando ya han vivido allí o son parientes cercanos o cónyuges nacidos en el extranjero de palestinos en Cisjordania, y han negado el reingreso a personas que viven en Cisjordania que viajaron al exterior.
En septiembre de 1967, Israel llevó a cabo un censo en Cisjordania y Gaza, tres meses después de tomar control de estos territorios, el cual contabilizó a 954,898 palestinos físicamente presentes. El censo excluyó por lo menos a 270,000 palestinos que vivían en este lugar antes de la guerra de 1967, pero que estaban ausentes durante el censo, ya sea porque habían huido durante la guerra de 1967 o porque estaban en el extranjero estudiando, trabajando, o por otras razones. Israel no incluyó a estos palestinos en el registro de la población y al poco tiempo impidió el regreso de muchos de ellos, entre los que se encontraban todos los hombres de entre 16 y 60 años, afirmando que no cumplían los requisitos para solicitar la residencia.
Israel también excluyó del registro a miles de palestinos que viajaron y permanecieron en el extranjero durante largos períodos; esto afectó a 130,000 palestinos de Cisjordania desde 1967 hasta 1994, por lo que no pudieron vivir en el territorio como residentes permanentes legales. Una encuesta realizada en 2005, en nombre del grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, estimó que más de 640,000 palestinos en Cisjordania y Gaza tenían un padre, hermano, hijo o cónyuge que no estaba registrado.
En septiembre de 2000, Israel endureció incluso más sus restricciones a la residencia palestina, al comienzo de la segunda "intifada" o levantamiento palestino. Prohibió la entrada a los palestinos que no había registrado como residentes de Cisjordania, y de igual forma prohibió a palestinos no registrados la entrada a Gaza, en donde controlaba por completo todos los cruces fronterizos, tanto a Israel como a Egipto, hasta 2005.
También, a partir de 2000, Israel se negó a tramitar las solicitudes de registro y de residencia de palestinos no registrados, sus cónyuges y parientes cercanos, incluso si habían vivido en Cisjordania o en Gaza por años y contaban con familiares, hogares, empleos u otros vínculos en este lugar.
Israel también ha prohibido la entrada a Cisjordania a prácticamente todos los palestinos que ha registrado como residentes de la Franja de Gaza y se negó a permitir que los palestinos que viven en Cisjordania, pero que se encuentran registrados en Gaza, cambiaran el registro de sus direcciones a Cisjordania. Alrededor de 35,000 de estos "habitantes de Gaza" habían entrado y residido en Cisjordania con permisos temporales que han caducado, según registros militares israelíes. Bajo las órdenes militares israelíes, ahora se les considera "infiltrados" ilegales en sus propios hogares.
Desde 1967, miles de cónyuges o parientes cercanos de palestinos registrados se habían trasladado a Cisjordania donde solicitaron residencia a través de un proceso conocido como la reunificación familiar. Sin embargo, Israel procesó estas aplicaciones lentamente, a menudo con la imposición de bajas cuotas anuales y utilizando criterios arbitrarios que no tomaron en cuenta los lazos familiares o históricos, hasta que dejó de procesar dichas solicitudes por completo en 2000.
Las autoridades israelíes argumentan que estos cambios de política se deben a que la segunda intifada palestina resultó en un "colapso" en la cooperación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que en 1995 asumió el compromiso de trasferir las solicitudes de registro a la parte israelí para su aprobación. De hecho, la Autoridad Palestina siguió enviando las solicitudes, pero la parte israelí se negó a procesarlas. De 2000 a 2005, Israel recibió casi 120,000 solicitudes de este tipo que no procesó. La política de Israel de negarse a tramitar las solicitudes de reunificación familiar ha continuado mucho tiempo después del término de la segunda intifada.
De 2007 a 2009, Israel procesó alrededor de 33,000 solicitudes de registro en lo que llamó un gesto político durante las conversaciones de paz con la Autoridad Palestina y, en 2011, permitió que alrededor de 2,800 palestinos registrados como residentes de Gaza cambiaran sus direcciones a Cisjordania.
Estos pasos no han resuelto el retraso en el procesamiento de solicitudes.
Israel ha argumentado que no tiene la obligación de tramitar las solicitudes de palestinos relacionadas con el registro de la población, pero que puede hacerlo a su discreción. En los casos en que grupos de derechos humanos israelíes han interpuesto denuncias en contra de estas políticas, las autoridades israelíes han respondido que los tribunales israelíes no son competentes para resolver esos litigios debido a que las restricciones generales son un asunto político vinculado a las relaciones de Israel con la Autoridad Palestina. Los tribunales han aceptado esta respuesta.
"Israel debe permitir a los palestinos vivir en sus hogares con sus familias y viajar libremente, no debe utilizar su control sobre el lugar donde los palestinos pueden vivir como una herramienta para las negociaciones políticas", dijo Whitson.
Israel también ha mencionado la situación de seguridad general durante la segunda intifada como una justificación para negarse a tramitar las solicitudes de residencia y cambio de dirección. Los ataques de grupos armados palestinos mataron a cientos de civiles israelíes durante la intifada -ataques que Human Rights Watch ha condenado reiteradamente. Sin embargo, después del estallido de la intifada en septiembre de 2000, las autoridades israelíes rechazaron las solicitudes de muchos palestinos para obtener residencia sin declarar que el candidato representaba una amenaza para la seguridad, y sin proporcionar las razones concretas de su negativa.
Israel nunca ha explicado por qué su rechazo a procesar las aplicaciones para cambio de dirección y de reunificación familiar es algo necesario por razones de seguridad, o por qué no examina a los candidatos en forma individual para evaluar los riesgos de seguridad. La política israelí de desestimar de forma indiscriminada las solicitudes de residencia legal de los palestinos supera con mucho lo que podría justificarse en virtud del derecho internacional como necesario para atender las preocupaciones legítimas de seguridad, dijo Human Rights Watch.
El control de Israel sobre el registro de la población ha reducido significativamente el número de habitantes palestinos registrados en Cisjordania y Gaza, probablemente por cientos de miles de personas. Esta reducción se ha producido mientras que Israel ha aumentado el número de colonos judíos en Cisjordania, en violación del derecho internacional humanitario sobre la transferencia de una población a un territorio ocupado.
Israel también mantiene el control del registro de población para los residentes de la Franja de Gaza, años después de que retirara sus fuerzas y asentamientos de este lugar. A partir de 2000, por ejemplo, Israel negó a los palestinos sin registrar la entrada a Gaza, lugar del que tuvo completo control hasta 2005 y que en gran medida permaneció cerrado incluso después de que Hamas tomara el territorio en 2007. Durante este período, miles de palestinos no registrados, así como cónyuges nacidos en el extranjero de residentes de Gaza, esquivaron los controles fronterizos israelíes sin permisos militares israelíes - a menudo mediante el uso de túneles debajo de la frontera con Egipto - con el fin de reunirse con sus familias. Los palestinos no registrados no pueden obtener los documentos de identidad o pasaportes necesarios para viajar al extranjero; se estima que existen por lo menos 12,000 en Gaza.
"Israel debe crear un proceso eficiente, respetuoso de los derechos y transparente, basado en decisiones individuales para garantizar que los palestinos, entre los que se encuentran aquellos que han sido injustamente despojados de su residencia legal, pueden obtener la residencia palestina y los derechos que se derivan de ella", dijo Whitson.
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“La forma en que los militares han controlado el registro de población, la lista de los palestinos considerados residentes legales de Cisjordania y los territorios de Gaza, han separado a las familias, hecho que genera la perdida de puestos de trabajo y oportunidades educativas, impedido a la gente entrar a los territorios palestinos y han atrapado a otros en su interior”, expresa Human Rights Watch, en el informe.
Además agrega que las políticas israelíes sobre la residencia palestina han negado arbitrariamente a miles de palestinos la posibilidad de vivir en Cisjordania y Gaza, de trasladarse hacia estos lugares o en el interior de los mismos", señala Human Rights Watch en un informe." Israel debe dejar inmediatamente de negar o cancelar la residencia a los palestinos y sus a familiares cercanos con profundos lazos con Cisjordania y Gaza, y poner fin a las prohibiciones generales al procesamiento de sus solicitudes de residencia".
“Israel nunca ha presentado ninguna justificación de seguridad concreta para la aplicación de estas políticas generales que han convertido en una pesadilla la vida de los palestinos a los que considera como residentes ilegales en sus propias casas”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Las políticas actuales dejan a las familias divididas y a la gente atrapada en el lado equivocado de la frontera de Gaza y Cisjordania. Israel debería revisar estas políticas y tramitar las solicitudes de las familias que buscan reunirse, para que los palestinos puedan vivir con sus familiares donde deseen”.
Israel requiere que los palestinos se inscriban en el registro poblacional a fin de ser considerados residentes legales y obtener documentos de identidad y pasaportes aprobados por Israel. En Cisjordania, los palestinos necesitan tarjetas de identidad para viajar internamente, para ir a escuelas, empleos, hospitales e incluso para visitar a familiares, dado que las fuerzas de seguridad israelíes exigen la presentación de estas tarjetas en los puestos de control para permitirles el paso. Las autoridades israelíes, que controlan todas las fronteras de Cisjordania, también requieren que los palestinos que buscan entrar o salir del territorio presenten una tarjeta de identificación o pasaporte.
En muchos casos, los cambios arbitrarios de políticas han dividido a las familias: los funcionarios fronterizos israelíes han negado la entrada a Cisjordania a los palestinos de Gaza, incluso cuando ya han vivido allí o son parientes cercanos o cónyuges nacidos en el extranjero de palestinos en Cisjordania, y han negado el reingreso a personas que viven en Cisjordania que viajaron al exterior.
En septiembre de 1967, Israel llevó a cabo un censo en Cisjordania y Gaza, tres meses después de tomar control de estos territorios, el cual contabilizó a 954,898 palestinos físicamente presentes. El censo excluyó por lo menos a 270,000 palestinos que vivían en este lugar antes de la guerra de 1967, pero que estaban ausentes durante el censo, ya sea porque habían huido durante la guerra de 1967 o porque estaban en el extranjero estudiando, trabajando, o por otras razones. Israel no incluyó a estos palestinos en el registro de la población y al poco tiempo impidió el regreso de muchos de ellos, entre los que se encontraban todos los hombres de entre 16 y 60 años, afirmando que no cumplían los requisitos para solicitar la residencia.
Israel también excluyó del registro a miles de palestinos que viajaron y permanecieron en el extranjero durante largos períodos; esto afectó a 130,000 palestinos de Cisjordania desde 1967 hasta 1994, por lo que no pudieron vivir en el territorio como residentes permanentes legales. Una encuesta realizada en 2005, en nombre del grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, estimó que más de 640,000 palestinos en Cisjordania y Gaza tenían un padre, hermano, hijo o cónyuge que no estaba registrado.
En septiembre de 2000, Israel endureció incluso más sus restricciones a la residencia palestina, al comienzo de la segunda "intifada" o levantamiento palestino. Prohibió la entrada a los palestinos que no había registrado como residentes de Cisjordania, y de igual forma prohibió a palestinos no registrados la entrada a Gaza, en donde controlaba por completo todos los cruces fronterizos, tanto a Israel como a Egipto, hasta 2005.
También, a partir de 2000, Israel se negó a tramitar las solicitudes de registro y de residencia de palestinos no registrados, sus cónyuges y parientes cercanos, incluso si habían vivido en Cisjordania o en Gaza por años y contaban con familiares, hogares, empleos u otros vínculos en este lugar.
Israel también ha prohibido la entrada a Cisjordania a prácticamente todos los palestinos que ha registrado como residentes de la Franja de Gaza y se negó a permitir que los palestinos que viven en Cisjordania, pero que se encuentran registrados en Gaza, cambiaran el registro de sus direcciones a Cisjordania. Alrededor de 35,000 de estos "habitantes de Gaza" habían entrado y residido en Cisjordania con permisos temporales que han caducado, según registros militares israelíes. Bajo las órdenes militares israelíes, ahora se les considera "infiltrados" ilegales en sus propios hogares.
Desde 1967, miles de cónyuges o parientes cercanos de palestinos registrados se habían trasladado a Cisjordania donde solicitaron residencia a través de un proceso conocido como la reunificación familiar. Sin embargo, Israel procesó estas aplicaciones lentamente, a menudo con la imposición de bajas cuotas anuales y utilizando criterios arbitrarios que no tomaron en cuenta los lazos familiares o históricos, hasta que dejó de procesar dichas solicitudes por completo en 2000.
Las autoridades israelíes argumentan que estos cambios de política se deben a que la segunda intifada palestina resultó en un "colapso" en la cooperación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que en 1995 asumió el compromiso de trasferir las solicitudes de registro a la parte israelí para su aprobación. De hecho, la Autoridad Palestina siguió enviando las solicitudes, pero la parte israelí se negó a procesarlas. De 2000 a 2005, Israel recibió casi 120,000 solicitudes de este tipo que no procesó. La política de Israel de negarse a tramitar las solicitudes de reunificación familiar ha continuado mucho tiempo después del término de la segunda intifada.
De 2007 a 2009, Israel procesó alrededor de 33,000 solicitudes de registro en lo que llamó un gesto político durante las conversaciones de paz con la Autoridad Palestina y, en 2011, permitió que alrededor de 2,800 palestinos registrados como residentes de Gaza cambiaran sus direcciones a Cisjordania.
Estos pasos no han resuelto el retraso en el procesamiento de solicitudes.
Israel ha argumentado que no tiene la obligación de tramitar las solicitudes de palestinos relacionadas con el registro de la población, pero que puede hacerlo a su discreción. En los casos en que grupos de derechos humanos israelíes han interpuesto denuncias en contra de estas políticas, las autoridades israelíes han respondido que los tribunales israelíes no son competentes para resolver esos litigios debido a que las restricciones generales son un asunto político vinculado a las relaciones de Israel con la Autoridad Palestina. Los tribunales han aceptado esta respuesta.
"Israel debe permitir a los palestinos vivir en sus hogares con sus familias y viajar libremente, no debe utilizar su control sobre el lugar donde los palestinos pueden vivir como una herramienta para las negociaciones políticas", dijo Whitson.
Israel también ha mencionado la situación de seguridad general durante la segunda intifada como una justificación para negarse a tramitar las solicitudes de residencia y cambio de dirección. Los ataques de grupos armados palestinos mataron a cientos de civiles israelíes durante la intifada -ataques que Human Rights Watch ha condenado reiteradamente. Sin embargo, después del estallido de la intifada en septiembre de 2000, las autoridades israelíes rechazaron las solicitudes de muchos palestinos para obtener residencia sin declarar que el candidato representaba una amenaza para la seguridad, y sin proporcionar las razones concretas de su negativa.
Israel nunca ha explicado por qué su rechazo a procesar las aplicaciones para cambio de dirección y de reunificación familiar es algo necesario por razones de seguridad, o por qué no examina a los candidatos en forma individual para evaluar los riesgos de seguridad. La política israelí de desestimar de forma indiscriminada las solicitudes de residencia legal de los palestinos supera con mucho lo que podría justificarse en virtud del derecho internacional como necesario para atender las preocupaciones legítimas de seguridad, dijo Human Rights Watch.
El control de Israel sobre el registro de la población ha reducido significativamente el número de habitantes palestinos registrados en Cisjordania y Gaza, probablemente por cientos de miles de personas. Esta reducción se ha producido mientras que Israel ha aumentado el número de colonos judíos en Cisjordania, en violación del derecho internacional humanitario sobre la transferencia de una población a un territorio ocupado.
Israel también mantiene el control del registro de población para los residentes de la Franja de Gaza, años después de que retirara sus fuerzas y asentamientos de este lugar. A partir de 2000, por ejemplo, Israel negó a los palestinos sin registrar la entrada a Gaza, lugar del que tuvo completo control hasta 2005 y que en gran medida permaneció cerrado incluso después de que Hamas tomara el territorio en 2007. Durante este período, miles de palestinos no registrados, así como cónyuges nacidos en el extranjero de residentes de Gaza, esquivaron los controles fronterizos israelíes sin permisos militares israelíes - a menudo mediante el uso de túneles debajo de la frontera con Egipto - con el fin de reunirse con sus familias. Los palestinos no registrados no pueden obtener los documentos de identidad o pasaportes necesarios para viajar al extranjero; se estima que existen por lo menos 12,000 en Gaza.
"Israel debe crear un proceso eficiente, respetuoso de los derechos y transparente, basado en decisiones individuales para garantizar que los palestinos, entre los que se encuentran aquellos que han sido injustamente despojados de su residencia legal, pueden obtener la residencia palestina y los derechos que se derivan de ella", dijo Whitson.
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